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Mientras hay un boom de empresas que ofrecen la práctica de deportes y turismo de aventura, el Estado apenas se prepara para implementar normas cuyo cumplimiento le será difícil vigilar.
El Reglamento para la operación de actividades de turismo de aventura entrará en vigencia el 1.° de octubre, no obstante que hacen falta especialistas para inspeccionar equipos y medidas de seguridad para las 11 actividades que serán sometidas a regulaciones.
Entre esas figuran canopy tour (deslizamientos entre árboles), caminatas por puentes colgantes, bungee jumping (saltos desde puentes) y rafting (o navegación por aguas rápidas).
“Desgraciadamente, no tenemos técnicos para revisar los estándares de calidad. El reglamento es una primera medida”, admitió el ministro de Turismo, Rodrigo Castro.
Pero la responsabilidad de velar por el acatamiento de esas reglas será del Ministerio de Salud.
“Son ellos (Salud) los que dan el permiso de funcionamiento a las empresas. Si estas no cumplen el reglamento, Salud no les da el permiso”, agregó Castro.
Por su parte, César Gamboa, director de Ambiente Humano del Ministerio de Salud y encargado de las direcciones regionales, aseguró que debe consultar si en esas oficinas cuentan con personal capacitado para la tarea.
Preocupación en “canopy”
Frente a esta incapacidad, la Asociación de Operadores de Aventura (AOA), que agrupa a unas 48 empresas, decidió elaborar sus propios manuales.
Por ahora, está listo el de rafting y para la próxima semana tendrían listo el de canopy (también llamado “tirolesa”).
Según el presidente de la AOA, Rafael Gallo, en este último deporte “se está llegando a un punto de saturación en el país”, con el peligro de que en muchos casos las instalaciones no cuentan con los mínimos requisitos de seguridad.
“Las personas saben amarrar un mecate y hacer un nudo, pero eso no significa que tengan la habilidad”, manifestó.
Del mismo criterio es Darren Hreniuk, canadiense que reclama judicialmente los derechos de invención del canopy. Él ha construido seis centros en el país, pero estima que hay más de 60.
Aparte de las instalaciones, a ambos les preocupa la capacitación de los guías, de quienes depende gran parte de la seguridad.
En esa actividad han muerto tres personas en el país. El último accidente ocurrió el 26 de julio y cobró la vida del fotógrafo Johan Quirós, de 23 años.
Por otro de los decesos, el Tribunal de San Ramón juzgará en octubre a dos representantes de una empresa hotelera por el homicidio culposo de Patricia Barón Correa, ocurrido el 6 de setiembre del 2000 cuando se deslizaba en un canopy .
La familia de la víctima reclama ¢197 millones.
Otro accidente reciente ocurrió en puentes colgantes, aunque sin muertes.
Para el Ministro de Turismo, la responsabilidad de las compañías ha evitado más accidentes, que son pocos si se compara con la cantidad de turistas que buscan deportes de aventura.
