EscucharLa premura para despachar el avión LET-410 que se estrelló el pasado 15 de enero contra una vivienda en Rohrmoser, Pavas, provocó esa tragedia aérea, admitió ayer Miguel Ramos, director general de Aviación Civil.
El jerarca dio a conocer los resultados preliminares de las investigaciones sobre el accidente que dejó 5 muertos y 15 heridos.
Pero dijo que el informe definitivo estará listo dentro de tres semanas, luego de que el Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC) discuta las recomendaciones que se formularán.
Explicó que tan solo en 11 minutos la aeronave aterrizó en el aeropuerto internacional Tobías Bolaños, efectúo el abordaje de pasajeros y carga, y despegó.
A raíz de la precisa no se cumplieron normas elementales de seguridad previas al despacho de cualquier aeronave, agregó Ramos.
Entre las faltas, citó:
No se efectúo la hoja de peso y balance del avión, el cual fue sobrecargado.
No se instruyó a los pasajeros ni se revisaron cinturones de seguridad.
Los tripulantes de vuelo no usaron cinturones superiores de seguridad.
La grabadora de datos estaba instalada, pero no conectada.
Los flaps (dispositivos ubicados en las alas para estabilizar el vuelo durante aterrizajes y despegues) no estaban extendidos en la posición correcta.
El piloto al mando de la aeronave tomó la pista activa sin autorización del Tránsito Aéreo.
La tragedia
Como consecuencia de esta mezcla de factores, el avión no alcanzó la velocidad de ascenso necesaria y se precipitó un minuto después de haber despegado.
En el LET 410, un bimotor de matrícula salvadoreña YS-09-C, viajaba un grupo de turistas hacia el Parque Nacional de Tortuguero, en el Caribe.
Según Ramos, el vuelo se programó a última hora, pues inicialmente el viaje se iba a hacer en autobús. El cambio se debió a derrumbes en las vías que conducen hacia el Caribe.
En las pesquisas también participaron expertos del National Transportation Safety Board (NTSB), un organismo del Gobierno de Estados Unidos dedicado a investigar accidentes aéreos, marítimos y ferroviarios.
Héctor Casanova, uno de ellos, declinó referirse a los detalles de las indagaciones, tras argumentar que su función fue únicamente la de asesor de Aviación Civil.
En el siniestro fallecieron los estadounidenses Siegrid y Therese Richart, así como Eli Karin Turner, esposa de Stansfield Turner, exdirector de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos.
También perdieron la vida el español Antonio Sánchez y, posteriormente, el piloto del avión, Cleto Miranda Luna.
Ayer el Instituto Nacional de Seguros (INS) comunicó que la entidad pagó ¢16,5 millones por pólizas de responsabilidad civil a los familiares de cada una de las víctimas mortales.
Agregó que a cada uno de los lesionados se les ha indemnizado el costo de la atención médica. El límite, en cada caso, es de ¢16,5 millones.
¿Responsables?
Aunque insistió en que la investigación solo tiene un fin preventivo, Ramos aseguró que el operador del avión es responsable de que se cumplan las normas de seguridad para despachar un vuelo.
En este caso, el operador era la compañía salvadoreña Atlantic Airlines S. A., la cual cedió la aeronave a la empresa Aviones Taxi Aéreo S. A., mediante un contrato de fletamento firmado por ambas el 19 de noviembre de 1999.
Pese a que en el momento del accidente el avión era usado por esta última compañía, Gonzalo Sierra, coordinador del área técnica de Aviación Civil, reafirmó que el cumplimiento o no de los procedimientos es responsabilidad del operador.
Según la Ley general de Aviación Civil , la dirección y autoridad sobre la tripulación, así como la conducción técnica del aparato, se la reserva el fletante, pese a que explote rutas costarricenses.
Ramos no descartó que en el capítulo de recomendaciones del informe definitivo se solicite la aplicación de restricciones a las operaciones comerciales de Atlantic Airlines S. A.
Sin embargo, recordó que responsabilidades y sanciones de otra índole deberán ser determinadas por las instancias correspondientes.
