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Cada cuatro días, un terreno es invadido por precaristas en el país, según se desprende de las 42 solicitudes de desalojo presentadas ante el Ministerio de Seguridad entre enero y mayo de este año.
El problema ya no es exclusivo de zonas campesinas o de alta densidad poblacional, como Pavas o Alajuelita, en San José.
Los precaristas han vuelto su mirada a sitios de interés turístico como Papagayo y Nosara, en Guanacaste.
Ahí se registraron, durante el presente año, siete invasiones. En tres de esos lugares -ahí habitan 175 personas- aún no se han ejecutado los desalojos.
"En Guanacaste hay un naciente conflicto; ellos saben (los precaristas) que esas tierras valen mucho.
"Este problema social ha crecido de forma significativa. Hace unos cinco años ejecutábamos un promedio de 15 desalojos al año; solo en lo que va de este año llevamos más de 30", comentó Alejandro Chang, jefe del Departamento de Desalojos del Ministerio de Seguridad Pública.
En mayo la actividad de los precaristas fue mucho mayor: un terreno fue tomado cada 1,7 días.
En estos momentos están pendientes 51 desalojos, algunos que datan de hace más de cinco años.
"Hay algo que ha cambiado; los precaristas ahora están mejor asesorados. Conocen todos los recovecos del ordenamiento jurídico", comentó Chang.
Negocio redondo. No siempre la necesidad está tras las invasiones. Hace escasos dos años, la Fuerza Pública desalojó una propiedad en Chomes de Puntarenas. La mayoría de los usurpadores poseían vehículos doble tracción.
De ahí que casi todos los ranchos tenían su "cochera". "Era gente con recursos económicos. No es que necesitaran tierra; era ambición", comentó Chang.
Agregó que hay cabecillas de grupos que se dedican a dirigir invasiones a lo largo de todo el país.
En Chilamate de Sarapiquí, Heredia, la Policía llegó a botar el rancho en el que dormía un niño de ocho años. El pequeño alegó que su padre estaba en un yucal cercano.
¿Y su madre? "Mamá está en la otra finca que tenemos en Pital (San Carlos)", le reveló el pequeño a los policías.
Los líderes cobran dinero a los campesinos por sumarse a los movimientos. Algunos precaristas venden después las parcelas a terceros. Lo hacen mediante contratos de compra-venta.
Muchas condenas. Los campesinos también pagan las consecuencias de entrar a tierras que no les pertenecen.
En dos años (entre el 2002 y el 2003), 124 resultaron condenados por usurpación, delito que se castiga con penas que van de seis meses a tres años de cárcel. Si no son reincidentes, se eximen de ir a prisión.
El año pasado llegaron a conocimiento de las autoridades 1.062 denuncias de esa índole, informó el Departamento de Estadísticas del Poder Judicial.
El jueves trasanterior, cinco agricultores fueron sentenciados por invadir la finca Aprel, en Medio Queso de Los Chiles, frontera norte. Los condenaron por infracción a la Ley Forestal y usurpación.
La tierra volvió a ser invadida por otro grupo. En estos momentos 17 campesinos del precario Bambuzal, en Sarapiquí, están a la espera de un juicio por usurpación.
La finca de 800 hectáreas, propiedad de la Standard Fruit Company, fue invadida en el 2001 por unas 200 familias.
La pugna provoca pérdidas en ambos bandos. Para el juez Carlos Chinchilla, los dueños de los terrenos también llevan las de perder.
"Muy remotamente van a recuperar algo -agregó-. Por lo general quienes participan en esos movimientos son los más desposeídos; gente que no tiene medios y por eso buscan un pedazo de tierra para desarrollarse".
