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El presidente electo Carlos Alvarado pidió avanzar en seis acciones inmediatas en su discurso del triunfo, el domingo anterior.
Sin embargo, se requerirá más que de voluntad política, en algunos de esos casos.
El tiempo, el dinero, las dudas y la resistencia, podrían complicarle el camino al futuro mandatario, quien pretende gobernar mediante un gobierno de unidad nacional.
Esta es la situación de los proyectos que presentó en su alocución:
Discusión ágil de proyectos de ley
Los cambios que procura Carlos Alvarado no están encaminados, aunque las reformas legislativas tienen buen ambiente político para el próximo periodo legislativo, según han manifestado dirigentes de Acción Ciudadana, Liberación Nacional, Restauración Nacional y la Unidad Social Cristiana.
El Plan de Gobierno de Carlos Alvarado contiene cambios como eliminar la obligación de publicar los proyectos en La Gaceta, racionalizar el uso de las mociones de revisión (cuando son rechazadas) y controlar el tiempos de trámite de proyectos en las comisiones legislativas.
El diputado Ottón Solís, uno de los promotores de esas enmiendas, dijo en el programa Malas compañías de Teletica Radio, el lunes anterior, que en cuanto a estas reformas existe mucha "hipocresía" de algunos legisladores que dicen apoyarlas, pero que luego no sostienen su palabra.
De acuerdo con Solís, una modificación necesaria, que está planteada en un proyecto de ley, pretende limitar la cantidad de sesiones de discusión de las iniciativas de ley, tanto en comisión como en plenario.
El oficialista también propone darle potestad al presidente de la Asamblea Legislativa de quitar la palabra, sin derecho a protestar, a los parlamentarios quienes se desvíen de la discusión de un proyecto, para hacer control político.
Solís aclaró que no se elimina el control político, sino que se regula en la discusión específica de los proyectos que estén en el orden del día.
Como reforma constitucional, Solís pretende eliminar el requisito de tener en plenario 38 diputados para que se pueda sesionar.
Aumento de impuestos
Los diputados actuales discuten, por la vía rápida, el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que incluye reformas en ingresos y gastos del Gobierno.
Sin embargo, todavía no es preciso saber si la propuesta quedará aprobada en este periodo, por el tiempo que resta ( hasta el 30 de abril). Es posible que los diputados puedan avanzar en un primer debate, pero si lo llevan a consulta a la Sala IV, el segundo debate quedaría para el nuevo Congreso.
La iniciativa cuenta con el apoyo de varias fracciones legislativas y tiene el respaldo de las agrupaciones políticas como Liberación, Restauración Nacional y Unidad Social Cristiana para el próximo periodo.
Eso sí, los grupos sindicales ya anunciaron una fuerte oposición a nuevos impuestos y al recorte en gastos.
El proyecto todavía se encuentra en discusión en la Comisión de Asuntos Hacendarios y se dictaminaría la próxima semana.
El cambio más importante es la transformación del impuesto de ventas en uno sobre el valor agregado (IVA), manteniendo la tasa del 13%. Con este tributo se gravarían bienes y servicios que actualmente no pagan impuesto de ventas, incluido los servicios de educación y médicos con una tasa del 4%.
En renta, se propone cobrar un impuesto a las ganancias de capital y la venta de propiedades (no domicilio).
Inicialmente, Carlos Alvarado pretendía elevar la tasa del IVA al 15%, pero su acuerdo con Rodolfo Piza le impide esa pretensión.
El presidente electo asegura que también es necesario cobrar un impuesto de 20% a 25% a los salarios que superen los ¢2 millones. Esa moción fue aprobada el martes 3 de abril.
La propuesta también introduce cambios en empleo público para los futuros empleados del Gobierno Central. Por ejemplo, se reducen los porcentajes que se pagan por anualidades y elimina el incentivo por discrecionalidad.
Además, gravaría las pensiones complementarias con una tasa de 15%, aunque los legisladores rechazaron una moción para cobrar esa misma a las cesantías "de lujo" que superen los ocho años.
Más carriles, peajes más caros
La actual administración ya inició conversaciones con la concesionaria Globalvia para ampliar la carretera 27, que comunica San José con Caldera, pero todavía no se puede definir una ruta crítica, de acuerdo con el secretario técnico de Concesiones interino, Mauricio Fernández.
Con la ampliación, toda la ruta quedaría en cuatro carriles y algunos tramos de la autopista Próspero Fernández en seis carriles.
El funcionario señaló que no es posible definir el precio de la obra porque están afinando la última propuesta que envió Globalvia, pero reconoció que implicaría un aumento en los peajes y el plazo de la concesión se extendería a 50 años (actualmente es de 25 años).
Considera que es necesario analizar que el Estado asuma el costo adicional al precio que podrían aceptar los usuarios.
No existe una propuesta de dónde saldría el dinero para pagar ese subsidio a la vía.
En febrero de 2014, la concesionaria había presentado a Concesiones una propuesta que estimaba la obra en $400 millones, pero ahora podría ser más.
Fernández dijo que en febrero de este 2018, la empresa envió una propuesta que fue vista en Junta Directiva y se determinó que faltan afinar detalles como el mantenimiento de puentes, tamaños de los espaldones, estabilización de taludes y seguridad vial.
Sin esos detalles, no se entra a negociar la ampliación.
Tren de $1.600 millones
Este tren, tal como lo propone Carlos Alvarado, tendría un costo de $1.600 millones y se construiría con alianzas público-privadas, pero requiere un aporte estatal, cuyo origen no está definido.
Existe un anteproyecto conceptual que se diseñó en esta administración, pero la licitación no se ha publicado. Se estima que entre la licitación y la construcción, el tren estaría listo en unos cuatro años.
Alvarado detalla en su Plan de Gobierno que se tomaría como base la propuesta que se diseñó en la actual administración, la cual tiene ese costo.
Sin embargo, no se especifica de dónde saldrán los recursos para financiar, lo que no se pueda pagar con la tarifa de los usuarios.
En el pasado se ha discutido la posibilidad de financiar la obra por medio de impuestos específicos, incluso a través del pago del marchamo.
Este tren conectará Alajuela (incluso el aeropuerto Juan Santamaría), Heredia, San José y Cartago. La primera etapa uniría San José con Cartago.
El proyecto contempla pasos a desnivel en algunas intersecciones que presentan problemas con el tránsito vehicular. Tendría líneas férreas en ambos sentidos.
Internet en escuelas y colegios
De acuerdo con el Ministerio de Educación Pública (MEP), más del 90% de los centros educativos posee acceso a Internet, pero un porcentaje bajo tiene una conexión de alta velocidad. En algunos casos, tampoco cuentan con el equipo necesario.
Las mejores conexiones están en el área metropolitana, según el mapa de conexiones del MEP. La mayoría de centros tiene menos de 20 mbps de velocidad.
El vicepresidente electo, Marvin Rodríguez, detalló que los centros educativos, en especial los de las zonas rurales, se encuentran en desigualdad en cuanto a acceso a las nuevas tecnologías.
La meta es precisamente cerrar esa brecha al finalizar su Gobierno, según Rodríguez.
El Ministerio de Educación ha tenido acceso a mejores tecnologías a través de convenios con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y con la aplicación de los recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), los cuales Alvarado pretende ejecutar durante su administración.
"Devolver a los niños el docente": esa es la meta, según lo explicó el vicepresidente electo Marvin Rodríguez, quien fue líder sindical del gremio.
Parte de esa "sobrecarga" podría eliminarse con directrices, señaló.
En 2012, durante la administración de Leonardo Garnier, se inició el programa "Más educación, menos papeleo"; sin embargo, Rodríguez comenta que muchos de los problemas persisten.
Según su experiencia, los docentes cargan con trámites administrativos engorrosos, participan de muchos comités en los que no tienen relación con los estudiantes y usan mucho de su tiempo en la planificación de clases.
"Sí hay una serie de cosas que sí se pueden resolver. Hay una serie de comités que el maestro se la pasa en reuniones. Un maestro puede estar hasta en cinco comités distintos y, por tanto, dejan la labor de enseñar", señaló Rodríguez.
En esa sobrecarga coincide Garnier, exministro de Educación, quien explicó que en ocasiones se le exige al docente que realice labores por la vía más lenta, con los mismos resultados.
Según dijo, durante su administración se avanzó en eliminar algunas de esas exigencias, con ese programa.
"En el MEP, lo que pasa es que a los docentes se les recargan muchas tareas administrativas, de lo que más se quejaban era el exceso de papeleo", dijo el exjerarca del MEP.
Como ejemplo, mencionó que durante su gestión se eliminó la minuta que debían hacer los docentes con puño y letra.
También, relató que cuando fue ministro detectaron requisitos que no estaban establecidos por directriz o norma, como usar el lapicero de un color determinado para los formularios que debían llenar los maestros o los directores, pero aún así se les exigía. En ocasiones, les devolvían los papeles por este requisito.
"Son muchas tareas de control", indicó Garnier.
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