EscucharEl Grupo de Código de Conducta de la Unión Europea (UE) señaló un conjunto de falencias en el proyecto de ley 23.581, que busca excluir a Costa Rica de la lista de países no cooperantes en materia fiscal.
Esta situación fue comunicada por el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, a la Asamblea Legislativa, mediante un oficio enviado el 21 de agosto.
El proyecto de ley busca eliminar la doble no imposición de ganancias obtenidas en el extranjero mediante inversiones pasivas. La doble no imposición ocurre cuando los sistemas tributarios permiten que una persona no pague impuestos ni en un país ni en otro. Costa Rica fue incluida en la lista negra de la UE debido a que su legislación facilita esta situación.
Las apreciaciones preliminares emitidas por el Grupo de Código de Conducta señalan que la iniciativa dictaminada solamente cubre cuatro tipos de rentas pasivas: dividendos, regalías, intereses y ganancias de capital.
La organización alertó que no se incluyeron otros tipos potenciales de ingresos pasivos, como los obtenidos por bienes inmuebles.
Añadió que la iniciativa de ley uruguaya, de la cual se tomaron elementos para confeccionar este proyecto, sí cubría esos aspectos, al utilizar una definición más amplia.
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La oficina de la Unión Europea también llamó la atención sobre algunas lagunas en los requerimientos para la tercerización de servicios de empresas que establezcan actividades sustanciales en Costa Rica.
“En términos generales, se tienen tres requerimientos: (i) el proveedor del servicio debe estar localizado en Costa Rica, (ii) la supervisión de entidad tercerizada debe darse en Costa Rica y (iii) deben existir salvaguardas para evitar una doble contabilidad”, enumeró el Grupo de Código de Conducta.
Al respecto, criticaron que el proyecto genera “muchas dudas” sobre la atención de los puntos ii y iii.
“No se requiere que la supervisión sea hecha por la entidad correspondiente; parece posible que pueda compartirse con otras entidades relacionadas, y no existen provisiones para evitar la doble contabilidad”, alertó la UE.
El grupo criticó que el proyecto de ley no es claro en cuanto a los requerimientos para una regla específica antiabuso fiscal. En su criterio, la propuesta no parece estar dirigida al riesgo de elusión de los requisitos, ni al propósito de obtener una ventaja fiscal.
En síntesis, la redacción no tiene una claridad suficiente que permita su implementación.
Este proyecto de ley, presentado por la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), obtuvo un dictamen afirmativo de mayoría el pasado 7 de agosto.
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Los diputados Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA), y Pilar Cisneros, de Progreso Social Democrático (PPSD), emitieron un dictamen afirmativo de minoría el pasado viernes 18 de agosto, en el cual recomendaron un texto sustitutivo de la iniciativa.
Según el ministro Nogui Acosta, el dictamen de Acuña y Cisneros sí recibió el visto bueno del Grupo de Código de Conducta de la UE,
“Asimismo, cuenta con una valoración positiva del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que en su momento señaló que ‘el proyecto es idóneo a fin de lograr la exclusión de Costa Rica de la lista de jurisdicciones no cooperantes’”, detalló el jerarca en el documento.
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