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Los dirigentes de la alianza entre la Uccaep y los sindicatos del sector público mantuvieron este lunes una reunión con la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), en la cual se enfocaron a cuestionar el proyecto de reforma al empleo público.
En sus intervenciones, los líderes de los empresarios y de los funcionarios criticaron la forma como se implementaría el esquema de salario global para una parte de los empleados estatales.
Además, plantearon “preocupaciones” sobre la rectoría del empleo público y se opusieron a que los diputados introduzcan regulaciones en materia de convenciones colectivas en el sector público.
Así lo reveló el vocero de la fracción del PLN, Luis Fernando Chacón, quien dejó claro que la reunión de una hora en la Asamblea Legislativa estuvo dominada por los señalamientos de los gremios contra este plan, aunque al final también hablaron sobre reactivación económica.
“Esa era la única audiencia que se les dio, empleo público”, aseguró.
Al término del encuentro, José Álvaro Jenkins, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep), evitó ahondar en las dudas sobre la reforma.
Explicó que la idea de la reunión era darle a los diputados “valor e insumos para que tengan otras opiniones diferentes”.
El miércoles de la semana pasada, la Uccaep se alió con sindicatos públicos para pedirle al presidente de la República, Carlos Alvarado, frenar por un mes los proyectos vinculados al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre ellos, la reforma a la ley de empleo público.
Un día después, el mandatario les respondió que no paralizará la agenda porque implicaría el fracaso del acuerdo con el FMI, lo cual desembocaría en un agravamiento de la crisis financiera.
Este lunes, el bloque conformado por Uccaep y los sindicatos aseveró que su intención no es pedir que se paralicen los proyectos.
Puntos contra la reforma
En la reunión de este lunes con los diputados liberacionistas, la Uccaep manifestó su interés en que se fortalezcan las competencias de la Dirección General del Servicio Civil como ente técnico ejecutor de las políticas públicas que serían emitidas por el Ministerio de Planificación (Mideplán), como ente rector.
La idea de los empresarios, expuesta por José Álvaro Jenkins y Enrique Egloff, presidente y vicepresidente de Uccaep, respectivamente, también contempla que el director del Servicio Civil sea escogido por concurso de oposición y no directamente por el Congreso.
El texto actual traslada la rectoría del empleo público del Mideplán al Servicio Civil, dependencia adscrita a la Presidencia, y plantea que el director de esa entidad sea escogido por los diputados.
En su lugar, los empresarios proponen que, una vez que se escoja mediante concurso al director del Servicio Civil, la elección sea refrendada por la Asamblea Legislativa.
Posteriormente, el presidente de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), Lenín Hernández, le pidió a la bancada liberacionista no regular por ley la negociación de convenciones colectivas en el aparato público.
Hernández manifestó que ese tipo de acuerdos es un derecho constitucional de los trabajadores y que establecer límites en materia salarial, más allá de los establecidos en la reforma fiscal, no era pertinente.
Los sindicatos objetan que mediante este proyecto se introduzcan artículos que prohíban negociar en las convenciones colectivas, incrementos salariales, pluses o creación de nuevas plazas, como lo evalúan los diputados.
“Creemos que ya es un tema bastante superado a efectos de resguardar el Presupuesto Nacional y de cada institución. La negociación de convenciones colectivas es un derecho de los trabajadores. ¿Para qué van a seguir regulando? ¿Qué más van a regular de lo que ya está regulado?”, cuestionó el sindicalista en declaraciones a La Nación.
Hernández reconoció que, si bien ese tipo de negociaciones generaron distorsiones salariales, estos casos ocurrieron antes de que la reforma fiscal estableciera regulaciones en materia de remuneraciones.
Empresarios ‘preocupados’ por salario global
Hacia el final de la reunión, el asesor jurídico de Uccaep, Marco Durante, se refirió a otro aspecto medular de la reforma al empleo público.
La redacción actual del texto propone el traslado gradual, del sistema de salario compuesto al nuevo sistema de remuneración, de 28.800 funcionarios actuales del Estado cuyos sueldos quedarían por debajo del futuro esquema salarial.
Este proyecto sustituría el sistema actual de salario más pluses por un salario global, en el que los sueldos del sector público no aumenten por diversos factores como la antigüedad del empleado. El nuevo esquema cubriría a funcionarios actuales y nuevos
En cuanto a ese grupo de 28.800 funcionarios actuales, el plan establece que continuarían con el salario compuesto hasta que alcancen el salario global
El asesor jurídico de la Uccaep sostuvo que ese traslado gradual sería inconstitucional y acarrearía la posibilidad de que cada uno de esos empleados presente un litigio contra el Estado, al alegar que quedarían en desventaja salarial frente a los nuevos empleados que recibirían el salario global.
“En cuanto a salario global expresaron su preocupación que más de 28.000 trabajadores debajo de esa escala podrían generar 28.000 posibilidades de demandas del Estado. Pidieron que revisemos si hay otra vía que pudiera nivelarse de forma automática”, afirmó el jefe del PLN.
En materia de salario global, el presidente de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum también cree que esos 28.800 trabajadores ya tienen un arraigo institucional de varios años y que quedarían en desventaja.
“Ahí es donde nosotros sentimos que no puede haber, bajo ninguna circunstancia, una vulnerabilidad de derechos laborales y derechos constitucionales al trabajador”, aseguró Hernández.
El Gobierno insiste, por su parte, en que permitir el traslado inmediato de los 28.800 funcionarios generaría un incremento de ¢32.000 millones anuales en el gasto público.
Luis Fernando Chacón indicó a los gremios que, el próximo jueves, el plenario legislativo estaría habilitando el segundo y último día de presentación de mociones de ajuste al texto.
“Se les dijo que, en la Comisión de Gobierno, creemos que debería de quedar claro en la ley que no debe establecerse en una convención colectiva elementos salariales que ya la Sala IV ha definido”, finalizó Chacón.
Jenkins reiteró que la posición del PLN fue escuchar a los sectores y que los gremios se comprometieron a enviar por escrito sus observaciones a ese y otros proyectos.
“Se las vamos a mandar y quedamos en programar una segunda reunión. Quedaron de avisarnos”, agregó.
Tanto Jenkins como Egloff aclararon que no solicitaron pausar ni la discusión del proyecto de empleo público ni de la agenda negociada por el Gobierno con el FMI.
No obstante, Hernández consideró que la discusión de la reforma debería pausarse por una o dos semanas, mientras los gremios plantean sus observaciones.
“Sería improcedente quemar el segundo día de mociones 137 mientras existan sectores que queremos presentar propuestas. Hemos planteado que existen ciertas inconsistencias que se pueden mejorar vía mociones. Estoy hablando de (una pausa) de una semana, dos semanas”, dijo el sindicalista.
El líder gremial añadió que, desde su punto de vista, sería ideal plantear consultas de mociones a la Sala Constitucional previo a la aprobación del proyecto.
Lo que dicen los diputados
Carlos Ricardo Benavides, legislador verdiblanco, les aclaró que la discusión del plan de empleo público no se podría atrasar y que, más bien, esa una iniciativa forma parte de los elementos principales que analizaría el Consejo Directivo del FMI para avalar el acuerdo de ajuste fiscal con Costa Rica.
“El procedimiento legislativo aún permite ajustes al proyecto y hay plazo suficiente para que hagan sus planteamientos”, aseveró Benavides.
El diputado verdiblanco también les insistió que el Estado no resistiría un incremento anual de ¢32.000 millones por el pago de remuneraciones, si se decide trasladar de inmediato al salario global a más de 28.000 trabajadores.
Roberto Thompson, diputado del PLN, dijo que el bloque integrado además por representantes del sector cooperativo y de la sociedad civil, dejó claro que no tiene intenciones en atrasar la discusión de la agenda vinculada al FMI.
Aunque la reunión se centró en la reforma al empleo público, los diputados Thompson, Yorleny León y Karine Niño afirmaron que los gremios también expusieron dudas sobre los planes de renta global e impuesto a casas de lujo.
