Los sindicatos y la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep) plantearon una propuesta de moción, para el proyecto de reforma al empleo público, que implicaría alzas salariales adicionales para un grupo de unos 28.800 funcionarios públicos.
Así consta en una moción de 18 páginas que representantes de la Uccaep y de los gremios entregaron a las fracciones legislativas este lunes, donde además sugieren que para esos empleados estatales haya ajustes por costo de vida, aunque la regla fiscal impide este tipo de ajustes mientras la deuda pública supere el 60% del producto interno bruto (PIB), como ocurre actualmente.
La propuesta plantea modificar el transitorio XI del proyecto 21.336, el cual versa sobre la transición de los empleados públicos actuales al esquema de sueldo global, en el que ya no existen pluses salariales.
La versión actual del texto establece que los funcionarios actuales con salarios inferiores al futuro sueldo global seguirían recibiendo su remuneración con pluses hasta alcanzar el nuevo esquema y, entonces, migrarían a este. La idea es evitar un incremento súbito en el gasto público, pues el traslado inmediato le costaría unos ¢32.000 millones anuales al Estado.
Los gremios proponen una redacción distinta. En el inciso b del transitorio, plantean que el Ministerio de Planificación (Mideplán), la Dirección General de Servicio Civil (DGSC) y la institución donde labore la persona definirán “de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria” una política de incrementos salariales adicionales a los ajustes por costo de vida.
La intención de esa norma es que la remuneración de la persona trabajadora alcance el salario global de una forma más rápida.
En varias ocasiones, el Gobierno ha advertido que cualquier forma de incrementar aceleradamente el sueldo de los empleados que estén por debajo del salario global tendría un fuerte impacto en las finanzas públicas, ya de por sí muy golpeadas.
En diciembre, el Ejecutivo advirtió de que el traslado inmediato le costaría ¢25.725 millones al Gobierno, los poderes Legislativo y Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y órganos adscritos, así como ¢6.525 millones para el resto de las instituciones públicas.
La moción de los gremios se contrapone a la regla fiscal al hablar de aumentos salariales adicionales, aparte de los que reciban por costo de vida, pues esa norma del 2018 congela los incrementos por inflación, tanto sobre el salario base como en los demás incentivos, hasta que la deuda baje del 60% del PIB. Actualmente, el endeudamiento público es de un 67,5% de la producción.
Consultada sobre ese planteamiento de la Uccaep y los sindicatos, la ministra de Planificación, Pilar Garrido, respondió que no sería idóneo hacer esos incrementos salariales, por la sostenibilidad de las finanzas públicas.
“Lo que corresponde y la preocupación que se ha manifestado es de naturaleza constitucional. Para eso habrá una consulta posterior, como parte del trámite del expediente”, indicó la jerarca.
El ministro de Hacienda, Elian Villegas, agregó que, aparte de la ley 9635, por decreto se estipuló que los salarios están congelados en tanto el país no esté en un escenario de una deuda menor al 60%.
“Eso (lo propuesto por Uccaep y sindicatos) no es posible. Más allá de elementos de legalidad, hay elementos de sentido común. ¿Estaremos en un momento donde podremos hacer eso?”, comentó Villegas.
La propuesta de la Uccaep y de los gremios también aboga porque las oficinas de Recursos Humanos de las instituciones elaboren la columna del futuro salario global, en conjunto con el Servicio Civil y con apoyo de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria.
Ese planteamiento no incluye al Mideplán, que tendría la rectoría política del empleo público.
Añaden que, para definir los puntos de cada remuneración, se deben considerar la valoración de los factores de trabajo, las necesidades profesionales de cada familia laboral y empleos de referencia, de modo que haya igual salario por igual trabajo en todas las familias de empleo.