La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) propuso este martes que Costa Rica haga “explotación sostenible” de gas natural y petróleo. Su plan, sin embargo, se opone abiertamente a acuerdos internacionales que ha firmado el país y decretos vigentes orientados, más bien, a impedir esas actividades en suelo nacional.
José Álvaro Jenkins, presidente de Uccaep, dijo en conferencia de prensa que su “propuesta energética sostenible” persigue generar al Estado recursos fiscales y mejorar la competitividad nacional para fortalecer el crecimiento económico y el progreso social.
El vocero afirmó que Costa Rica posee yacimientos de petróleo estimados en 3.215 millones de barriles, los cuales tendrían un valor monetario potencial de $251.000 millones con el precio actual del petróleo de referencia WTI (US$78,07/barril).
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Sus estimaciones, sin embargo, parten de datos de 1997 de una empresa llamada Harken Costa Rica Holdings, a la que se autorizó perforaciones en zonas de Moín y Río Blanco (Limón). El contrato, sin embargo, fue anulado en 2005, luego de años de diferencias y una fuerte oposición de ambientalistas.
Al presentar su idea, Uccaep también confirmó que del dinero que se pueda obtener por una eventual explotación de este tipo, la mayoría saldría de Costa Rica en manos de las empresas extranjeras que vendrían a extraer los recursos del suelo costarricense.
Aun así, el empresario insistió en que lo que se quedaría aquí podría invertirse “en el bienestar y calidad de vida de la ciudadanía como, por ejemplo: infraestructura vial, de salud y educativa, fortalecimiento del sistema de pensiones, creación de un fondo soberano y la lucha contra la delincuencia”.
Acuerdo de París
Sin embargo, si Costa Rica adoptara una propuesta como esta, iría en contra de decisiones internacionales e internas tomadas en los últimos años.
Así por ejemplo, el Estado costarricense se adhirió en el 2016 al Acuerdo de París; un tratado internacional incluido en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para mitigar emisiones de Gases de Efecto Invernadero.
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Estas incluyen, principalmente, aquellas provenientes de quemar derivados del petróleo y gas natural.
Además, la suscripción a un tratado internacional como ese implica una superioridad jerárquica en términos de legalidad pues está por encima tanto de leyes nacionales como decretos ejecutivos según se lee en el artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública.
Uccaep propuso que su idea energética se plasmara mediante un decreto ejecutivo.
‘Es un contrasentido’
Carlos Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente y Energía de Costa Rica y jerarca del Fondo Mundial Ambiental (GEF por sus siglas en inglés), recordó que según los reportes de Naciones Unidas y las políticas del GEF no hay sustento técnico alguno para respaldar una transición energética basada en extraer más petróleo y gas.
“Es un contrasentido. Lo que Costa Rica debe hacer es avanzar hacia bajar las tarifas eléctricas con mayor eficiencia en diseño y manejo de obras eléctricas; más apertura y descentralización y mejora en la política de generación distribuida”, declaró Rodríguez este martes.
Para él, la electrificación del sector transporte es la primera labor para bajar el uso del petróleo.
Rodríguez, además, fue categórico al recalcar que “no es con más hidrocarburos que avanzaremos a una transición energética”, por lo que considera que este planteamiento de Uccaep es contrario al compromiso de Costa Rica con el Acuerdo de París.
Destino verde
La prohibición vigente a la actividad petrolera es parte de la imagen de Costa Rica como destino verde y, con los años, se ha convertido en un sello ambiental, una ventaja competitiva en la industria, comercio y la propia atracción de inversiones.
En diciembre anterior, por ejemplo, Costa Rica inició conversaciones con la Unión Europea (UE) para exportar a esa región más productos agrícolas sostenibles bajo esquemas de menos emisiones, luego de una decisión europea de prohibir el ingreso a su mercado de bienes hechos bajo esquemas de deforestación o estilos productivos contaminantes.
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Asimismo, desde febrero del 2019, el Gobierno decretó ampliar hasta el 31 de diciembre del 2050 una moratoria que impide cualquier tipo de exploración o explotación petrolera o de gas en territorio costarricense.
La firma del decreto por parte del entonces presidente Carlos Alvarado Quesada extendió así una moratoria prevista a vencer en el 2021, cuando el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) había autorizado una recolección de firmas para someter a referendo un proyecto de ley para explorar y explotar petróleo en el país.
Entretanto, en el Congreso se han tramitado en los últimos años al menos dos proyectos de ley para establecer la prohibición de esas actividades. De esas iniciativas, sobrevive el 22.819 dictaminado desde 2022 en la Comisión de Ambiente para declarar a Costa Rica territorio libre de exploración y explotación de petróleo y gas natural. El plan permanece en el plenario desde marzo de ese año y está en el lugar 132 del orden del día.