El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) evalúa impulsar una nueva normativa para ampliar los controles sobre las encuestas de intención de voto que se publican durante las campañas electorales.
Ese será uno de los asuntos de interés que los magistrados analizarán en el segundo semestre de este año, como parte de la "reflexión" que harán sobre lo acontecido en los comicios de febrero y abril pasados.
"Los magistrados del Tribunal tienen la voluntad de iniciar un periodo de reflexión y análisis, a partir de esa experiencia y, eventualmente a partir de ese análisis, hacer recomendaciones, propuestas de reformas, de reformas que podrían ir desde lo más básico que es lo reglamentario, hasta cambios legales o incluso, constitucionales", dijo Gustavo Román, asesor de la Gestión Política Institucional del TSE.
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Al Tribunal le preocupa el efecto sistémico que tienen las encuestas en los procesos electorales, pues los medios de comunicación, por ejemplo, toman en cuenta los resultados para definir a cuáles candidatos invitan a los debates.
Además, es uno de los parámetros que utilizan los bancos para establecer el monto que les prestarán a las agrupaciones con el objetivo de financiar sus campañas y fijar las tasas de interés.
"Es un elemento sistémico importante de nuestros procesos electorales, es un punto en que la observación internacional nos ha llamado la atención, porque siempre nos dicen: 'miren, son procesos impecables, aquí se viene a aprender, más bien ayúdennos ustedes llevándonos su experiencia, pero sí tenemos que decirles algo: tienen un problema de equidad en la contienda'", explicó Román.
"Para el Tribunal el horizonte no son las encuestas, para el Tribunal el horizonte es la equidad y la transparencia en la contienda y, para llegar a ese horizonte, es necesario entrarle al tema de las encuestas", agregó.
El asunto de las encuestas cobró notoriedad, entre otras razones, luego de que este medio revelara que los sondeos de la empresa Opol Consultores para la segunda ronda del 1.° de abril fueron encargados por el Partido Restauración Nacional (PRN) sin advertir de esa relación contractual.
Esos estudios de opinión se publicaron en el medio digital elmundo.cr –empresa hermana de Opol–, y las redes sociales del PRN y su candidato presidencial, Fabricio Alvarado, y en ningún momento se mencionó que habían sido encomendadas.
La ficha técnica de los seis estudios constan en una queja que Opol Consultores presentó ante el TSE porque Restauración no le quiere pagar una factura de ¢18 millones, monto cobrado por la realización de esas encuestas.
¿Qué dice la legislación actual?
Actualmente, el Código Electoral establece que las empresas que deseen realizar encuestas político-electorales deben registrarse ante el TSE durante los 15 días posteriores a la convocatoria de las elecciones, es decir, cuatro meses antes del día de los comicios.
Solo esas firmas previamente inscritas pueden publicar estudios de opinión durante el proceso electoral.
Además, el Tribunal prohíbe la difusión de resultados en los tres días anteriores a las elecciones y el propio día que se abren las urnas.
El director del medio de comunicación que infringe esas disposiciones podría ser multado con el pago de entre dos y 10 salarios base.
Además, la empresa que realizó el estudio se enfrenta a una sanción que va desde los 10 y hasta los 50 sueldos base.