EscucharEl Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) avaló un proyecto de ley, que se discute en la Asamblea Legislativa, para crear la sección especializada encargada de investigar las denuncias sobre beligerancia política y dictar sanciones en primera instancia.
El TSE ya dispone de una sección que atiende estos asuntos, pero su operación se fundamenta en un reglamento.
La beligerancia política es un acto ilícito cometido por un funcionario al involucrarse en actividades políticas electorales o realizar actos que favorezcan a un partido político.
El artículo 146 del Código Electoral prohíbe a los empleados públicos participar en actividades de partidos políticos y usar la influencia de sus cargos en beneficio de agrupaciones. Para los altos cargos, la prohibición es total, mientras que, para la mayoría del funcionariado, rige solo en horas laborales.
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Las sanciones por beligerencia incluyen la destitución y la inhabilitación de los funcionarios implicados.
De acuerdo con un pronunciamiento emitido el 27 de agosto por el TSE y enviado al Congreso, los magistrados electorales consideran fundamental la aprobación de una reforma para dar seguridad jurídica a las acciones de esta oficina.
“La reforma propuesta reconocería legalmente un órgano que ya integra la jurisdicción electoral y cuya inclusión es fundamental para cumplir con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; en consecuencia, la aprobación de este expediente legislativo es jurídicamente necesaria”, manifestaron los magistrados.
La sección especializada estará integrada por tres magistrados suplentes, según el rol de trabajo que se establezca vía reglamento del Tribunal. Para la resolución de los asuntos, sesionará cada vez que sea convocada por su presidencia, para lo cual se tomará en cuenta el volumen de causas en trámite y la cantidad de expedientes en fase de resolución.
Los jueces electorales indicaron que, con la aprobación del expediente 24.205, presentado por la diputada Andrea Álvarez, del Partido Liberación Nacional (PLN), se crearía un marco legal más sólido y se respaldaría la autonomía otorgada por la Constitución Política al TSE.
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Citaron que el plan se acopla al derecho de las personas a tener un recurso de revisión sobre decisiones sancionatorias en su contra, pues las disposiciones de la sección especializada pueden ser apeladas ante los magistrados del Tribunal de Elecciones.
Como firmante de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Costa Rica está obligada a asegurar que su sistema judicial cumpla con esas normas.
La actual sección especializada fue creada en el 2016 mediante un reglamento diseñado por el Tribunal. Está compuesta por magistrados suplentes, los cuales tiene la responsabilidad de evaluar las denuncias en primera instancia, garantizando que se respeten los derechos de los funcionarios investigados.
En agosto pasado, la Sala Constitucional rechazó una acción de inconstitucionalidad que cuestionaba varios artículos del reglamento bajo el que se creó la sección especializada sobre beligerancia. La acción produjo que las investigaciones de 200 denuncias pendientes se congelaran.
El reclamo lo habían interpuesto los abogados David Salazar y Josué Bogantes, en representación del exalcalde de San Rafael de Heredia, Jorge Isaac Herrera, por un procedimiento contencioso electoral sobre presunta participación política prohibida, que data del 2017.
Según indicó el TSE entonces, con el fallo de la Sala IV no solo se valida la existencia de la sección, sino que también se fortalece la autonomía del organismo electoral frente a otros poderes del Estado, sentando jurisprudencia.
