El plan anunciado por el Gobierno para ahorrar ¢12.000 millones anuales en el pago de pensiones de lujo mediante la imposición de un tope, se desmoronó a la mitad en cuestión de un mes.
Las expectativas de ahorro se redujeron a solo ¢5.900 millones luego de que la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema) informara al Ministerio de Trabajo de que más de la tercera parte de esas jubilaciones está legalmente blindada contra el recorte.
A partir de setiembre, Trabajo recortaría jubilaciones hasta de ¢16 millones mensuales, las cuales habían sido autorizadas por los diferentes regímenes pagados con el Presupuesto Nacional, principalmente por el del Magisterio.
Empero, a la hora de hacer el anuncio, Trabajo no tenía claridad de cuántas pensiones de lujo no podían ser reducidas a causa de las excepciones fijadas en la Ley N.° 7.858. Aunque el Ministerio había consultado a la Jupema, para ese momento no había recibido respuesta.
Fue el 19 de agosto cuando la Junta de Pensiones del Magisterio le comunicó al Gobierno que, de los casi 600 jubilados de este régimen que serían afectados con la medida, 368 (60%) estaban protegidos.
A ellos no se les puede reducir el pago porque aplazaron su fecha de retiro y la ley exceptúa del tope a quienes hayan hecho la postergación. Se trata de personas que trabajaron al menos un año más luego de la fecha en que les correspondía jubilarse. También, están exentos los 170 exdiputados que gozan de aumentos anuales del 30%.
Consultado sobre el porqué se hizo el anuncio con una expectativa diferente, el viceministro de Trabajo, Alfredo Hasbum, alegó que la Jupema “varió la información dada al Ministerio”.
Según el jerarca, después de que se comunicó públicamente la directriz firmada por los ministros de Trabajo y Hacienda, se mandó a pedir la información a la Junta del Magisterio, pero esta, lejos de dar los datos, argumentó que había una mala interpretación de la ley.
“Hubo una controversia entre las partes”, puntualizó Hasbum, quien sostiene que el Gobierno “va en la dirección correcta”, aunque no se ahorrará lo que se previó.
Jupema alegó sobre los casos de postergación: “Todos se encuentran debidamente comprobados por medio de resolución administrativa que oportunamente emitió la propia Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo, declarando el derecho a la postergación, conforme lo establece el artículo 89 de la Ley Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional”.
Dos trabas más. Otro grupo de pensiones no pudo ser recortado porque el aumento salarial decretado por el Ejecutivo para el sector público, en el segundo semestre , provocó que el tope a las pensiones se elevara a casi ¢2,5 millones.
Y, encima de ello, casi 200 pensionados han presentado recursos ante la Sala IV, la cual suspendió la aplicación del tope en sus casos. A raíz de ello, en la primera quincena de setiembre, el Gobierno solo pudo recortar 511 jubilaciones.
“La diferencia tiene que ver con acciones legales y una actualización que hace Jupema de su base de datos con respecto a las postergaciones”, dijo a este diario el ministro de Trabajo, Víctor Morales.