Sofía Guillén conversa con Rocío Alfaro y Priscilla Vindas, todas diputadas del Frente Amplio. Foto: Asamblea Legislativa.
La diputada Sofía Guillén, del Frente Amplio, lanzó un llamado a los congresistas de todas las fracciones políticas, este lunes, para retomar en la Asamblea Legislativa a investigación parlamentaria sobre el caso Diamante, el cual versa sobre presunta corrupción en obras públicas municipales.
La propuesta la lanzó horas antes de que se conociera que los seis alcaldes que estaban suspendidos del cargo, por este caso, fueron reinstalados en sus puestos por orden judicial. Se trata de Johnny Araya Monge, de San José; Mario Redondo Poveda, de Cartago; Alfredo Córdoba Soro, de San Carlos; Humberto Soto Herrera, de Alajuela; Arnoldo Barahona Cortés, de Escazú, y Alberto Cole De León, de Osa.
La legisladora Guillén puso a consideración de las diferentes bancadas una moción para conformar una comisión investigadora que retome el caso donde lo habían dejado los anteriores diputados, en el foro que presidía Pablo Abarca.
Guillén entregó el planteamiento a varios jefes legislativos, entre ellos Pilar Cisneros, de Progreso Social Democrático (PPSD), y Eliécer Feinzaig, del Liberal Progresista (PLP).
“A veces es una mala costumbre de la Asamblea Legislativa dilatar algunas discusiones, dejarlas en el olvido o no terminarlas. Iniciar investigaciones y nunca llegar a un informe. Tenemos que modificar esa costumbre”, reclamó la frenteamplista.
El caso Diamante que investiga el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se centra en determinar si funcionarios municipales aceptaron sobornos o dádivas a cambio de beneficiar a ciertas empresas en contratos de obras públicas.
Las alcaldías involucradas en el caso son la de San José, la de Alajuela, San Carlos, Osa, Cartago y Escazú.
Además de alcaldes, entre los investigados figuran funcionarios municipales y representantes de empresas contratistas en obra pública del Estado. Este expediente es paralelo al caso Cochinilla, que se centró en investigar presunta corrupción en la contratación de obra pública de escala nacional a varias empresas, entre ellas H Solís y Meco.
La propuesta de Guillén es retomar el caso donde lo dejaron los anteriores diputados, que no tuvo tiempo para elaborar un informe y dar recomendaciones, porque aseguró que hay leyes que se pueden cambiar.
Ante la propuesta frenteamplista, Cisneros aseguró que firmó la moción porque “estas investigaciones no pueden ni deben quedar a la mitad”.
“Hay que aprender de estas investigaciones y tratar de cerrar portillos para que no sigan ocurriendo. Estas son las comisiones que nos enseñan”, dijo Cisneros.
Por su parte, Feinzaig dijo que, en principio, los diputados del PLP están de acuerdo. “El caso Diamante está muy fresco y merece que se rinda un informe, pero vamos a analizarlo a la luz de la ‘comisionitis’, aunque es un tema que, por la magnitud de los actos aparentes de corrupción, hay que analizarlo”, indicó.
Aunque la Unidad Social Cristiana (PUSC) no tiene una posición definida sobre el tema, el alajuelense Leslye Bojorges enfatizó que él sí está totalmente de acuerdo en reabrir el caso y llevarlo a un informe concluyente.
“Estoy totalmente de acuerdo, debe retomarse la investigación y deben emitirse las recomendaciones del caso. No lo hemos discutido, pero yo personalmente estoy de acuerdo, por la transparencia, los costarricenses tienen que conocer los informes finales de las investigaciones”, dijo el socialcristiano.
El jefe de Nueva República, el diputado Fabricio Alvarado, respondió que, aunque a su fracción le preocupa la “excesiva creación de comisiones”, coinciden con el Frente Amplio en que no es conveniente “dejar esa investigación a medio palo”.
“Apoyaremos con nuestro voto la creación de esa comisión. Eso sí, que el plazo sea máximo de seis meses, precisamente pensando en la saturación de comisiones que ya existe. La idea es cerrar ese capítulo y dejar a las autoridades judiciales hacer su trabajo”, concretó.