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Voceros de dos grupos sindicales solicitaron este lunes, en una reunión con el presidente legislativo, Gonzalo Ramírez, el retiro del proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas de la agenda parlamentaria.
Se trata del Bloque Unitario Social y Sindical Costarricense (Bussco) y de Patria Justa.
“La Mesa de Unidad Sindical se ha propuesto como objetivo no solo pedirle al Poder Ejecutivo el retiro del proyecto 20.580, que consideramos altamente regresivo y que impacta en los sectores más pobres de este país, en este caso los trabajadores, que somos los que no evadimos los impuestos; además, traemos una lista de proyectos para que sean considerados en la corriente legislativa”, informó Douglas Montero, secretario de Educación de la Confederación Unitaria de Trabajadores.
Entre las propuestas sindicales, están la de regresar al proyecto de reforma al impuesto sobre la renta planteado originalmente por Zapote, así como sentarse a conversar más sobre la evaluación del desempeño, proceso por el cual se otorgan las anualidades a los empleados.
Montero agregó que la iniciativa sobre renta no puede ser la versión "light" incluida en el expediente que se tramita por la vía rápida y tildó la propuesta sobre regla fiscal incluida en el plan como un "desmantelador del Estado Social de Derecho".
El presidente del Congreso les gestionó a los voceros de los conglomerados sindicales una cita con los jefes de las fracciones parlamentarias este jueves, para presentarles su propuesta.
Otros proyectos en la propuesta sindical son el plan sobre Ley de Extinción de Dominio, la Ley de Estadística Nacional, el plan sobre cohecho y el de soborno trasnacional, así como una Ley de Fortalecimiento de la Política Monetaria del Banco Central de Costa Rica, expediente legislativo 19683.
"El movimiento social tiene propuesta, queremos revisar la evaluación del desempeño, no estamos satanizando ese tema, pero bajo criterios cualitativos, que vengan a asegurar la estabilidad de las instituciones sociales y no bajo criterios cuantitativos que vendrían a desmantelar", aseguró Montero.
Cascante añadió que las organizaciones sindicales están preocupadas "por la calidad de vida de los trabajadores, por la evasión y la elusión fiscal".
"Es importante que la gente sepa que esta unión sindical ha costado mucho reunirla, pero vamos a trabajar por los aspectos que podamos cambiar y mejorar", dijo Cascante, presidente de la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE).
La propuesta que se tramita por la vía rápida, bajo el expediente 20.580, propone convertir el impuesto general sobre las ventas en un impuesto al valor agregado (IVA) que se les cobraría a un 13% a todos los bienes y servicios que se presten en el país, salvo la canasta básica y algunas exenciones que se han ido definiendo.
Además, se establecen tasas diferenciadas de un 4% a los libros, la medicina y la salud privadas, y productos para el embalaje.
Una moción de nuevo texto para este proyecto, consensuada entre siete de los nueve miembros de la Comisión Especial de Reforma Fiscal, plantea exonerar los libros y cobrar una tasa diferenciadas del 2% a los servicios de seguridad privada residencial, por ejemplo.
En el plan original, se aumenta de un 8% a un 15% el impuesto sobre las rentas de capital, mientras que se fijaría el máximo de un 2,54% al pago de la anualidad para los empleados con evaluación de desempeño excelente.
