Sinart no puede subcontratar pauta de instituciones públicas definida por ley, aclara contralora
Marta Acosta explicó a diputados que el 10% que debe ser contratado al Sinart para publicidad, debe cumplir con ciertos requisitos, por lo que no se trata de una transferencia
La contralora general de la República, Marta Acosta, indicó que para el pago del 10%, debe existir un contrato entre el Sinart y la institución pública que requiere el servicio de publicidad. Fotografía Albert Marín Albert Marin
Marta Acosta, contralora general de la República, aclaró que el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), no puede subcontratar los servicios de pauta publicitaria que por ley las instituciones públicas están obligadas a pagarle.
Acosta explicó que el 10% del presupuesto destinado a publicidad e información, que las instituciones públicas le deben contratar al Sinart, se creó como una fuente de financiamiento para la empresa, por lo que estos recursos no pueden destinarse a terceros.
“Como fuente de financiamiento que es, la ejecución en el Sinart debe realizarse a través de sus propios medios”, señaló la funcionaria ante la comisión que investiga las millonarias contrataciones de instituciones del Estado con el Sinart.
El inciso C del artículo 19 de la Ley Orgánica de esa institución ordena a la Asamblea Legislativa, la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría General de la República, las instituciones autónomas y semiautónomas, las empresas públicas, así como todas las instituciones y dependencias del Poder Ejecutivo, a pautar al menos el 10% de sus recursos de publicidad en el Sinart, por medio de RTN Publicidad.
No obstante, Acosta aclaró que el deber legal debe ir“aparejado con otros requisitos”.
“No es que le paso porque le paso, no es una transferencia como muy bien lo dice la Procuraduría General de la República”, manifestó.
De acuerdo con la contralora, el 10% debe originarse en una necesidad pública, la cual debe quedar plasmada en un plan de medios. Igualmente, su ejecución debe estar definida en una relación contractual y cumplir con “las condiciones del proceso que se seleccione”.
La contralora Marta Acosta indicó que la norma que obliga a las instituciones a destinar el 10% de su presupuesto publicitario a contratar al Sinart se creó como una fuente de financiamiento para la empresa, por lo que esos recursos no pueden destinarse a terceros. Foto: (Albert Marin)
109 contratos bajo investigación
La Contraloría General de la República indicó a los legisladores que investiga 109 contratos suscritos entre diversas instituciones públicas con el Sinart: 71 corresponden al año 2022 y 38, al 2023.
El diputado Ariel Robles, del Frente Amplio, consultó a la contralora si tenía conocimiento de cuántos contratos corresponden al 10% que define la ley del Sinart. Acosta indicó que ese es uno de los elementos bajo investigación.
Robles también cuestionó al oficialismo, por asegurar que los contratos por al menos ¢8.000 millones que diversas instituciones públicas concedieron al Sinart, varios de ellos de forma directa y sin concurso público, sean en cumplimiento del 10% que establece la legislación.
“Ese 10% se quedó en la ley del Sinart para fortalecerlo, no para agarrar esa plata y pagarle a un medio por demanda y darle plata a aquel o al otro porque me cae bien o mal”, expresó el legislador.
El 13 de setiembre, la Asamblea Legislativa acordó crear la comisión investigadora, con el fin de esclarecer tanto las contrataciones hechas por instituciones públicas al Sinart como las subcontrataciones efectuadas por dicha entidad a terceros.
Entre estas empresas se encuentran la productora audiovisual Nocaut, vinculada a Christian Bulgarelli, así como las firmas Inversiones del Aire HM y Tecnologías Asertivas (Teah).
Bulgarelli fue identificado por la ministra de Educación, Ana Katharina Müller, como “asesor de comunicación” del presidente de la República, Rodrigo Chaves. Tal revelación la hizo en una carta enviada a dos diputados que le cuestionaron sobre un tema del sector educativo.
La compañía Bulgarelli también ganó la adjudicación de un contrato por $300.000 para dar servicios de comunicación a la Presidencia de la República. Los fondos provienen del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y fueron otorgados por medio de un concurso, cuyas bases, en esencia, son idénticas a las que Bulgarelli ayudó a redactar.
