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Marta Acosta, contralora general de la República, calificó como “desafortunada” la gestión del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) por la “inobservancia de normas técnicas y sanas prácticas”.
Acosta brindó su apreciación este lunes, durante una sesión de la comisión que investiga las millonarias contrataciones de instituciones del Estado con el Sinart y ante una consulta de la diputada Dinorah Barquero, del Partido Liberación Nacional (PLN), sobre si consideraba que la empresa pública se encuentra bajo una “mala administración”.
El 13 de setiemnbre, la Asamblea Legislativa aprobó crear una comisión investigadora sobre los contratos por al menos ¢8.000 millones que diversas instituciones públicas concedieron al Sinart, varios de ellos de forma directa y sin concurso público. La noche de este lunes, esa comisión convocó a Acosta a declarar sobre el caso.
La contralora reveló a los diputados la apertura de una investigación de oficio contra el Sinart por ejecutar ¢517 millones sin tener la respectiva aprobación presupuestaria.
Asimismo, indicó que están en marcha otras cinco investigaciones, relacionadas con los contratos que suscribió la empresa con otras instituciones.
Según Acosta, algunos de los contratos carecen de una identificación previa de las necesidades públicas que les justifican (objetos contractuales indeterminados) o no cuentan con los estudios de mercado exigidos por la Ley General de Contratación Pública.
Enfatizó sobre la necesidad de cumplir con los estudios de mercado por considerarlos “un requisito crucial, porque hay que identificar cuál es la necesidad pública”.
Estos contratos, reportados a la Contraloría por parte del Sinart, tenían otras falencias, como el hecho de que no existían del todo, contaban con firmas irreconocibles o firmados parcialmente.
Las inconsistencias identificadas en los documentos generaron que este lunes se giraran órdenes a siete instituciones públicas para que finiquiten sus “relaciones contractuales” con la agencia de publicidad Sinart.
Acosta también relató que entre diciembre del 2022 y setiembre del 2023, el Sinart realizó siete contrataciones por medio de procedimientos ordinarios y 31 por medio de la figura de la excepción.
“Pareciera que en las contrataciones del 2023, la excepción se comportó como la regla”, concluyó.
En su participación, también se refirió a los criterios técnicos y legales, que motivaron la improbación de tres presupuestos extraordinarios del Sinart. En estas propuestas, la empresa pública pretendía, entre otras cosas, incrementar su plan de gastos en un 71% del total del presupuesto inicial, que es de ¢5.819 millones.
Ante una pregunta del diputado Ariel Robles, del Frente Amplio, Acosta dijo que en sus 11 años al frente del órgano contralor, nunca había observado un aumento tan significativo como el pretendido por el Sinart.
Acosta defendió la importancia de cumplir con los requisitos de la Ley General de Contratación Pública, con el fin de contar con un sistema unificado y transparente.
“No hacerlo así genera riesgos muy altos al erario, abre las puertas a la corrupción y deteriora el bienestar”, afirmó.
