Sinart incorporó contratos inexistentes a presupuesto entregado a Contraloría

En ese plan de gastos también incluyó otros cuatro acuerdos contractuales, por ¢760,5 millones, que no estaban firmados o que tenían inconsistencias en la rúbrica, según precisó el órgano contralor ante una consulta de La Nación.

Se trató de contrataciones con instituciones públicas, por un total de ¢3.360,5 millones, para colocar y distribuir pauta del Estado, manejar redes sociales, realizar campañas publicitarias, producir videos y grabar cuñas radiofónicas.

Debido a esos “múltiples incumplimientos” e “inconsistencia en elementos básicos” en esas ocho contrataciones, el órgano contralor improbó ese presupuesto el 19 de octubre anterior.

Específicamente, el Sinart incorporó contratos inexistentes con la Junta de Protección Social (JPS), por ¢2.310 millones; con el Instituto de Fomento y Ayuda Municipal (IFAM), por ¢229,9 millones; con el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), por ¢30,2 millones, y con la Presidencia de la República, por otros ¢30 millones.

Aportaron además, acuerdos contractuales sin firmar con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), por ¢179,9 millones; con la Universidad Estatal a Distancia (UNED), por ¢1,6 millones, y con la Municipalidad de Montes de Oca, por ¢800.000.

En el caso del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), cuya contratación anual asciende a ¢578,2 millones, tenía una inconsistencia en la firma.

El presidente ejecutivo del Sinart, Fernando Sandí, reconoció que incorporaron “procesos de contratación que aún no habían sido adjudicados”, pero alegó que lo hicieron así porque estaban a la espera “de que pudiéramos tener el presupuesto aprobado”.

En cuanto a los contratos sin firma, argumentó que “el Sinart en estos procesos funge como proveedor, no como contratista”. Por eso, “no somos quienes establecemos los requerimientos y estos contratos no solicitaban como requisito la firma del contrato en Sicop (Sistema Integrado de Compras Públicas)”.

Dos instituciones echaron para atrás

Ante la improbación por parte de la Contraloría, la JPS y el IFAM decidieron echar atrás el proceso de contratación con la agencia RTN Publicidad, del Sinart, dado que todavía no habían suscrito un contrato.

El lunes antes, la jefa del Departamento de Mercadeo de la Junta, Evelyn Blanco, confirmó a los diputados que esa institución está en proceso de declarar infructuosa esa contratación por ¢2.310 millones, la cual se realizó en contra de los criterios técnicos.

El IFAM, por su parte, a través de su departamento de Comunicación, explicó que el contrato no se entregó porque nunca existió, pues apenas estaban en el proceso de evaluación para determinar si la empresa estatal cumplía con todos los criterios legales.

“Al no recibir todos los requisitos, al momento de la improbación que hizo la CGR, el IFAM decidió no seguir con el análisis y descartar cualquier eventual contratación por los servicios que estábamos buscando”, explicó la institución en un correo electrónico, al tiempo que precisó que esa comunicación se hizo a mediados de setiembre, luego de que la Contraloría le rechazara un segundo presupuesto extraordinario al Sinart y un día después de que el canal estatal volviera a incorporar esa contratación inexistente en el tercer extraordinario, el cual también fue improbado.

“Sinart nos usó como justificación en su presupuesto, una acción que no pudimos prever ni controlar. Sin embargo, quiero subrayar que no hubo ningún acuerdo, contrato o formalización en Sicop que respaldara lo indicado por Sinart a la CGR”, consignó el departamento de Comunicación del IFAM.

AyA e ICE bajo análisis

Este diario también consultó al AyA y al ICE sobre sus contrataciones con el Sinart. La primera de esas instituciones, mediante su dirección de Comunicación, informó de que están en una etapa de evaluación para decir qué sucedera.

“En este momento estamos esperando la comunicación oficial por parte del Sinart para analizar en conjunto con las dependencias competentes cuál será el proceder, resguardando los intereses institucionales”, señaló esa dependencia.

El ICE no respondió las consultas enviadas a su oficina de prensa desde el pasado martes 31 de octubre. El vienes anterior solo indicó: “Estamos trabajando en esta respuesta. Nos pondremos en contacto en cuanto tengamos la respuesta”.

Fernando Sandí por su parte, aseguró que esos contratos están vigentes, que son por demanda y prorrogables: el del ICE, hasta cinco años y el del AyA, hasta tres años.

”Es posible brindarles servicios con recursos propios del Sinart y su agencia RTN, como lo son creatividad, desarrollo gráfico de campañas, producciones, streaming, entre otros. Para el próximo año, con el presupuesto 2024, se podrá brindar el servicio completo de acuerdo con las líneas de contratación”, afirmó Sandí.

La improbación contralora

El pasado 19 de octubre, por tercera vez en el año, la Contraloría no avaló un plan de gastos al Sinart. En esta ocasión, por ¢4.150 millones, tras encontrar “inconsistencias en elementos básicos” en siete de 13 contrataciones, que equivalen a ¢3.181 millones y que representaban el 77% del monto total presupuestado.

Además, concluyó que la institución incumplió con los principios de plurianualidad, universalidad e integridad, y vinculación del presupuesto con la planificación.

En los últimos cinco meses, la Contraloría le improbó otros dos presupuestos extraordinarios al Sinart, por un total de ¢5.038,2 millones, por la misma razón: incumplir con el principio constitucional de plurianualidad, mediante el cual se debe garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos.

La plurianualidad está fijada en el artículo 176 de la Constitución Política y consiste en que, cuando las instituciones presupuesten gastos para un año, porque en ese momento tienen el dinero para atenderlos, deben evaluar si tendrán fondos para cubrirlos en los años siguientes, con el fin de garantizar la continuidad.

Adicionalmente a las inconsistencias ya señaladas, la Contraloría detectó que el Sinart ya había ejecutado ¢517,7 millones, de los ¢4.150 solicitados, sin su aprobación previa.

Ante una consulta de este medio, el órgano contralor precisó que “está realizando las valoraciones correspondientes, de cara al tema de eventuales responsabilidades”.

Entretanto, Sandí aseveró que le solicitaron una reunión a la CGR “para aclarar este punto, así como los otros motivos mencionados en la improbación”.