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El Banco Popular es un ente público no estatal. Su Junta Directiva tiene ya dos quejas por presunto hostigamiento político. | ALBERT MARÍN (albert marín.)
El secretario de actas de la Junta Directiva del Banco Popular, Luis Alonso Lizano, denunció a la cúpula de la entidad ante el Ministerio de Trabajo por acoso moral y persecución política.
Según Lizano, al iniciar el presente Gobierno, lo desplazaron de su cargo para sustituirlo por una persona afín a la nueva Junta Directiva, sin que su sustituto cumpliera con los requisitos que se exigen para ocupar la Secretaría de Actas.
“Esta Junta Directiva nombró a una persona sin los requisitos del puesto y le están pagando lo mismo que a mí, es decir, están pagando a dos secretarios lo que evidencia un total descuido de los fondos públicos que están llamados a custodiar”, denunció ante la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo.
El funcionario dirige sus quejas contra el gerente general del Popular, Geovanny Garro, y contra el presidente de la Junta Directiva, Héctor Monge.
Lizano afirmó que este último lo apartó de su puesto con el argumento de que su cargo es de confianza y que debía dejarlo pues varios directores no confiaban en su gestión.
Empero, Lizano afirma que su designación en el 2013 fue producto de un concurso interno.
Antecedente. Su caso se suma al del director jurídico del Popular, Armando Rojas, quien fue despedido el 24 de mayo.
Rojas llevó el asunto al Tribunal Contencioso, donde un juez ordenó su restitución en el cargo como medida cautelar mientras continúa el proceso de la demanda laboral que interpuso.
Rojas afirmó a La Nación que su despido se debió a que está en contra del proyecto que discuten los diputados para reformar la Ley Orgánica del Banco Popular, plan que también adversa el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).
Luis Alonso Lizano relató a este diario que accedió a que se concretara su traslado con la expectativa de evitar una confrontación mayor con la Directiva del Banco Popular.
Persiste acoso. No obstante, ante el Ministerio de Trabajo indicó que, pese a su anuencia a apartarse, persiste la voluntad de los directivos de perjudicarlo.
“Al momento de que se me traslada de puesto a la administración, se me obliga a entregar la computadora personal que tenía asignada, se me envía a una oficina en Mata Redonda y las funciones se me reducen drásticamente”, denunció Lizano. En su denuncia ante la Inspección Laboral, se refiere a la que, cree, es la intención de la directiva: “(Busca) Desgastarme emocional y psicológicamente; lo que han querido es forzarme a renunciar”.
La oficina de Comunicación del Popular indicó que el jueves pasado, el Banco recibió notificación de la denuncia y que se activarán los protocolos para atender el caso.
Lizano afirmó a este medio que en una ocasión, uno de los directores del Popular lo citó a su oficina para consultarle cuál era su relación con el director jurídico, Armando Rojas, pregunta que tomó como un indicio de desconfianza infundada en su gestión.
“En ese tipo de emplazamiento que me hizo, claramente, se veía que lo que intentaba hacer era un ligamen entre el director jurídico y yo, para eliminarnos de toda participación”, afirmó.
El Popular contestó que Luis Alonso Lizano no acudió antes a ninguno de los departamentos internos del Banco para denunciar la presunta persecución en su contra.