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Por más esfuerzos que hizo el Gobierno para materializar recursos frescos para la Fuerza Pública en el 2017, no logrará tener el dinero que pretendía para contratar más policías, construir infraestructura y adquirir equipo necesario.
Los diputados tienen buena parte de la responsabilidad de que esos fondos se esfumen, pues están llevando la discusión del proyecto de Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, hacia el límite del año y, además, ya un grupo nutrido de ellos prepara una consulta ante la Sala Constitucional.
Esta consulta llevaría tres firmas de los libertarios, seis de la bancada socialcristiana, dos frenteamplistas, una liberacionista y una del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE).
Vigencia lejana. Otto Guevara, jefe de la fracción del Movimiento Libertario, calcula que apenas en octubre del otro año podría estar vigente el tributo. De ser así, solo se podría cobrar a las sociedades que se inscriban por primera vez y, a partir de enero del 2018, a todas las existentes.
De todas formas, Guevara pretende que los magistrados se traigan el proyecto abajo, por vicios en el trámite legislativo.
El plan es para revivir el tributo que el Registro Nacional de la Propiedad cobraba hasta enero del 2015 a todas las sociedades mercantiles, activas o inactivas.
La propuesta es cobrarles ¢64.000 por año a las inactivas, mientras que las activas tendrían que pagar entre ¢106.000 y ¢212.000, según sus ingresos. Por año, eso depararía al Ejecutivo ¢42.000 millones de dinero fresco.
La frenteamplista Ligia Fallas apoyará la consulta de Guevara si él alega como vicio de procedimiento la vía rápida, pues reclama que no se permitió, con ese trámite, el derecho de enmienda, no solo de los diputados, sino del pueblo como legislador representado en los congresistas.
Dinero del PANI. La presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, la socialcristiana Rosibel Ramos, asegura que la única manera de que la Fuerza Pública y otros cuerpos de seguridad tengan recursos, es que el Poder Ejecutivo les mantenga los ¢40.000 millones que ella y otros diputados le quitaron al Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
En cuanto a ese dinero, la Sala Constitucional se pronunció este miércoles, ante consulta de varios legisladores, y estableció que es inconstitucional quitarle los fondos al Patronato.
“La única forma que tienen de darle plata al PANI es con un presupuesto extraordinario, o aumentan la deuda o le quitan lo que le dimos al Ministerio de Seguridad”, dijo Ramos.
De hecho, el viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora, confirmó que la idea del Ejecutivo es deshacer esas reducciones presupuestarias, aunque eso signifique eliminar el dinero que los legisladores destinaron a los cuerpos de seguridad del Gobierno y los judiciales.
“El Gobierno ha hecho esfuerzos importantes para la aprobación de todo el plan fiscal, pero los tiempos legislativos son así”, añadió Mora.
La jefa de Liberación Nacional, Maureen Clarke, enfatizó que los 18 verdiblancos apoyan la iniciativa. En tanto, Marco Redondo, del Partido Acción Ciudadana, criticó a los libertarios.
“Esto es una muestra de irresponsabilidad, de posiciones populistas”, dijo Redondo.
