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Aunque en la práctica no trabaja en el MEP, la actual ministra de Deportes, Carolina Mauri Carabaguias, aparece en la planilla de esa cartera devengando el salario que se le debería pagar a su homóloga de Educación, Sonia Marta Mora.
Como la ministra Mora prefirió seguir cobrando su pensión de más de ¢6 millones –sin las reducciones de ley–, el gobierno de Luis Guillermo Solís echó mano de ese sueldo de ¢2,3 millones para poder pagarle a la máxima jerarca de Deportes.
Presidencia asignó tal plaza a Mauri debido a que el cargo de ministra de Deportes no existe en el marco jurídico y, por ende, tampoco cuenta con contenido presupuestario.
Así lo reconoció el director jurídico de Casa Presidencial, Marvin Carvajal, quien asegura que esa medida se tomó para hacer “un uso eficiente de los recursos públicos”.
Desde hace siete años, en el seno de la Asamblea Legislativa se discute un proyecto de ley para crear ese ministerio; sin embargo, a la fecha sigue sin contar con la aprobación de los diputados.
Convenio. El nombramiento de la jerarca de Deportes en el Ministerio de Educación Pública (MEP) comenzó a regir el 18 de diciembre del 2014, luego de que el MEP acordara prestarle esa plaza a la Presidencia, tras la firma de un convenio de cooperación.
Entre los considerandos de dicho documento, se mencionó que el préstamo era necesario porque Mauri se estaba viendo afectada en su remuneración salarial.
Antes de tal acuerdo, a ella se le había asignado una plaza de confianza de consejera presidencial, al igual hizo que la administración de Laura Chinchilla con su antecesor, William Corrales.
Con ese puesto, ganaba al mes unos ¢400.000 menos de lo que comenzó a devengar cuando se incluyó en la planilla del MEP, ya que su salario pasó de ¢1,9 millones a ¢2,3 millones.
“Cabe recalcar que la plaza de consejero presidencial especializado la ocupó de forma temporal, mientras se estudiaba la viabilidad jurídica de que fuese nombrada en la plaza que ostenta actualmente, la cual es plenamente coincidente con la naturaleza de su cargo de ministra”, justificó el asesor jurídico de la Presidencia.
Sin aval. Ese convenio lo suscribió el Gobierno sin el aval previo de la Procuraduría General de la República (PGR).
Carvajal alega que no era necesaria la aprobación del abogado del Estado u otra instancia de control, porque la Administración Pública tiene “la posibilidad genérica” de realizar acuerdos interinstitucionales.
Sin embargo, ante una consulta de La Nación , la Procuraduría evitó referirse al caso en concreto, pues eventualmente, tendría que analizar el nombramiento si ingresa una consulta.
Mauri, por su parte, defendió la forma en que el Gobierno decidió pagarle su salario. Adujo que ella tiene derecho a recibir un sueldo, y que se hizo de esa forma “para no recargar o crear una nueva plaza”.
En un correo electrónico, también argumentó que esta no es la primera vez que se utiliza el salario asignado a otro ministro para cubrir la remuneración del jerarca de Deportes.
Asegura que en la administración anterior, a William Todd, uno de los tres ministros de Deportes que se nombraron, se le asignó la plaza del ministro de Ambiente, que entonces ocupaba Teófilo de la Torre, quien había preferido seguir cobrando una pensión del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
