EscucharEn dos resoluciones recientes, la Sala IV consolidó el derecho de los ciudadanos a tener unas finanzas públicas sanas, lo que ha abierto la puerta para la implementación de reformas estructurales que ayuden a equilibrar las finanzas públicas.
La jurisprudencia de la Sala se deriva del principio de equilibrio financiero establecido en el artículo 176 de la Constitución Política, el cual ha sido incumplido durante años. Esta norma establece que, en ningún caso, los gastos del Presupuesto Nacional pueden superar a los ingresos probables.
Actualmente, casi la mitad de los gastos del Gobierno Central se financian con endeudamiento público.
La Sala argumentó la necesidad de cumplir con el equilibrio financiero cuando avaló la reforma fiscal del 2018 y, luego, cuando resolvió las consultas de los diputados sobre el proyecto de empleo público, en julio del 2021.
En ambas oportunidades, los magistrados señalaron que “la inobservancia del principio de equilibrio presupuestario ha sido una de las causas del deteriorado estado actual de las finanzas públicas”.
Según la reciente jurisprudencia de la Sala IV, para que el Estado Social de Derecho pueda persistir y cumplir sus fines constitucionales y legales, “deviene necesario que se efectúe un sano manejo de las finanzas públicas”.
“Es decir, de manera inexorable, debe existir un equilibrio entre los derechos prestacionales y la solvencia económica estatal, ya que los primeros dependen de las posibilidades materiales propiciadas por la segunda, mientras que el sentido de esta última es fortalecer el desarrollo de un sistema político solidario, uno en el que los estratos menos favorecidos de la sociedad encuentren resguardo de su dignidad humana y su derecho a progresar”, cita la resolución del 2018 sobre la reforma fiscal.
El abogado constitucionalista Rubén Hernández Valle explicó que tener unas finanzas públicas sanas “es un derecho que se deriva de ese principio” de equilibrio financiero.
“El Estado Social de Derecho garantiza numerosos derechos a las personas, pero dado el alto costo económico para satisfacer muchos de ellos, hoy día se habla del Estado Social de Derecho posible; y las posibilidades reales de garantizar estos derechos están directamente relacionadas con el equilibrio fiscal de los Estados.
“De ahí que el equilibrio fiscal se conciba también como un derecho de los ciudadanos, dado que todos aspiran a que haya equilibrio presupuestario para que el Estado les satisfaga sus derechos de contenido económico y social”, finalizó el abogado.
Frente a una condición crítica en las finanzas públicas, debidamente sustentada con estudios técnicos, la Sala IV fue clara en que “no solo resulta razonable, sino que, aún más, es insoslayable” aplicar medidas aptas para paliar o resolver el problema.
Así lo dijo al referirse a la reforma fiscal que nominalizó los pluses salariales del sector público e introdujo la regla fiscal (sentencia 2018-18505). Las medidas correctivas se deben implementar, añade ese fallo, salvaguardando los derechos fundamentales de la población.
La Sala rescató de nuevo el principio de equilibrio presupuestario cuando evacuó consultas sobre la reforma al empleo público (voto 2021-017098). En ese momento, avaló la imposición de un tope a los salarios en las universidades públicas y descartó desigualdad en el transitorio que impidiría aumentar, de forma súbita, el salario de unos 28.800 funcionarios actuales cuyos salarios quedarían por debajo del futuro salario global.
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Para estos servidores, el proyecto establece que seguirán recibiendo el sueldo compuesto (salario base más pluses) hasta que, en forma gradual, alcancen el nuevo salario global.
Por voto de mayoría, la Sala IV resolvió que este transitorio es razonable, y conforme con el derecho de la Constitución, “máxime si se toma en cuenta la situación fiscal tan deteriorada que tiene el Gobierno Central, que pone en peligro la viabilidad del Estado Social de Derecho y de la economía costarricense en su conjunto”.
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El mismo argumento utilizaron los jueces para declarar constitucional el transitorio XII que congelaría el incremento salarial de todos los funcionarios por actualizaciones por el costo de vida, mientras la deuda pública supere el 60% del producto interno bruto (PIB).
El magistrado Fernando Castillo, presidente de la Sala Constitucional, explicó en setiembre anterior, en el programa radial Mala Compañías de Teletica Radio, que el déficit fiscal del Gobierno Central terminó el año pasado por encima del 8% del producto interno bruto (PIB) y aún se desconoce qué tan elevado sería el de este año.
“En ese escenario, equiparar los salarios compuestos por debajo del globales, significaría disparar nuevamente el gasto publico y, volvemos (a citar) el principio de equilibrio presupuestario financiero. Si la ley (de empleo público) lo que está buscando es precisamente un fin legítimo, constitucional, de hacer una contención de un disparador del gasto como son las remuneraciones, mal haría la Sala en este momento en ajustar hacia arriba todos aquellos salarios que queden por debajo del global”, sustentó Castillo.
El abogado Rubén Herńandez agregó que, desde la sentencia sobre la reforma tributaria del 2018, la Sala Constitucional había dicho que el principio de equilibrio fiscal “está por encima de las autonomías”, según el experto.
“En él se basa, entre otras disposiciones, la regla fiscal. Es un principio constitucional en materia fiscal. Este principio otorga al Estado potestades excepcionales en materia fiscal, como imponer la regla”, añadió Hernández.
