La Sala IV condenó a la alcaldesa de Tarrazú, la socialcristiana Ana Lorena Rovira Gutiérrez, por expulsar a tres indigentes de su cantón sin motivo razonable alguno, en un acto de segregación, marginación y daño a la dignidad humana.
La condena se extiende también a los jefes locales de la Fuerza Pública y de la Policía de Tránsito, Evelio Quirós Angulo y Carlos Arias Fernández, quienes ayudaron a expulsar a los ciudadanos del territorio del municipio.
Los magistrados constitucionales declararon con lugar un recurso de habeas corpus interpuesto en favor de las personas en condición de calle, por hechos ocurridos el 9 de julio.
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“Ese día, los amparados viajaron de San José a Tarrazú con el objetivo de buscar trabajo como recolectores de café; sin embargo, las autoridades locales les explicaron que la temporada de cosecha iniciaba hasta octubre. Posteriormente, la alcaldesa les compró el tiquete de regreso a San José y coordinó con la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito para que escoltaran el autobús hasta el sector de El Empalme. Además, se colocó una cinta amarilla para separar a los tulelados del resto de pasajeros, pese a que ninguno tenía síntomas de covid-19 o algún otro malestar de salud”, informó la Sala.
En la sentencia 2020-016069, de este miércoles 26 de agosto, el Tribunal concluyó que la alcaldesa y los jefes policiales actuaron de manera “desproporcionada”, al tiempo que lesionaron la libertad de tránsito y la dignidad de estas personas, “quienes se encontraban en unas circunstancias manifiestamente desfavorables desde el ángulo socioeconómico”.
“No se encuentra razón que justificara que las autoridades de Tránsito y las de la Fuerza Pública desplegaran un operativo para asegurarse la salida de estas personas del territorio del cantón”, expuso la Sala.
Sobre lo ocurrido en el autobús, agregó: “No había motivo alguno para tomar esta medida que tuvo como efecto segregar a los tutelados y, por ello, fue un acto de marginación, lesivo de la dignidad humana”.
La Sala Constitucional ordenó a las autoridades abstenerse de incurrir en hechos similares.
Al votar este recurso, el Tribunal estuvo conformado por los magistrados Fernando Castillo Víquez (presidente), Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Nancy Hernández López, Luis Fernando Salazar Alvarado, Jorge Araya García y Anamari Garro Vargas (magistrada instructora).
Sala IV también ha condenado dos veces, este mes, al Ministerio de Seguridad por la detención de personas sin indicio alguno de que hayan cometido delito.
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