La Sala IV anuló la mañana de este viernes la Reforma Procesal Laboral a causa de un acuerdo inconstitucional de la expresidenta Laura Chinchilla que, a su vez, se trajo abajo la decisión del presidente Luis Guillermo Solís de revivir ese proyecto.
Los magistrados también invalidaron el levantamiento que dio vida a la ley que otorga la calle 13 bis, de San José, a un grupo de artesanos, proyecto que fue vetado por el expresidente Óscar Arias.
Laura Chinchilla vetó la Reforma Procesal Laboral en octubre del 2012 al considerar inconstitucionales los artículos que permitían las huelgas en servicios esenciales, como los que dan hospitales, Policía y aeropuertos, además de que prohibía al patrono contratar trabajadores externos para sustituir a los huelguistas.
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Solís, sin embargo, revivió el proyecto el 12 de diciembre del 2014 y prometió un decreto en el que se establecía "la prohibición absoluta de huelga en servicios esenciales". Entraría a regir en 18 meses a partir de esa fecha.
La Reforma Procesal, por otra parte, tenía por objetivo introducir la oralidad en los juicios laborales con el objetivo de agilizarlos.
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La decisión del mandatario fue aplaudida por sindicatos y el Frente Amplio, pero criticada por partidos de oposición y cámaras empresariales.
El 20 de diciembre, diputados opositores impugnaron el levantamiento del veto ante la Sala IV.
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Esta mañana, con un resultado de cuatro votos contra tres, el tribunal anuló el levantamiento del veto y anuló la ley.
La Sala IV explicó en un comunicado que Chinchilla vetó en octubre del 2012 la Reforma tanto por razones de inconstitucionalidad como de oportunidad y conveniencia. Sin embargo, una decisión de la propia expresidenta fue la que se trajo abajo el levantamiento de Luis Guillermo Solís.
En mayo del 2013, la entonces mandataria emitió el acuerdo DP-0316-2013, en el que comunicaba a los diputados que retiraba el veto por razones de constitucionalidad, para dar campo a la negociación política en el Congreso. Ese acuerdo fue el que hoy los magistrados se trajeron abajo y, con él, el levantamiento del veto por parte de Solís.
El actual diputado de Alianza Demócrata Cristiana, Mario Redondo, impugnó ese acuerdo dentro de la misma acción de inconstitucionalidad contra la decisión de Solís. Y, por cuatro votos contra tres, la Sala IV invalidó esa decisión de Chinchilla, en el tanto ella no podía retirar el veto en su parte de objeciones constitucionales.
En un comunicado de prensa, la Sala IV expuso las razones de los magistrados para anular el acto de Chinchilla y, en consecuencia, el de Solís de diciembre pasado:
-El magistrado Ernesto Jinesta consideró que el levantamiento de veto no es una potestad constitucional que tenga el presidente de la República. La figura no puede aplicarse porque violenta los principios de prohibición del exceso, seguridad jurídica y legalidad constitucional, dijo.
-Paul Rueda argumentó que el levantamiento de este veto careció de una justificación técnica jurídica, por lo que violentaría el principio constitucional de prohibición de la arbitrariedad.
-Nancy Hernández y Fernando Salazar avalaron la tesis de la Procuraduría General de la República, en el sentido de que se obvió lo que establece el artículo 128 de la Constitución cuando un proyecto es vetado por razones de inconstitucionalidad. En estos casos, dicen estos dos magistrados, los diputados tenían dos opciones a la hora de recibir el texto vetado por Chinchilla: aceptar el veto y prescindir de la parte vetada; o enviarlo a la Sala Constitucional para que resolviera la eventual inconstitucionalidad en un mes, lo que no ocurrió.
Calle 13 bis. En el caso de la calle 13 bis para los artesanos, los magistrados anularon el levantamiento del veto por mayoría de cinco contra dos votos. Consideraron que el presidente Solís tomó la decisión aunque ya se había vencido el plazo de cuatro años que el Reglamento de la Asamblea Legislativa establece para la vida de un proyecto de ley.
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Sobre el plazo en el caso de la Reforma Procesal Laboral, los magistrados sí consideraron que el proyecto estaba dentro del período cuatrienal de discusión legislativa.
En la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) dijeron al mediodía que no darían declaraciones, sino hasta el lunes.