El mandatario Luis Guillermo Solís anunció esta mañana, en Casa Presidencial, su decisión de levantar el veto a la Reforma Procesal Laboral que establece las herramientas para que los procesos judiciales entre patrono y empleado sean orales y permite que se realicen huelgas en servicios básicos esenciales, como los que prestan hospitales y la Policía.
Sin embargo, junto con el levantamiento del veto, el Presidente emitirá la próxima semana un decreto que impida las huelgas en servicios básicos.
Con el mismo, lo que se busca es reglamentar el párrafo segundo del artículo 382 de la misma reforma, que define cuáles empresas e instituciones requieren presentar con 30 días de antelación, un plan que asegure la prestación mínima de sus servicios para poder irse a paro, con la previa autorización de un juez.
No obstante las leyes están sobre los decretos por lo que sectores como el PUSC y Alianza Demócrata Cristiana califican de absurdo el hecho de que el Presidente quiera enmendar con una norma de menor rango lo relativo a las huelgas en servicios esenciales.
La ley 15.990 de 138 páginas será publicada este mismo viernes en el diario ofical La Gaceta, y entraría en vigencia en mayo del 2016.
La decisión fue anunciada por el mandatario junto con el ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez; el ministro de Trabajo, Víctor Morales; el ministro a.i. de Justicia, Víctor Barrantes; el primer vicepresidente, Helio Fallas, y la jefa de la fracción del PAC, Emilia Molina.
"Hoy estamos dando un paso transcendental para nuestra legislación laboral... nuestros hijos nos lo agradecerán", señaló Solís al hacer el anuncio.
La exmandataria Laura Chinchilla vetó la reforma procesal laboral en octubre del 2012, por considerar que es inconstitucional que una ley permita el llamado a huelga en servicios básicos esenciales.
Tras conocer la decisión de Solís, Chinchilla dijo en su cuenta en Facebook que lamentaba "profundamente" la medida.
"Con esta decisión, el actual Gobierno escogió beneficiar a los sindicalistas del sector público antes que a los ciudadanos usuarios de los servicios públicos", expresó la expresidenta.
El Frente Amplio ha presionado para que Solís tome una decisión favorable al plan. El Partido Unidad Social Cristiana exigió al Gobierno no aprobar iniciativa y advirtió de que retiraría su apoyo político al Partido Acción Ciudadana en la Asamblea Legislativa.
Alegaron plazo. El argumento del Ejecutivo es que mañana vence el segundo plazo de cuatro años para tramitar el proyecto de ley 15.990, Ley de Reforma Procesal Laboral, vetada por Chinchilla.
Discurso completo de Luis Guillermo Solís.
Para evitar que ese plazo venza, el Gobierno intentó consolidar los votos de 38 legisladores requeridos para aprobar una moción de extensión del plazo cuatrienal por un nuevo periodo y a la vez promover una vía rápida para varias enmiendas a la ley.
El jueves anterior, el ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, y el diputado de confianza del presidente Solís, Víctor Morales Zapata, hicieron un último intento de reunir esos 38 votos.
Sin embargo, una vez más el Partido Liberación Nacional (PLN) le negó a Zapote sus votos para extender el plazo, según informó Morales, pues esa bancada pide que se prohíban las huelgas en servicios esenciales, entre otros cambios al plan vetado.
La Nación publicó ayer que el Ejecutivo no está obligado a tomar una decisión sobre el veto al Proyecto de Ley de Reforma Procesal Laboral antes del sábado, pues las mociones al proyecto impedirían que se archive. Tanto el asesor legislativo Edel Reales, como la subdirectora del Departamento de Servicios Técnicos, Natasha Morales, y la directora a. í . de la División Legislativa, Gloria Valerín, coinciden en este detalle y citan el artículo 119 del Reglamento legislativo. Esa norma exige presentar una moción antes de que se venza el plazo cuatrienal a los proyectos, si hay interés en que los textos continúen con vida.
Representantes del sector productivo señalaron que la situación del país empeorará, pues la decisión del Gobierno genera mayor inestabilidad. Así lo mencionó el presidente de la Cámara de Comercio, Francisco Llobet.