EscucharEl presidente Rodrigo Chaves criticó a los diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) por impulsar una ley que tanto él como la fracción de gobierno acordaron respaldar y votar afirmativamente.
Se trata de una reforma a la Ley de impuesto a las personas jurídicas, que fue avalada de forma unánime por el Congreso. La iniciativa incrementa los porcentajes de la recaudación del tributo que se dirigen al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Dirección General de Adaptación Social, entidad que administra las cárceles del país.
Actualmente, el OIJ recibe un 5% de los fondos. El mismo porcentaje va para Adaptación Social. No obstante, la reforma aprobada estipula que la Policía Judicial ahora recibirá un 15% del dinero percibido y Adaptación Social, un 10%.
Mientras tanto, la partida asignada al Ministerio de Seguridad Pública se reducirá del 90% a un 75% de la recaudación.
“Nosotros dijimos: ‘¡Qué bandidos los proponentes de esta ley!’ Le van a quitar plata al Ministerio de Seguridad Pública para dárselo al OIJ. Y aún así, acordamos votar positivamente esa ley. Doña Pilar (Cisneros) y los otros miembros de la fracción oficialista la votaron a favor”, expresó el mandatario.
Randall Zúñiga: ‘No hay merma de recursos’
Randall Zúñiga, director del OIJ, dijo que no habría merma en los recursos asignados al Ministerio de Seguridad porque el Ministerio de Hacienda nunca ha girado el 100% de los recursos a las instituciones, situación que ahora sí se corregiría con la reforma aprobada.
“Ha entregado un 60% o 65% de los recursos. El hecho de que esta ley, al decir taxativamente que se debe entregar el 100% de los dineros, va a incrementar el presupuesto para Seguridad Pública en ¢3.000 millones, lejos de disminuir en ¢2.800 millones”, indicó.
La fracción del PUSC expresó el mismo criterio que Zúñiga, descartando que se vaya a generar una reducción en los recursos de Seguridad.
“De manera contundente, rechazamos las afirmaciones del presidente de la República y del ministro de Seguridad (Mario Zamora). En buena hora que este proyecto, aprobado por una unanimidad de todas las fracciones, logró avanzar para que Costa Rica pueda tener más recursos para combatir la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado”, apuntó la bancada.
Por otra parte, Chaves acusó a los legisladores de “desvestir al santo pobre, para vestir con más lujos al santo rico”. Aseguró que el OIJ paga ¢34 millones al año por funcionario, mientras que la Fuerza Pública gasta ¢18 millones.
Sobre las diferencias, el director del OIJ declaró que el Organismo tiene un componente técnico-científico que le diferencia de otras labores que realiza la Fuerza Pública. Para estas actividades, incluso, se contrata personal con doctorados o maestrías, dijo.
Zúñiga agregó que los gastos también se incrementan por lo oneroso de los equipos que se deben adquirir para realizar las pesquisas y operaciones propias del OIJ. A modo de ejemplo, señaló que una mesa para realizar una autopsia cuesta un estimado de ¢80 millones.
En conferencia de prensa, Chaves continuó con sus críticas. “Nosotros aprovechamos esto para decirle al OIJ: ‘Déjense de excusas’. Para decirle al Poder Judicial: ‘No digan que les falta plata’. Dejen de andar haciendo trabajo de policía administrativa y pónganse a hacer investigaciones.
“No digan que no tienen plata y metan a la cárcel, construyendo casos robustos, a los que están matando gente en este país”, manifestó el presidente.
El director del OIJ rechazó que la Policía Judicial haya puesto excusas para la resolución de homicidios.
“Hemos mantenido una resolución de casos bastante importante. El año pasado se dieron 900 homicidios y ya se han sacado 450 de estos casos, de los cuales se han resuelto el 70%”, aseguró el funcionario.
El ministro de Seguridad, Mario Zamora, también acusó a los parlamentarios de recortar el presupuesto en ¢2.800 millones “que pueden impactar e influir en la prestación del servicio público”.
