Rodolfo Piza, ministro de la Presidencia y coordinador de una mesa de diálogo encargada de atender los problemas del Pacífico central, dejó claro que no se involucrará en la discusión sobre la posibilidad de revivir las licencias de pesca de arrastre.
Como titular de la Presidencia, Piza también es delegado de gobierno para el Pacífico Central. Tiene la misión de desarrollar grandes inversiones en la región, así como proyectos menores para aliviar los problemas que día a día aquejan a las comunidades de esa región.
“Me parece que, particularmente, en cuanto al tema de la zona Pacífico Central, yo estaré concentrado en los temas que no tienen que ver con esa controversia”, dijo esta tarde el titular de la Presidencia.
Piza emitió el criterio en Casa Presidencial, al tiempo que explicó que el Poder Ejecutivo tampoco es parte de la discusión en el Congreso sobre el proyecto de ley que habilitaría en el país la pesca de arrastre de camarón.
Las declaraciones de Piza sintonizan con lo que él mismo manifestó hace dos semanas, cuando un grupo de pescadores protestó frente a Casa Presidencial en contra de la aplicación del impuesto del valor agregado (IVA) a algunos de sus productos.
Los manifestantes exigían mayor atención ante los problemas de empleo que tienen en sus respectivas zonas, según alegaron, por las restricciones a la pesca de arrastre dictadas por la Sala Constitucional en el año 2013.
En esa ocasión, el jerarca aseguró que la pesca no era una actividad exclusiva del Pacífico Central, porque también se desarrolla en el Pacífico Sur, y en las provincias de Guanacaste y Limón.
Añadió que las quejas del sector por la aplicación del IVA debían ser atendidas por Hacienda en colaboración con el Ministerio de Agricultura.
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Este martes, cuando La Nación le consultó si el gobierno le daba un respaldo político al proyecto de ley que reviviría la pesca de arrastre, Piza dejó claro que el Ejecutivo no está involucrado en esa discusión.
“El Poder Ejecutivo no participa de ese proceso. Yo, particularmente, he señalado que ese es un tema que resolvió la Sala Constitucional y que depende, de acuerdo con esa sentencia, de estudios técnicos y de lo que decidan los diputados de la República”, justificó Piza.
“Me parece que, en cualquier caso, es un tema competencia del Instituto Costarricense de Pesca (Incopesca) y por supuesto del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) junto con el Ministerio de Ambiente (Minae). Ellos serán los que harán los comentarios sobre cualquier proyecto de esa naturaleza”, añadió.
En agosto del 2013, la Sala IV prohibió al gobierno emitir nuevas licencias de pesca de arrastre al concluir que la técnica le causa un grave daño al ambiente.
Posteriormente, en el 2018, los magistrados de la Sala concluyeron que las licencias de pesca de arrastre de camarón solo se pueden otorgar mediante una ley de la República.
Tras la protesta de los pescadores frente a la Presidencia, la cual terminó con una irrupción en el perímetro de seguridad de Casa Presidencial, 43 diputados aprobaron aplicarle el procedimiento abreviado al expediente legislativo 21.478.
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Esa iniciativa permitiría la pesca de arrastre de camarones, siempre y cuando las redes excluyan fauna de acompañamiento y sea en áreas permitidas por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca).
De igual forma, la propuesta establece dos tipos de licencia, una a nivel semiindustrial solo para el Pacífico y otra a pequeña escala para el Pacífico y el Caribe.
Asimismo, el texto ordenaría a la banca estatal y a la Banca para el Desarrollo asistir al sector pesquero en procesos de mejora de la producción, renovar embarcaciones y promoción de tecnologías amigables con el ambiente.
