La sentencia de la Sala IV, que otorgó un plazo de 18 meses para que entre en vigencia el matrimonio igualitario, estuvo precedida por un camino lleno de escollos para los promotores de los derechos de las personas homosexuales.
Marzo de 1994
En marzo de 1994, la abogada Rita Maxera planteó públicamente la posibilidad de que los grupos LGBT pidieran la nulidad del artículo 14 del Código de Familia, el cual prohibía que personas del mismo sexo contraigan matrimonio.
Así lo reseña un artículo publicado por el investigador de la UCR, José Jiménez Bolaños, denominado Matrimonio Igualitario en Costa Rica: los orígenes del debate 1994-2006
Entonces, algunos grupos de activistas cuestionaban si las personas sexualmente diversas realmente requerían y deseaban acceso al matrimonio.
En la década de los 80, se había empezado a crear las primeras asociaciones de personas homosexuales y se organizaron los primeros congresos, manifestaciones y festivales.
Octubre de 2001
Durante la campaña electoral previa a las elecciones del 2002, la revista Gayness organizó un debate entre los candidatos y les preguntó si consideraban discriminatorios los artículos del Código de Familia que prohibían las uniones de personas del mismo sexo.
Estaban presentes Abel Pacheco, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Otto Guevara, del Movimiento Libertario; Vladimir de la Cruz, de Fuerza Democrática; Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC), y Sandra Piszk, candidata a la vicepresidencia del Partido Liberación Nacional (PLN).
Solamente Pacheco dijo que estaba anuente a solucionar la distinción, ganándose fuertes críticas a nivel de opinión pública. Finalmente, envió una carta al arzobispo de San José negando que apoyara la causa.
Diciembre de 2001
En diciembre del 2001, Ana Virginia Calzada, quien entonces fungía como magistrada de la Sala Constitucional, dijo en una entrevista con el semanario El Financiero que no creía que en el país se fuera a aprobar el matrimonio igualitario.
“En nuestra legislación no podría darse nunca la unión de dos personas del mismo sexo porque, según nuestro concepto cultural y religioso del matrimonio, este se realiza entre un hombre y una mujer, y solo así se pueden adoptar niños”.
“Eso está lejos de reconocerse. Creo que una familia sería más fácil que se reconozca socialmente, pero no legalmente”, aseguró.
Julio de 2003
En julio del 2003, el abogado Yashin Castrillo interpuso una acción de inconstitucionalidad contra el inciso 6 del artículo 14 del Código de Familia, luego de que el Juzgado de Familia de Alajuela rechazara la solicitud que hizo para casarse con un hombre.
Setiembre de 2003
Dos meses después, el procurador general de la República, Farid Beirute, le solicitó a la Sala IV que rechazara la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Castrillo.
Beirute argumentó que “la Constitución recoge un concepto de matrimonio muy puntual y exclusivo: el heterosexual y monogámico”.
Abril de 2006
En abril del 2006, los diputados Lilliana Salas Salazar y Gloria Valerin Rodríguez, del Partido Unidad Social Cristian (PUSC), en conjunto con Rodrigo Alberto Carazo Zeledón y Teresita Aguilar Mirambell, del Partido Acción Ciudadana (PAC), presentaron el proyecto de ley 16.182, el cual extendía el concepto de “unión de hecho” a las parejas formadas por personas del mismo sexo.
En octubre de ese mismo año, se presentó otra iniciativa para normar las uniones civiles de las parejas homosexuales. Desde entonces se han presentado múltiples iniciativas similares.
Mayo de 2006
En mayo del 2006, la Procuraduría acudió en audiencia ante la Sala IV, por la acción de Castrillo, y reiteró su oposición a que se le permitiera a las parejas homosexuales contraer matrimonio.
El ente consideró que solo se podía hacer un cambio en la naturaleza del matrimonio por medio de una reforma de Ley y no a través de un criterio de constitucionalidad.
Finalmente, la Sala Constitucional declaró sin lugar la acción de inconstitucionalidad presentada por Castrillo, con cinco votos en contra de que se aprobara el matrimonio entre homosexuales.
Los otros dos magistrados que pertenecían a la Sala, Adrián Vargas Benavides y Ernesto Jinesta Lobo, se pronunciaron a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo.
Marzo del 2009
El abogado Yashin Castrillo volvió a presentar una acción de inconstitucionalidad, esta vez contra el artículo 242 del Código de Familia, el cual establece que las uniones de hecho pueden existir “entre un hombre y una mujer”.
Castrillo solicitó a la Sala IV que se eliminara del artículo la frase “entre un hombre y una mujer” para sustituirla por “entre personas”.
Mayo del 2009
Dos meses después, la Sala Constitucional rechazó la segunda acción de inconstitucionalidad interpuesta por Castrillo.
Junio del 2009
En junio del 2009, se celebró la primera marcha de la diversidad en Costa Rica. Acudieron unas cuantas decenas de personas, quienes marcharon por San José. Desde entonces, el evento se ha repetido a lo largo de los años, logrando convocatorias multitudinarias.
Agosto de 2008
En agosto del 2008, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) dio curso a dos solicitudes para llevar a un referendo nacional la decisión de legalizar o no las uniones entre personas homosexuales, luego de que sus magistrados no encontraran en los planteamientos “obstáculos de admisibilidad”.
La iniciativa de realizar la consulta popular la tuvieron los abogados Alexandra Loría Beeche, Jorge Fisher Aragón, Gustavo Edwards Valerín y Cleto Lacey Lacey. Preliminarmente, el TSE planeó que el referendo se realizara el 5 de diciembre del 2010.
Diciembre de 2008
Mientras se recogían firmas para el referendo, tres diputados presentaron el proyecto de ley de sociedades de convivencia, el cual intentaron impulsar en lugar de la iniciativa de unión civil que se discutía en ese momento, como una medida para evitar cualquier semejanza con los contratos matrimoniales civiles.
La idea de los entonces legisladores Ana Helena Chacón, de la Unidad Social Cristiana; José Merino, del Frente Amplio; y Carlos Gutiérrez, del Movimiento Libertario; era que las parejas conformadas por personas del mismo sexo pudieran adquirir derechos y deberes, basados en su convivencia.
Agosto de 2010
En agosto del 2010, la Sala IV anuló, por discriminatoria, la posibilidad de realizar un referendo para que la ciudadanía aprobara o rechazara las uniones civiles entre personas del mismo sexo.
Cinco de siete magistrados concluyeron que los derechos de una minoría no pueden ser sometidos a la decisión de la mayoría.
Mayo de 2012
Rechazado el referendo, el entonces diputado de Renovación Costarricense, Justo Orozco, resultó electo presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, en donde se discutían los proyectos para legalizar las uniones gais.
La designación desató críticas entre los sectores que abogaban por la legalización, pues Orozco siempre se opuso rotundamente.
Mayo de 2015
En mayo del 2015, el gobierno de Luis Guillermo Solís emitió un decreto ejecutivo que prohibió la discriminación hacia la población lésbico, gay, bisexual, transgénero e intersexual (LGTBI) en las instituciones públicas.
Junio de 2015
Un mes después, el Juzgado de Familia de Goicoechea reconoció la unión de hecho de Cristian Zamora y Gerald Castro. Ellos iniciaron el proceso de 2013, luego de que se les negara acceder a un crédito como pareja.
Los recurrentes acudieron al juzgado luego de que el 1.° de julio de ese año, 45 diputados aprobaron una reforma a la Ley General de la Persona Joven. En el inciso 4 de esa normativa, se incluyó un texto que reconoce las uniones de hecho “sin discriminación contraria a la dignidad humana”.
Pocos días después, el caso llegó a la Sala IV, debido a que se presentó una acción de inconstitucionalidad.
Mayo de 2016
Menos de un año después, la entonces vicepresidenta de la República, Ana Helena Chacón, envió una solicitud de opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
La funcionaria preguntó a la Corte IDH si la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) protege el derecho a cambiar de nombre, según la identidad de género; así como si tutela los derechos patrimoniales de las parejas homosexuales.
Junio de 2016
Un mes después, la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobó la extensión del beneficio de pensión por muerte a las parejas del mismo sexo.
Después, la medida se emuló para los regímenes del Ministerio de Hacienda, el Registro Nacional, el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y los del Magisterio Nacional.
Enero de 2018
A principios de este año, a raíz de la consulta del gobierno de Luis Guillermo Solís, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó a Costa Rica garantizarles a las parejas del mismo sexo todos los derechos existentes en la legislación, incluido el derecho al matrimonio, sin discriminación alguna frente a las parejas heterosexuales.
Los altos jueces interamericanos también resolvieron que las personas trans tienen derecho de acceder a un trámite expedito y gratuito para cambiar su nombre de acuerdo con su identidad autopercibida.
Mayo de 2018
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) anunció que continuaría recibiendo las solicitudes de inscripción de matrimonios gais, sin dar por terminado el trámite, a la espera de que la Sala IV esclareciera si estas uniones se aceptarán.
Agosto del 2018
La Sala IV declaró con lugar acciones de inconstitucionalidad contra los artículos que prohíben el matrim
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onio homosexual y la unión de hecho homosexual.