Rebeca Madrigal Q.. 19 enero
Durante la huelga contra la reforma fiscal, ofrecieron una conferencia dirigentes sindicales como Gilberth Díaz, Martha Rodríguez, Luis Chavarría, Albino Vargas, Mélida Cedeño, Roblin Apú, Carmen Brenes, Juan De Dios Cordero, Gilberto Cascante, Edgardo Morales, Lenin Hernández y Mario Rojas. Fotografía: José Cordero
Durante la huelga contra la reforma fiscal, ofrecieron una conferencia dirigentes sindicales como Gilberth Díaz, Martha Rodríguez, Luis Chavarría, Albino Vargas, Mélida Cedeño, Roblin Apú, Carmen Brenes, Juan De Dios Cordero, Gilberto Cascante, Edgardo Morales, Lenin Hernández y Mario Rojas. Fotografía: José Cordero

La aprobación de la reforma a huelgas en el Congreso dejó ver fricciones entre los sindicatos del sector público.

El 16 de enero, día del segundo y último debate legislativo sobre el proyecto, Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), responsabilizó a ocho de sus colegas por la reforma.

“No podré olvidar nunca a los sindicalistas que pactaron la entrega del derecho humano de huelga: ANDE-Bussco: Gilberto Cascante y Carmen Brenes; APSE: Mélida Cedeño y Roblin Apú; Rerum Novarum-SEC: Mario Rojas Vilchez, Gilberth Díaz y Edgardo Morales; y la CMTC: Olman Chinchilla”, escribió en un tuit publicado en su cuenta personal.

Tres de esos sindicatos son del sector educativo. Se trata de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), la Asociación de Profesores de Segundo Enseñanza (APSE) y el Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC).

Los otros son la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum y la Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC).

En respuesta a las declaraciones de Albino Vargas, la sindicalista Mélida Cedeño manifestó: “Lo que él dice es una gran mentira... Está mintiendo porque no entregamos, ni negociamos, ni pactamos el derecho a huelga”.

Aunque Albino Vargas no dijo por qué responsabiliza a estos dirigentes, entre los nombres aludidos se encuentran quienes firmaron un acuerdo con el presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Ricardo Benavides, para excluir a la educación de la categoría de servicio esencial, donde las huelgas ahora se considerarán ilegales.

El acuerdo consistió en dar la educación la categoría de servicio estratégico, en el que se permitirán huelgas de hasta 21 días naturales consecutivos o 10 días naturales discontinuos.

Acuerdo con las firmas de los sindicalistas.
Acuerdo con las firmas de los sindicalistas.

Dicho acuerdo quedó en firme en agosto del año del 2019 y participaron en él Cascante, Cedeño y Díaz.

Al respecto, la expresidenta de la APSE recordó que Albino Vargas acudió a las reuniones con la representación legislativa, pero se retiró sin dar explicaciones.

Insistió, además, en que ese acuerdo no supuso un aval a la reforma a la regulación sobre huelgas.

Por su parte, Mario Rojas, secretario general de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, indicó que no se referirá a las declaraciones de Albino Vargas.

No fue posible contactar a Díaz ni a Cascante para que se refirieran a esta publicación.

La reforma a las huelgas fue impulsada en el Congreso por el diputado Benavides luego de la extensa huelga contra la reforma fiscal, la cual se prolongó por más de tres meses en la educación, por ejemplo.

El proyecto implica que, cuando una huelga empiece, se suspende el pago de salarios como también se suspenden las labores.