En los primeros seis meses del 2021, la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) gastaron más de ¢200.000 en incentivos por cada ¢100.000 destinados a salarios base, en el pago de sus remuneraciones.
Estos datos los dio a conocer un informe de la Contraloría General de la República, el pasado 31 de agosto, el cual evalúa las desigualdades en las relaciones entre pluses y salarios base en el sector público.
En el sector público en general, la relación es la siguiente: ¢101.400 en incentivos por cada ¢100.000 en remuneración base.
“Este indicador históricamente ha presentado diferencias entre los sectores institucionales y dentro de los grupos en sí, situación que se mantiene al mes de junio 2021″, advirtió la Contraloría.
“Las disparidades en las estructuras salariales, que se han mantenido durante varios años, evidencian la necesidad de ordenar y homologar los esquemas remunerativos de tal manera que el Estado logre pagar igual salario por el mismo trabajo realizado”, añade el informe.
En ese contexto, la Contraloría explica que las mayores disparidades se encuentran en las instituciones descentralizadas y en las empresas públicas no bancarias.
El caso más fuerte es el del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), que paga ¢205.000 en pluses por cada ¢100.000 en salarios base a sus funcionarios.
Le siguen la UCR y Recope, con poco más de ¢202.000 y ¢201.000, así como el Consejo Nacional de Rectores (Conare), con ¢200.000.
De las instituciones que conforman el Gobierno Central, la Defensoría de los Habitantes, la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial registraron la mayor relación entre incentivos y remuneraciones base entre enero y junio, con ¢190.000, ¢158.000 y ¢152.000, respectivamente.
En cambio, en los ministerios la media es de ¢106.600.
Otra de las instituciones con alto gasto en incentivos es es la Junta de Protección Social (JPS), con ¢186.000 por cada ¢100.000.
También, sobresalen el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), con ¢133.100, y el Instituto Nacional de Seguros (INS), ¢124.200.
En el sector municipal, la relación es muy baja a nivel general: ¢65.000 en pluses por cada ¢100.000 en salarios base, pero los ayuntamientos de Cartago, Belén y Montes de Oca presentan comportamientos fuera del promedio, con cifras superiores a los ¢100.000.
Según la Contraloría, al comparar este indicador con el dato del primer semestre de 2020 y al cierre del año, se observa una disminución en la mayoría de las instituciones cubiertas por el Presupuesto Nacional.
Los únicos ministerios que no mostraron rebajas fueron los de Presidencia, Ambiente y Energía así como Obras Públicas y Transportes.
En el caso del Tribunal Supremo de Elecciones, a pesar de mostrar un valor similar al promedio del Gobierno, evidenció crecimientos en esta variable tanto en 2020 como en el 2021.
A nivel general, la Contraloría concluyó que cada grupo institucional presenta una disminución frente al promedio del periodo 2015-2020, pero aun así, sostiene los esquemas salariales actuales impiden la igualdad salarial.
Actualmente, se tramita en la Asamblea Legislativa un proyecto de reforma al empleo público, el cual introduciría el esquema de salario global, en el que no existirían los pluses, sino categorías salariales para cada puesto.
Si bien la Sala IV avaló la introducción de este esquema, las instituciones con autonomía o independencia fijarán sus propias escalas, sin estar sujetas a la rectoría del Gobierno. Tal es el caso del Poder Judicial, las universidades, el TSE, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y las municipalidades.
Para el primer semestre de 2021, las partidas de incentivos y salarios base alcanzaron casi el 77% del gasto ejecutado en remuneraciones en el sector público.
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Reforma fiscal muestra resultados
Por otra parte, en los primeros seis meses del 2021, el gasto en remuneraciones en el sector público llegó a ¢2,9 billones, monto mayor en ¢13.800 millones con respecto al primer semestre del 2020, lo que equivale a un 0,5% de crecimiento.
Sin embargo, la cifra crece con menor dinamismo si se compara con los años anteriores, gracias principalmente a la reforma fiscal que impuso frenos a los incentivos, así como a una ley que impidió a los funcionarios sumar nuevas anualidades durante el 2021 y el 2022.
Por ejemplo, para este periodo, se registró una disminución de ¢9.586 millones en la subpartida de incentivos salariales total.
“En este caso, el comportamiento es contrario a la tendencia de crecimiento observada en los últimos cinco años, cuya variación promedio es de ¢30.793 millones (2,9%)”, señaló la Contraloría.
A nivel institucional, el Banco Nacional (BN) y la UCR presentaron las mayores reducciones en este rubro, con disminuciones de ¢4.388 millones y ¢2.157 millones respectivamente.