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Los jefes de los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC) y Frente Amplio (FA) pidieron al resto de bancadas crear una mesa de trabajo para ajustar el proyecto de ley que permitirá secuestrar capitales carentes de origen lícito aparente.
Una de las discusiones tiene que ver con el valor de los capitales que se podrían perseguir, pues el texto actual habla de bienes superiores a los $50.000. Varios partidos abogan por permitir el secuestro de bienes con un valor menor.
Por su parte, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) considera que la potestad de pedir el secuestro debe ser exclusiva del Ministerio Público y no de otras tres instituciones designadas en el proyecto de ley: la Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). Las dos últimas dependen del Poder Ejecutivo.
Se trata del expediente 22.834, que busca modificar la función de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para capturar estos recursos,
El proyecto fue aprobado en el plenario legislativo el lunes 13 de mayo, con el acuerdo de las fracciones de devolverlo, al día siguiente, al trámite anterior a la votación en primer debate, para hacer modificaciones de fondo en el texto.
Han pasado dos semanas sin que se haya definido una moción para ajustar el texto y, tal como advirtió la jefa del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), María Marta Carballo, nadie ha asumido el liderazgo de esa negociación para solucionar el asunto.
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El proyecto empezó su trámite en el Congreso desde el gobierno de Carlos Alvarado y todavía no ha logrado su aprobación en el parlamento, a pesar de que se considera una alternativa más viable que el método de la extinción de dominio, para perseguir los capitales ilícitos.
Los capitales que surjan sin causa lícita aparente podrían incluir propiedades, autos de lujo o dinero en cuentas bancarias, que serían inmovilizados, para obligar a sus propietarios a justificar el origen de sus bienes.
Entre las medidas que se podrían imponer están la anotación y la inmovilización registral de bienes muebles e inmuebles, así como el congelamiento de instrumentos financieros.
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La reforma permitiría secuestrar bienes a nombre de funcionarios públicos, personas particulares o personas jurídicas, pero se autorizaría solamente sobre bienes obtenidos en un plazo menor a diez años.
“Debemos definir nosotros fecha y hora para esa mesa de trabajo, ya pasó semana y resto, pero nadie ha tomado la batuta”, dijo Carballo en la reunión de jefes de fracción del juevez pasado.
Al clamor de la socialcristiana se unió el jefe del Frente Amplio, Antonio Ortega, pues consideró que ha quedado en el aire quién se va a encargar de impulsar el acuerdo político sobre el proyecto de ley.
Este es uno de los 10 proyectos de ley para el combate a la creciente criminalidad que impulsó la mesa de trabajo integrada por representantes de los tres poderes de la República y la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.
Luego del reclamo de los legisladores, el presidente del Congreso, Rodrigo Arias Sánchez, prometió encomendar al nuevo presidente de la Comisión de Seguridad, Gilberth Jiménez, la coordinación de esa mesa de trabajo a la brevedad.
