Luego de que junto al PLN rechazó un crédito de ¢155.000 millones del BID con bajos intereses, en diciembre, ahora el PUSC considera que el Gobierno debió pedir un préstamo en condiciones blandas para la compra de vacunas contra el covid-19.
Así lo dijo la diputada socialcristiana, María Inés Solís, a la TV Legislativa este martes, minutos antes de que la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa comenzara el trámite del Primer Presupuesto Extraordinario del 2021, el cual solicita autorización parlamentaria para endeudarse en el mercado local y comprar un millón de vacunas por ¢40.500 millones.
Consultada por su opinión sobre ese presupuesto, la congresista criticó que el Poder Ejecutivo recurra a emitir bonos de deuda interna y no haya negociado, en los primeros días de enero, algún financiamiento en condiciones favorables para adquirir ese medicamento contra el coronavirus.
“Lo preocupante de esto es que la única opción que presenta el Gobierno es tomarlos de autorización de deuda. Hay que revisar bien ese detalle. Es muchísimo dinero. El Ejecutivo debería esforzarse un poquito más y buscar otras fuentes de financiamiento”, alegó.
Solís añadió que ellos, los diputados, han visto “cómo hay varios organismos internacionales financiando este punto en específico” con tasas “tan beneficiosas”.
“La opción de traerlo a la Comisión de Hacendarios el presupuesto y decir que lo capta de deuda y ya, es posiblemente vagabundería. Empezó el año con pereza, el Gobierno. ¿Por qué no estuvo negociando, las primeras semanas, con los organismos internacionales que están dispuestos y ofreciendo a los países fuentes de financiamiento a tasas del 1% o 2%, y no a tasas de dos dígitos, como se estaría captando en el mercado interno?”, arguyó la socialcristiana.
No obstante, la legisladora socialcristiana fue una de las principales opositoras a que el plenario del Congreso aprobara, antes de irse los diputados a vacaciones, en diciembre, un préstamo de condiciones blandas con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por $250 millones.
Ese crédito tenía una tasa del 2,8% y se daba en un solo desembolso, con un plazo de amortización de siete años y un periodo de gracia de tres años.
El principal objetivo del préstamo era contrarrestar los impactos económicos causados por la pandemia de la covid-19 en el país, pero por ser financiamiento de emergencia, debía aprobarse en el plazo de 180 días a partir de la firma del contrato.
Ese plazo se vencía el 6 de enero, fecha en que aún los congresistas estaban de vacaciones, luego de haber adelantado dos días su receso de fin de año.
Aunque el plenario intentó tres veces que se dispensara de trámites el expediente 22.131, para tramitarlo allí, diputados de Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana, partidos minoritarios y legisladores independientes se opusieron.
María Inés Solís negó que el presupuesto para vacunas vaya a tener oposición, pues añadió que “¿quién va a decir que no a la compra de vacunas?”, pero insistió en que le parece que el Gobierno solo busca la salida fácil y no “hizo el trabajo que debía hacer para buscar fuentes de financiamiento sin tasas que generen gasto tan fuerte en intereses”.