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Un proyecto de ley, que ya fue dictaminado positivamente en la Asamblea Legislativa, prohibiría que los jueces del Poder Judicial asuman cargos de ministro o presidente ejecutivo. La intención es evitar el fenómeno conocido como “puertas giratorias” entre poderes del Estado.
El expediente 23.150, presentado por el diputado liberacionista Geison Valverde en mayo del 2022, argumenta que este fenómeno es inconveniente para la independencia judicial.
“Que un juez de la República, aunque sea por un periodo de tiempo corto, asuma responsabilidades políticas perjudicará no solo su autoridad posteriormente, sino que también compromete el equilibrio de la administración de la justicia”, dice el proyecto.
La prohibición se extendería incluso a jueces que, mediante autorización, no estén ejerciendo sus cargos.
Además del dictamen afirmativo de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el planteamiento recibió el aval de la Procuraduría General de la República (PGR).
Sin embargo, la Procuraduría recomendó extender le prohibición a otras categorías de funcionarios del Poder Judicial, como los fiscales y miembros del OIJ.
“Su justificación se halla en el principio fundacional de imparcialidad del juez como funcionario público y se constituye en una garantía objetiva de la independencia judicial, constitucionalmente garantizada, con lo cual se protege el sistema de administración de justicia como un todo”, explicó la Procuraduría.
Sobre el proyecto en discusión, la Corte Suprema de Justicia respondió a la Asamblea Legislativa, en noviembre pasado, que omite pronunciarse alegando que “el texto consultado no se refiere a la organización o funcionamiento del Poder Judicial”.
Aunque el proyecto ingresó al plenario el 19 de abril, es una de las discusiones que está en pausa, pues la Asamblea Legislativa se encuentra en periodo extraordinario, meses en los que el Poder Ejecutivo tiene el control de la agenda.
La subjefa de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Alejandra Larios, destacó que es un proyecto presentado por un compañero de fracción y que ella apoya la propuesta. Sin embargo, explicó aún no se ha discutido el tema con sus demás compañeros.
PUSC en contra
Por su parte, el jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Alejandro Pacheco, aseguró que está en contra de la iniciativa, pues considera que, “para que el Poder Ejecutivo camine, necesitamos a la mejor gente y si la mejor gente está en el Poder Judicial, es importante que asuman las funciones”.
Cuestionado por el criterio de la PGR, el legislador agregó: “No creo que represente un peligro (...). La persona asumiría una investidura en otro poder para aportar lo mejor que tienen”.
El departamento de prensa del Frente Amplio se limitó a contestar que no tiene “monitoreado” el proyecto y que hasta agosto definirá su lista de prioridades. Mientras que la oficina del Partido Liberal Progresista (PLP) respondió que la próxima semana discutirán el tema en fracción.
Los partidos Nueva República (PRN) y el oficialista Progreso Social Democrático (PSD) no respondieron al cierre de edición.
Permisos y decisiones de la Corte Plena
Los funcionarios del Poder Judicial convocados por el gobierno para desempeñarse en el Poder Ejecutivo deben tener permiso de la Corte Plena, donde al menos 17 de los 22 magistrados deben estar a favor de que el funcionario cambie de puesto por un tiempo determinado, sin que pierda su plaza original.
Actualmente, algunos altos funcionarios de Gobierno proceden del Poder Judicial. Tales son los casos de Gerald Campos Valverde, ministro de Justicia y Paz, y Sergio Sevilla, viceministro de la misma cartera.
Ellos asumieron cargos en el Poder Ejecutivo sin perder su plaza como subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y fiscal coordinador y fiscal de juicio del Ministerio Público, respectivamente.
El lunes, la Corte Plena rechazó en primera votación que el fiscal adjunto del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, Edgar Ramírez, se convirtiera en el presidente del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y ministro de Niñez y Adolescencia.
Sin embargo, al igual que lo hicieron Campos y Sevilla, Ramírez puede optar por presentar un recurso de reconsideración, donde los magistrados volverán a votar si le conceden o no el permiso para trasladarse de poder.
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