San José
Un proyecto de ley que se discute en el Congreso permitiría a la Dirección General de Tributación levantar el secreto bancario de los contribuyentes sin necesidad de contar con el permiso de un juez.
El plan impondría una multa a los bancos que se nieguen a girarle la información a Tributación o que se la entreguen fuera de los plazos que se les otorgue.
El castigo oscilaría entre tres salarios base y un máximo de cien salarios base, dependiendo de los ingresos brutos de la entidad financiera.
La propuesta la presentó a la corriente legislativa el Partido Frente Amplio (FA) y cuenta con el apoyo del Gobierno, que lo convocó para su debate durante las sesiones extraordinarias de agosto. El texto se discute en la Comisión de Asuntos Hacendarios.
Los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC) y Liberación Nacional (PLN) votaron en contra del informe de subcomisión que recomendó el avance del proyecto.
El texto reformaría el artículo 106 ter del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. El director general de Tributación firmaría los requerimientos de levantamiento del secreto bancario, sin embargo, este alto funcionario podrá delegar la firma de la solicitud en algún otro funcionario. Actualmente, esa posibilidad está reservada para el director.
Según la nueva redacción del artículo 106 ter que propone el FA, se autorizaría a Tributación a realizar requerimientos "automáticos y periódicos no individualizados". Esto implicaría que las solicitudes se darían cuando Hacienda lo crea pertinente e, incluso, sobre varios contribuyentes en el mismo acto.
El Ministerio de Hacienda y la Contraloría General avalan el proyecto. Sin embargo, los bancos Nacional (BN), de Costa Rica (BCR) y Bancrédito lo calificaron de inconstitucional por pretender eliminar el secreto bancario para efectos tributarios y porque consideran como "muy onerosa" la multa que se les impondría en caso de negarse a girar la información sobre sus clientes.
El secreto bancario está regulado por el artículo 24 de la Constitución Política que garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones.
Ese artículo establece que la Ley fijará los casos en que los funcionarios del Ministerio de Hacienda y de la Contraloría General de la República podrán revisar los libros de contabilidad con fines tributarios y para fiscalizar el correcto uso de fondos públicos.
Actualmente, para levantar el secreto bancario con fines de fiscalización o de auditoría tributaria, Hacienda está obligada a solicitar esa acción a un Tribunal Contencioso Administrativo, el cual decidirá si corre el velo de privacidad de un contribuyente.
La legislación también obliga a Tribunación a incluir en su solicitud detalles como el motivo por el que pide el acceso a la información privada, los hechos que motivaron el proceso de fiscalización y la justificación de por qué la información bancaria es pertinente para efectos tributarios. Con la reforma, todos esos requisitos desaparecerán.
Diputado del PUSC alega que el FA lo indujo a error
El texto que permitiría a Hacienda levantar secretos bancarios sin orden judicial lo aprobaron en una subcomisión de la Comisión de Hacendarios diputados del Frente Amplio (FA), de Renovación Costarricense y del PUSC. No obstante, el socialcristiano Jorge Rodríguez alega que el FA lo indujo a error.
Según José Ramírez, diputado del FA que coordinó la subcomisión que recomendó la aprobación del proyecto, actualmente la ley permite a Hacienda obtener información bancaria de manera ágil si otros países la solicitan, por lo que este proyecto equipararía esa facultad a nivel local.
"El presente proyecto de ley constituye un avance en tanto fortalece las capacidades de la Administración Tributaria para ejercer actividades de control sobre la información requerida de las entidades financieras. Desjudicializar el requerimiento de información de trascendencia tributaria a entidades financieras es un paso fundamental en la agilización y eficiencia de este proceso" se lee en el informe de subcomisión.
No obstante, el martes 22 de agosto, el socialcristiano Jorge Rodríguez afirmó que el FA le ocultó a la subcomisión que el BN, del BCR y de Bancrédito se habían pronunciado en contra, calificando el plan de inconstitucional, además de que el departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa había hecho observaciones.
Por ello, le quitó el apoyo al informe positivo con el argumento de que José Ramírez lo indujo a error.
La compañera de bancada de Rodríguez, Rosibel Ramos, también expresó temores sobre los fines del proyecto que calificó como inconstitucional y anunció que presentará ante la Comisión de Asuntos Hacendarios un paquete de más de 90 mociones para modificar el proyecto, lo cual haría inviable su avance.
Paulina Ramírez, diputada de Liberación Nacional (PLN) que preside Asuntos Hacendarios, dijo que, al redactar el proyecto, el FA no tomó en cuenta jurisprudencia de la Sala Constitucional que reafirmó la importancia de mantener el secreto bancario salvo en casos excepcionales.