Escuchar
El proyecto para la construcción de un nuevo edificio de la Asamblea Legislativa se derrumba poco a poco por problemas que enfrenta el diseño ganador ante diferentes instancias, sobre todo en lograr los permisos para la obra.
La propuesta vencedora, anunciada en enero del 2013, ha perdido impulso no solo por la falta del visto bueno de autoridades del Ministerio de Cultura para poder construir encima de inmuebles declarados patrimonio nacional, sino también por una demanda presentada por varios arquitectos.
El anterior jerarca de Cultura, Manuel Obregón, había ratificado el criterio negativo del Centro de Conservación del Patrimonio, según el cual el proyecto pone en riesgo tres edificios patrimoniales del Congreso (edificio principal, Casa Rosada y antiguo Colegio Sion) y además opacaría el cuartel Bellavista, sede del Museo Nacional.
La nueva ministra Elizabeth Fonseca ve difícil revertir los criterios de su antecesor y del Centro de Patrimonio.
“Tengo que estudiar ese criterio (...). Realmente no creo posible cambiar de criterio, porque es una opinión sólida. Pero tengo que ver otros elementos”, señaló.
En tribunales. Aparte de la negativa de Cultura, el arquitecto Rodrigo Carazo Ortiz llevó a instancias judiciales la decisión de adjudicar el proyecto a la firma Javier Salinas Arquitectura.
Carazo obtuvo el segundo lugar en el concurso, pero alega que el jurado acomodó los requisitos a favor del diseño presentado por Salinas al Fideicomiso Asamblea Legislativa que, por $76 millones, maneja el Banco de Costa Rica (BCR).
El juez José Martín Conejo, del Tribunal Contencioso-Administrativo, acogió la medida cautelar provisionalísima solicitada por Carazo y ordenó al BCR detener los pagos a Salinas. Sin embargo, tanto el Banco como el arquitecto afirman que la falta de permisos ya había detenido esas transferencias.
Roy Benamburg, gerente de Banca de Inversión del BCR, explicó que ya se han pagado –en etapas iniciales del plan– $3.000.000 (¢1.680.000.000). De esos, Salinas ha recibido $1.382.102 (¢773.977.120).
Benamburg confirmó además que el BCR estudia la posibilidad de establecer un proceso judicial contra el criterio de Patrimonio.
Opciones. Los pasos que analiza la Asamblea Legislativa para seguir adelante con el proyecto dependen de un estudio técnico solicitado al Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).
El informe sustentaría una iniciativa de ley para eludir la negativa de Patrimonio o, incluso, permitir a la ministra de Cultura girar el permiso, expuso Antonio Ayales, director ejecutivo del Congreso.
El diseño de Salinas contiene dos edificios: uno de 25 metros de alto y 170 de largo que se levantaría encima de la actual sede y que albergaría las oficinas de los 57 legisladores. El segundo inmueble sería la sede del plenario.
