Un proyecto de ley pretende que los dictámenes de la Procuraduría General de la República dejen de ser de acatamiento obligatorio para las instituciones públicas.
De aprobarse la iniciativa, se limitaría el valor de la función consultativa de la Procuraduría, mediante la cual hoy aclara dudas legales y asesora a las entidades sobre lo que pueden o no pueden hacer según la ley.
El proyecto plantea reformar el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Procuraduría, que data de 1982, para que sus dictámenes dejen de ser de acatamiento obligatorio para la Administración Pública.
La iniciativa fue presentada en el 2016 por el entonces diputado libertario Otto Guevara Guth.
Posteriormente, el 10 de mayo del 2018, el jefe de fracción de Acción Ciudadana (PAC), Víctor Morales Mora, volvió a mover el proyecto mediante un mecanismo llamado “puesta a despacho”, el cual consiste en firmar y presentar al Directorio un pequeño documento con el nombre de la iniciativa de ley que se desea activar.
Consultado al respecto, Morales dijo que, al iniciar labores el año pasado, a él se le indicó que "había que poner a despacho” varias propuestas, entre estas, la del exlegislador del Libertario. Sin embargo, agregó que tiene que consultar, en detalle, “qué fue lo que sucedió con ese proyecto”.
Actualmente, la propuesta de ley se analiza en una subcomisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa. No obstante, actualmente no está en la agenda de la Comisión, con lo cual no puede avanzar. Este año, el texto no fue puesto a despacho.
Al presentar el proyecto, el exdiputado Guevara alegó que su intención es mejorar la agilidad y eficiencia del gobierno.
No obstante, el procurador general de la República, Julio Jurado, asegura que esta es una motivación errónea.
Jurado explicó que la Administración solo realiza consultas cuando lo desea, pues no es un acto obligatorio.
Carácter vinculante. Los dictámenes de la Procuraduría son vinculantes para la institución que realiza la consulta; para el resto de instituciones, cada dictamen funciona como una jurisprudencia administrativa.
Para Jurado, eliminar la vinculación de los dictámenes a la Administración es un riesgo para la institucionalidad del país. “Los dictámenes no tienen ningún sentido sin el carácter vinculante, esta cualidad es lo que permite que las instituciones públicas actúen de manera más eficiente y apegadas al orden jurídico”, concluyó.
Según el procurador, los jerarcas también pueden tomar decisiones de acuerdo con sus propios criterios o las recomendaciones de sus asesores jurídicos.
La única excepción, dijo, son las consultas por nulidad absoluta de actos administrativos que sí se deben de realizar de manera obligatoria según el artículo 183 de la Ley General de la Administración Pública.
Agregó que las instituciones pueden desvincularse de los dictámenes de la Procuraduría y, en caso de que su solicitud de desvinculación les sea rechazada, pueden acudir al Consejo de Gobierno para solicitar un permiso de no acatamiento.
“La Procuraduría General de la República nunca resuelve casos concretos. No le decimos a las instituciones qué hacer. Nuestra función es interpretar una norma jurídica, al margen de cualquier caso en particular, y es la Administración quien toma las decisiones que tiene que tomar”, declaró Jurado.
Por escrito, el procurador Alonso Arnesto le dijo a los diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea: “El planteamiento es equívoco, en cuanto establece como una de las causas de los problemas de gobernabilidad que afectan a la Administración Pública el que los dictámenes de la Procuraduría sean de acatamiento obligatorio para esta y refleja, por el contrario, un desconocimiento del ordenamiento vigente”.
Para la Procuraduría, la función consultiva, lejos de debilitar el accionar de la Administración, orienta en la toma de decisiones cuando se aclaran fundamentos y consecuencias jurídicas.
Existen otras resoluciones de la Procuraduría que no son vinculantes, como las opiniones jurídicas sobre proyectos de ley.
El exdiputado Otto Guevara sostiene que la reforma es necesaria porque la Procuraduría “es asesora del Poder Ejecutivo y no debiera tener competencias como coadministradora”.
Añadió que el impulsó el cambio como parte de toda una reforma del Estado.