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Un proyecto de ley del diputado Wálter Muñoz, del Partido Integración Nacional (PIN), pretende que el Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop) le perdone más de ¢528 millones a una cooperativa que tiene cinco años de incumplir el pago de su deuda con esta entidad.
La iniciativa, que fue calificada de irrazonable y hasta de inconstitucional por la Procuraduría General de la República, beneficiaría a la Cooperativa de Servicios a Mujeres Productoras y Microempresarias R. L. (Coopemupro).
En enero del 2015, esta organización recibió un préstamo de unos ¢541 millones del Infocoop para que, a su vez, la cooperativa colocara créditos entre mujeres microempresarias. Tiene su sede en Los Lagos de Heredia, según la página web del Instituto.
La iniciativa de ley de Wálter Muñoz autorizaría al Infocoop a condonar la operación número 0131510595 que está morosa desde enero del 2016. Además del saldo, se perdonarían los intereses corrientes y moratorios, cuyo monto es omiso en el expediente legislativo.
El plan perdonaría la deuda pese a los cuestionamientos externados por el Infocoop con respecto al pago del crédito, el cual se financió con los fondos públicos que la legislación ordena entregar al sector cooperativo.
La gerente de la cooperativa, Marta Campos, alega que la situación económica no les permitió honrar sus deudas.
Aunque el crédito fue contraído en el 2015, el argumento para otorgar la condonación es la afectación por el terremoto de Cinchona, ocurrido en el 2008, siete años antes de la operación de crédito.
“Gran cantidad de microempresarias del cantón de Sarapiquí perdieron familias cercanas y también sus negocios, su única fuente de sustento, aunado a la crisis que generó la falta de turismo en la zona. Como resultado de lo anterior, no pudieron hacerles frente a sus deudas contraídas con la Cooperativa que, a su vez, había contraído una deuda con Infocoop para llevar el crédito en condiciones muy blandas a esta población que, ya de por sí, no había sido nunca sujeto de crédito en ninguna parte”, señala la propuesta legislativa.
Esta cooperativa financió a mujeres empresarias de diversos negocios como sodas, salones de belleza, guarderías, artesanías y verdulerías.
Gustavo Fernández, quien se desempeño como director ejecutivo del Infocoop entre el 2017 y el 2020, afirmó que, para el 2018, la cooperativa acumulaba años de incumplir con el pago de las cuotas de su crédito.
Fernández declaró a este medio que el Instituto cuestionó a la cooperativa por una “potencial desviación” de los recursos que los asociados aportaban para honrar las deudas de la cooperativa.
Por el incumplimiento del pago de las cuotas, el Infocoop tiene en cobro judicial las deudas de Coopemupro, lo que podría conducir a la ejecución de garantías que, en su mayoría, son propiedades que las asociadas pusieron a responder por la deuda de la cooperativa.
El diputado Wálter Muñoz indicó que su despacho solo introdujo esta propuesta para su valoración, pero no ha hecho ningún esfuerzo adicional por apurar su trámite.
Actualmente, el expediente 21.707, presentado en noviembre del 2019, se encuentra en la Comisión Especial de la Mujer y ha sido consultado a entidades como la Procuraduría General de la República (PGR).
Irracional e inconstitucional
Tanto la Procuraduría como Servicios Técnicos cuestionaron el proyecto de ley por beneficiar a una sola organización.
En el criterio OJ-073-2021, del pasado 18 de marzo, la PGR concluyó que el plan “tendría roces de constitucionalidad, dado que la condonación planteada tendría un carácter individualizado, pues supondría un beneficio individual a favor únicamente de la Coopemupro R. L., lo que quebranta el principio de igualdad instituido en los artículos 18 y 33 de la Constitución Política”.
“Además, carece de un parámetro razonable, dado que no se indica si existen otras cooperativas en las mismas condiciones y, de ser así, por qué estas no son incluidas o pueden acceder al perdón de la deuda. La condonación debe obedecer a criterios objetivos y razonables”, agregó la Procuraduría.
Por su parte, el departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea coincidió con la PGR: “Este tipo de autorizaciones podría crear una discriminación o trato preferencial a un sujeto que, al igual que otros, se encuentra en las mismas circunstancias, es decir, no obedece a una justificación objetiva y razonable, sino a una situación coyuntural como es el incumplimiento de una obligación que debe ser pagada”.
En el oficio AL-DEST- IJU -154-2020, la asesoría advirtió que, “si bien la argumentación de la iniciativa evidencia una situación económica difícil a raíz de un evento de fuerza mayor como lo fue el terremoto de Cinchona, no se puede obviar que, en la actualidad, existen muchas organizaciones sociales que se encuentran en igualdad de condiciones respecto a la imposibilidad de hacerle frente a sus obligaciones”.
Este año, los diputados aprobaron un proyecto de ley que perdonará más de ¢6.200 millones a los deudores de diez programas del Sistema de Banca para el Desarrollo.
La ley, ya firmada por el presidente Carlos Alvarado, permitirá condonar deudas de ¢565 millones y hasta ¢1.368 millones.
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