EscucharLas mutuales de ahorro y crédito advirtieron de que el proyecto de ley del Gobierno para fusionar las tres entidades del sector vivienda, en un solo ministerio, les quitaría el marco legal con el que han venido operando hasta ahora.
Mayela Rojas Solórzano, gerente general de Grupo Mutual, explicó en la Asamblea Legislativa que la iniciativa derogaría la Ley 7052 que creó el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y que, a su vez, “adoptó de pleno derecho” a las mutuales.
“Al derogar esta ley, nos dejan sin marco jurídico”, aseveró la gerente.
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Añadió que, según el artículo 118 de la Ley del Banco Central, la autorización de ejercer intermediación financiera debe ser otorgada por ley y, con el proyecto, esta facultad legal se derogaría en el caso de las mutuales. “En razón de eso quedamos sin marco legal y es uno de los aspectos principales que queremos hacer notar”, reiteró Rojas.
El proyecto de ley presentado por el Gobierno plantea fusionar el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) en nuevo ministerio que se llamaría Territorio, Hábitat y Vivienda (Mihabitat).
El Poder Ejecutivo sostiene que fundir estas instituciones no solo ahorraría alrededor de ¢8.000 millones anuales al Estado, sino que evitaría duplicidad de funciones y procuraría una gestión más eficiente de los recursos para vivienda de interés social.
Además de quitarles el marco jurídico a las mutales, el plan no contempla un procedimiento de liquidación del Bahnvi y tampoco de las entidades de ahorro y crédito.
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La falta de un plan de liquidación generaría incertidumbre a 350.000 costarricenses que tienen cuentas de ahorro y son inversionistas de las mutuales. Los saldos de captaciones de estas giran en torno a los ¢1,2 billones y la cartera hipotecaria supera los ¢920.000 millones.
“Estamos en un sector financiero donde el tema principal es la confianza y sabemos de los riesgos sistémicos a los cuales nos enfrentamos, cuando entidades financieras pueden entrar en un tipo de inseguridad o inestabilidad legal como la que se genera por medio de lo que propone este proyecto de ley. Son aspectos que nos preocupan mucho e, incluso, hay personas que preguntan qué pasa en ese sentido”, expuso la gerente.
Dado lo anterior, es probable que las entidades reguladoras realicen una supervisión basada en riesgos.
Por otra parte, Rojas indicó que el artículo 169 de la ley 7052 establece que las personas con un bono familiar de vivienda no pueden vender su casa, enajenar o alquilarla si no se cumple con un procedimiento establecido.
“El proyecto de ley no se refiere a este aspecto, lo cual es importante y es una contingencia país, en virtud de todos los dineros que se han destinado para todos los efectos. ¿Qué va a pasar con esta casas donde las personas no van a poder disponer libremente de las mismas? Es un aspecto importante”, advirtió Rojas.
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Dado los errores mencionados, Lilliam Agüero Valerín, directora ejecutiva de la Fedración de Mutuales, conformada por Grupo Mutual y Muccap, señaló que el proyecto es inviable.
“Proponemos otro proyecto para mejorar la capacidad de gestión, mejorar la capacidad de gestión y los cambios jurídicos que se ocupen”, planteó la directora.
Mario Rivera, gerente Mucap, explicó el peso de las mutuales en el desarrollo de vivienda de interés social. De 450.000 bonos otorgados en 30 años, el 38% se dio por medio de mutuales.
“En los últimos cuatro años hemos colocado el 50% de bonos que se han movido en el país, con las limitaciones presupuestaria de los últimos años”, puntualizó.
Dagoberto Hidalgo Cortés, gerente del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), había recomendado al Gobierno elaborar de nuevo el proyecto de ley, dado que el actual no tiene claridad en el otorgamiento de bonos de vivienda, la función de las mutuales y la creación del Vehículo de Propósito Especial, que sería el instrumento que asumiría las funciones financieras que hoy tiene el Banhvi.
