Una reforma al Código Procesal Penal otorgaría un mayor margen a los jueces para dictar prisión preventiva a sospechosos de delitos graves como homicidios, legitimación de capitales o abusos sexuales. Los miembros de los supremos poderes ya tienen un borrador de proyecto de ley con ese objetivo.
La mesa de trabajo también procura reformas para prevenir la participación de menores en bandas delictivas y garantizar su protección, aunque aún no se ha presentado un borrador sobre este tema.
En relación con la prisión preventiva, se proponen modificaciones a los artículos 239 y 239 bis del Código Procesal Penal.
En el artículo 239 bis, se plantea dejar en claro que el juez dictará prisión preventiva, previa valoración y resolución fundada, cuando exista la probabilidad de que la persona cometió o participó en la comisión de un hecho delictivo que se castiga con pena de prisión, independiente de si se configuran peligros de fuga u obstrucción, siempre que se cumpla alguno de estos supuestos:
-Cuando haya flagrancia en delitos contra la vida, delitos sexuales y delitos contra la propiedad en los que medio violencia.
-Cuando haya reincidencia del sospechoso en delitos en los que medie violencia.
-Cuando se trate de delitos de legitimación de capitales y actividades conexas, homicidios, delitos sexuales contra menores, delitos contra la propiedad con armas, delitos contra la autoridad pública, secuestro extorsivo, terrorismo y extorsión.
-Cuando se usen menores de edad para la comision de delitos.
La redacción actual del artículo 239 bis no exige la concurrencia de varias causales, pero contempla la medida cautelar como una posibilidad. Con la reforma propuesta, se haría obligatorio dictarla cuando haya un fundamento.
En cuanto al artículo 239, actualmente dice que el juez ordenará prisión preventiva siempre que concurran estas cuatro causales: que existan elementos suficientes para sostener que el sospechoso es con probabilidad autor del hecho, que haya peligro de fuga u obstaculización del proceso, que el delito investigado se castigue con cárcel y que surja peligro para la víctima o testigo.
El proyecto plantea agregar, en el inciso d, como nueva causal concurrente para dictar prisión preventiva que exista peligro para la comunidad, la seguridad ciudadana y la nación.
Gloria Navas, diputada del partido Nueva República (PNR) y vicepresidenta del Congreso, explicó que la intención es restar relevancia a la consideración de factores como la posibilidad de obstrucción al proceso o el riesgo de fuga, al determinar si un sospechoso debe ser sujeto a prisión preventiva.
En cambio, se busca dar prioridad a la evaluación de la probabilidad de que el sospechoso realmente haya incurrido en el delito.
Mauricio Boraschi, fiscal subrogante, hizo énfasis en que se eliminaría la necesidad de concurrencia de varias causales para que se emita la prisión preventiva.
“No se necesitaría que se cumplan la causal a, b y c para poder dictar prisión preventiva. Hoy, si no se cumplen las tres, no se dicta. Lo que queremos es que, en ciertos hechos muy relevantes por la gravedad que tienen y el peligro social que representan, no haya necesidad de que se cumplan las tres; bastaría que se cumpla uno de ellas”, explicó el fiscal.
Sobre el tema de menores, Boraschi explicó que se plantea la intensificación de las penas para los adultos que utilizan a menores en redes criminales, al tiempo que se facultará a los jueces para que, en el caso de que un menor sea detenido por la comisión de algún delito, pueda permanecer internado durante un período más prolongado.
La intención, según el fiscal subrogante, es rescatar a los menores del entorno criminal y asegurar que, una vez liberados, independientemente de las condiciones, no sean susceptibles de ser reclutados nuevamente por organizaciones criminales, con el fin de evitar su reingreso a actividades delictivas.
