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La Procuraduría General de la República (PGR) sugirió a los diputados reconsiderar un proyecto que pretende impedir al Banco Central de Costa Rica (BCCR) acceder a datos de los deudores sin anonimizar.
La PGR estima que podría causar que el país incurra en incumplimientos en cuanto a elaboración de estadísticas.
Ante una consulta de la comisión legislativa de Asuntos Económicos, el abogado del Estado señaló que la Ley del Sistema Nacional de Estadística fue aprobada por el Congreso para cumplir con los estándares fijados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en esa materia.
Señaló que entre las medidas adoptadas en la normativa vigente se precisaron las responsabilidades de las instituciones que conforman el sistema en la producción de estadísticas oficiales y se les dotó de herramientas para cumplir su labor de una forma más eficaz.
Dichas herramientas contribuyen para “una definición más acertada de las políticas públicas y la planificación estatal, con la cual llevar a cabo una asignación más eficiente de los recursos públicos”, según destacó la procuradora Silvia Patiño en la opinión jurídica PGR-OJ-053-2024.
Propuesta del PUSC y Nueva República
El criterio fue enviado el pasado 23 de abril a la comisión de Asuntos Sociales, la cual tramita el expediente 23.980 impulsado por los diputados de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República (PNR).
La iniciativa propone reformar la Ley Orgánica del BCCR con el objetivo de “proteger el uso de los datos sensibles de los usuarios y consumidores del sector financiero”.
El plan surgió ante la controversia desatada por una solicitud hecha por el Banco Central a los cuatro bancos más grandes del país para que le entregaran 373 datos específicos de sus clientes deudores.
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La solicitud generó un conflicto con la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), la cual cuestionó la potestad del Central de acceder a los datos sin anonimizar de los deudores.
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La Procuraduría indicó que respondería la consulta sobre el proyecto de ley en un afán de colaboración para los diputados, pero advirtió de que su criterio jurídico no es vinculante en el caso de expedientes legislativos,
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Recordó que, desde el año 2008, se había referido a la posibilidad del Banco Central de acceder a datos privados sin anonimizar ante la obligación que este tiene de elaborar estadísticas, para lo cual requiere los datos generados por otros organismos públicos y privados.
“El acceso reconocido al Banco Central es sobre los datos individuales albergados en esa información, advirtiendo que esos datos son confidenciales, por lo que al recibir el Banco Central la información tributaria requerida, debe actuar con estricta sujeción a los principios de confidencialidad tributaria y confidencialidad estadística, y le está prohibido divulgar la información recibida a terceros”, explicó la PGR.
“El interés público presente en la actuación del Banco determina que pueda solicitar la información necesaria, incluso si es de origen privado, a otros organismos públicos”, enfatizó la PGR en su opinión jurídica.
En su conclusión, Patiño no solo recomendó a los diputados valorar si el proyecto cumple con los estándares de la OCDE, sino también cuál sería el impacto de la iniciativa en las normas vigentes, además de revisar el criterio que finalmente emita la Sala Constitucional en las gestiones pendientes de resolver sobre la materia.
Cumplir con estándares
Monserrat Ruiz, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) e integrante del foro de Económicos, planteó ser vigilantes para que todas las instituciones, en especial las financieras, cumplan con estándares internacionales que ya contiene la legislación nacional sobre el manejo de datos.
“Sobre todo cuando lo que se busca es vincular datos personales de usuarios del sistema financiero de forma masiva.
“La PGR estableció que el acceso a la información crediticia por parte del Sistema de Estadística Nacional no es contraria a la confidencialidad de esa información, siempre y cuando sea para fines estadísticos, resguardando la confidencialidad y seguridad de esta información”, dijo Ruiz.
En ello coincide su compañera de bancada Kattia Rivera, quien considera que a como está planteada la redacción no tiene viabilidad en el Congreso.
“Habría que hacerle bastantes modificaciones”, dijo.
Colaboró en esta información Josué Bravo.
