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El presupuesto del Ministerio de Educación Pública (MEP) para 2025 será de solo un 4,9% del PIB, el más bajo en los últimos 10 años. Esto obligará a la institución a enfrentar las demandas educativas del país con recursos significativamente reducidos.
En 2020, el MEP recibió el 7,3% del PIB, un porcentaje cercano al 8% que, según la Constitución Política, debe destinarse a la educación. Sin embargo, desde entonces, este porcentaje ha disminuido, alcanzando ahora solo el 4,9%
El gobierno del presidente Rodrigo Chaves envió este viernes a la Asamblea Legislativa el Presupuesto Nacional 2025, el cual asigna ¢2.580.414 millones al MEP. Esta cifra es ¢5.800 millones menor que la asignada en 2024.
La propuesta convierte al 2025 en el año con el presupuesto del MEP más bajo en relación con el PIB en la última década, reemplazando al 2024.
Los recursos destinados al MEP representan apenas un 20,86% de los ¢12.397.486 millones (¢12,39 billones) del presupuesto total. Estos datos confirman que el MEP continúa perdiendo peso en el Presupuesto de la República.
Entre 2015 y 2023, el MEP recibió en promedio el 25% del total de recursos del Presupuesto, según el informe DFOE-CAP-MTR-00004-2023 de la Contraloría General de la República (CGR). Sin embargo, en 2024 la cifra cayó al 20,45%, y para el próximo año no alcanzará el 21%.
Nogui Acosta, ministro de Hacienda, declaró en una conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa que el presupuesto del MEP para 2025 es en realidad superior al de 2024, con una diferencia de ¢22.000 millones.
“El año anterior hay un elemento que ocurre en un único instante y es el pago retroactivo de los salarios. Se pagaron salarios que se debían desde el 2020, 2021, 2022 y 2023; ese pago no se va a volver a repetir y, por lo tanto, no es relevante para la comparación que usted hace (periodista que le preguntó).
“Le puedo decir que, si eliminamos ese elemento, educación crece en ¢22.000 millones”, declaró Acosta.
Acosta: 8% a educación es una aspiración
En respuesta a consultas de La Nación, el ministro de Hacienda reconoció que el país se está alejando del mandato constitucional de destinar al menos un 8% del PIB a la educación pública, incluida la educación universitaria. “La economía costarricense no lo permite”, justificó.
Según el jerarca, el 8% del PIB es una “aspiración de mediano y largo plazo” que ni siquiera lograron cumplir los diputados que aprobaron la reforma constitucional sobre el gasto mínimo para la educación pública en 2011.
Igualmente, argumentó que es “irresponsable” usar el PIB como criterio para fijar un límite.
“La recaudación del gobierno no depende necesariamente del PIB, y cuando el PIB crece, no necesariamente recaudamos impuestos. El PIB no solamente tiene un componente local, que es el que paga impuestos, sino que también tiene un componente, particularmente en zonas francas, que no paga impuestos”, argumentó.
El jerarca considera que lo adecuado sería aplicar un modelo similar al del Poder Judicial, que recibe una proporción fija de los ingresos tributarios. “Entonces, ahí es donde usted sí puede saber si tiene capacidad de cumplir o no”, agregó.
Acosta señaló que el Estado recauda solo el 15% del PIB, lo que plantea una disyuntiva para el gobierno: “¿Cómo voy a financiar las otras entidades si destino el 8% a educación?”.
También rechazó que se utilice únicamente el presupuesto del MEP para evaluar qué tan cerca está la inversión del 8% dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política.
Indicó que la Sala Constitucional ha establecido que, para calcular el 8% del PIB en educación, también deben considerarse los recursos destinados a la Red de Cuido y al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). Este último no se incluye en el Presupuesto, ya que su plan de gastos se tramita directamente ante la Contraloría.
0% de incremento en aportes al FEES
El presupuesto del MEP ya incluye los recursos destinados al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), que financia a las cinco universidades públicas. Para cumplir con esta obligación constitucional, el gobierno asignó ¢576.087 millones, la misma cantidad que el año anterior.
Nogui Acosta explicó que el incremento del 0% en los recursos se debe a la falta de un acuerdo con los rectores de las universidades. Ahora, será la Asamblea quien defina el monto final.
Sin embargo, Acosta advirtió que no garantiza acatar el aporte que definan los legisladores. “El FEES es un fondo que se crea y define un límite. Cuando los diputados establezcan cuál va a ser el aporte el FEES, veremos qué tan razonable es. No lo garantizamos”, expresó.
