El presidente de la República, Carlos Alvarado, firmó este viernes la ley que perdona créditos por ¢6.200 millones a productores agrícolas con deudas con Fonade y la ley de Creación de la Agencia Espacial Costarricense (AEC).
Ambas normativas fueron enviadas a publicación en el diario oficial La Gaceta y el mandatario asegura que “trabaja en medidas para una ejecución justa y financieramente realista de las leyes”.
El 16 de febrero, los diputados autorizaron al Consejo Rector y la Secretaría Técnica del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) a perdonar las deudas e intereses de 2.705 préstamos a pequeños y medianos agricultores, además de otros productores de caña.
Bajo el argumento de la afectación por la pandemia de covid-19, los diputados dieron esa autorización sin que la ley exigiera a los deudores demostrar pérdidas o insolvencia para enfrentar los pagos.
Además, el expediente no establecía requisitos ni compromisos por parte de los deudores.
Los beneficiarios adquirieron esos créditos con el Fondo Nacional para el Desarrollo (Fonade). Se trata de toda la cartera de deudores del “primer piso” que han sido financiados por fideicomisos anteriores que se fusionaran en dicho fondo.
A último minuto, los congresistas aprobaron una moción propuesta por el diputado de Nueva República Jonathan Prendas para que los beneficiarios tengan que presentar una declaración jurada en la que indiquen sus pérdidas, aunquen no deben presentar ningún otro documento que lo compruebe.
Tampoco tienen que estar validadas por un abogado.
“Esto, indudablemente, permitiría conductas oportunistas que no tenemos claro se hayan medido adecuadamente”, señaló el presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), Alberto Dent, en el criterio PDC-0031-2021, enviado a Prendas el 18 de febrero.
La Nación reveló que un grupo de al menos 200 beneficiarios de este proyecto arrastra deudas por ¢1.315 millones con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y otros ¢40 millones con el Ministerio de Hacienda. Además, muchos de ellos no están inscritos ante Hacienda como actores agrícolas, sector al que el proyecto pretende defender.
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Este viernes, Presidencia indicó que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) establecerá en el reglamento de la ley los procedimientos a seguir junto al Sistema de Banca para el Desarrollo.
El Gobierno asegura que pretende beneficiar a micro, pequeñas y medianas empresas agropecuarias.
“Sería el MAG el ente encargado de recibir y validar las solicitudes de los potenciales beneficiarios, así como de la categorización del tamaño de cada uno de los potenciales beneficiarios para que se cumpla con las condiciones de micro, pequeño y mediano productor agropecuario.
“Además, el reglamento establecería filtros y requerimientos específicos para los solicitantes según el tamaño de cada empresa”, indicó Presidencia.
Subrayó que la propuesta definiría que los montos más pequeños, los cuales se estima constituyen el 93% de las condonaciones de micro, pequeños y medianos productores, cuenten con procedimientos expeditos.
Y para el siguiente escalón, con montos superiores, el SBD efectuaría un análisis mayor del beneficio al productor y su efectiva afectación, que se desprenda de la documentación que demuestre la incapacidad del solicitante de hacer frente a la operación crediticia por condonar.
“En un tercer escalón, para los casos de operaciones con intermediarios , los trámites y análisis tenderían a garantizar que sea por el productor final, liberando además sus garantías”, señaló Zapote.
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Agencia espacial
En el caso de la AEC, el 25 de febrero, Alvarado aseguró que el Estado carece de dinero para echar a andar la agencia. “Este no es un momento en el que tengamos recursos para fondearla, por lo menos en lo inmediato”, dijo en ese momento.
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Sin embargo, ahora, tras la aprobación de la ley, afirma que “trabaja en una reforma que permita la puesta en marcha de la agencia espacial con presupuestos, plazos y otras normas adaptadas a la realidad del país”.
El presidente dice que pretende evitar que el proyecto vaya en contra del esfuerzo de la Administración por sanear las finanzas públicas y garantizar la estabilidad financiera y económica a mediano y largo plazo.
Según el mandatario, el Gobierno pensaba en aplazar la puesta en marcha de la agencia.
“Lo que he instruido a Hacienda es que valore cómo mantener la estructura jurídica, pero probablemente pidiendo un tipo de moratoria o de prórroga para su entrada en funcionamiento”, detalló.
Alvarado también dijo que comprendía que el proyecto supone un gran esfuerzo por parte de los diputados, “pero lo cierto es que, en este momento, no tenemos los recursos como para echarlo a andar. Entonces, buscaríamos la forma de que su entrada en funcionamiento se prorrogue”.
Asimismo, reiteró que firmaría el texto de ley haciendo la salvedad de que aún no están disponibles los recursos para poner en funcionamiento la agencia.
Expertos nacionales en el sector aeroespacial también señalaron inconvenientes en el plan de ley para crear la Agencia Espacial Costarricense.
Duplicidad de funciones, escaso control, poca claridad sobre el uso de fondos, más burocracia y eventual conflicto con otras instancias públicas figuran entre las advertencias señaladas.
Tras las preocupaciones mostradas por diferentes sectores y la Contraloría General de la República, ahora el Gobierno dice que presentará una propuesta de reforma a la ley que permita garantizar que tenga un costo razonable y que se adapte a las posibilidades de plazos y presupuestos del país.
La reforma también analizará lo relativo a los requerimientos para aspirar a los cargos de dirección de la agencia, para asegurar su razonabilidad y un amplio espectro de participación de personas calificadas para las funciones establecidas en la normativa.
Además, el mandatario comunicó que solicitó al astronauta Franklin Chang Díaz su asesoría para que el objetivo de la creación de la agencia se cumpla con apego a las posibilidades financieras nacionales.
“De esta manera, el país aprovechará su capital humano y podrá desarrollar sus capacidades científicas de una manera vanguardista, sin poner en riesgo las finanzas estatales”, finalizó Casa Presidencial.