El jerarca afirmó que no aprobar los proyectos de ley que forman parte del acuerdo derivaría en una suspensión de los desembolsos previstos en el programa de tres años, pero sostuvo que ese no sería el único problema.

“Una vez que se suspende el programa no solo no habría más desembolsos, sino que se anuncia públicamente que el programa se ha suspendido y eso significa que la comunidad internacional entiende que el país no está cumpliendo con metas.

“Generaría un impacto muy negativo sobre los diferenciales de tasas de interés que tiene que pagar el país, tanto en mercados domésticos como en mercados internacionales.

“Es decir, agrandaría enormemente el costo de financiamiento y, para el país, sería un shock muy negativo no mantener en vigencia el programa con el Fondo Monetario”, respondió Cubero, ante consultas del legislador Carlos Avendaño, del Partido Restauración Nacional (PRN).

Por ello, urgió a los legisladores a aprobar los seis proyectos de la agenda negociada, para superar las revisiones semestrales del FMI.

Los planes incluidos son la reforma al empleo público, renta global dual, un impuesto a los premios de lotería superiores a los ¢225.000, eliminación de exoneraciones, aporte de utilidades de las empresas públicas y una modificación al impuesto a las casas de lujo.

Dichas iniciativas, recordó, están ligadas a los $1.778 millones del crédito previsto para sustituir deuda cara por deuda barata.

En cuanto a los desembolsos del crédito del Fondo, Cubero y Elian Villegas, ministro de Hacienda, dejaron en claro a los diputados que un primer tracto de $296 millones se girará en el momento en que se apruebe el crédito del FMI.

Indicaron que los siguientes giros semestrales, por el mismo monto, dependerían del cumplimiento de lo negociado.

“La ley de empleo público es fundamental desde el punto de vista de gasto, pero también las otras medidas son fundamentales para apoyar esfuerzos por el lado de los ingresos. Y en su conjunto, todas son necesarias para cumplir con las metas fiscales que se han planteado”, machacó Cubero.

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El plan de empleo público generaría un ahorro del 0,95% del producto interno bruto (PIB) en el tercer año de su implementación, mientras que la aplicación de la regla fiscal generaría un 1,30% de la producción, para totalizar 2,24% en ese rubro, según lo pactado.

Para el tercer año, el resto de planes generarían nuevos ingresos por un 1,17% del PIB. En el año 2023, todo el paquete generaría un rendimiento del 3,41% de la producción entre recorte al gasto y nuevos ingresos.

Cubero, quien antes de asumir la presidencia del Banco Central en 2018 ocupó altos cargos dentro del FMI, explicó que para verificar los cumplimientos, ese organismo vendrá al país a realizar evaluaciones semestrales, durante los tres años que dure el acuerdo.

La primera revisión se haría en octubre o setiembre de este año y la segunda, en marzo o abril del 2022.

No obstante, el jerarca del ente emisor advirtió que la primera revisión de metas de este año se efectuará con lo avanzado hasta el próximo mes de julio y la del año entrante se realizará con lo alcanzado a diciembre de 2021.

Por su parte, el ministro Villegas, quien también compareció de forma virtual en Hacendarios, recordó que el plan de empleo público deberá estar aprobado en este mes de mayo, según el cronograma de trabajo, y el de renta global se implementaría en enero del 2022.

Villegas pidió que, durante cada discusión legislativa, se cuiden los rendimientos de cada proyecto. Señaló que cualquier modificación a la baja significaría un incumplimiento de metas.

Cubero, por su parte, recordó que la continuidad del programa también pasa por el cumplimiento de compromisos del Gobierno.

Producto del ajuste fiscal, mencionó Cubero, el superávit primario del Gobierno deberá alcanzar un 1% de la producción en 2023, luego de registrar un déficit de 3,9% en 2020.

En el 2023, la deuda alcanzaría el equivalente al 76% del PIB, aunque al siguiente año la trayectoria de la deuda sería descendente.

Solo para este año, mencionó Villegas, los topes de la deuda pública según los compromisos adquiridos deberán ser de ¢26,6 billones (millones de millones) al mes de julio, ¢26,8 billones a setiembre y de ¢27,1 billones a diciembre.

El déficit primario a julio no deberá ser superior a los ¢390.000 millones. Para setiembre, el techo tiene que ser de ¢480.000 millones y, en diciembre, de ¢640.000 millones.

Alvarado, esperanzado

El presidente de la República, Carlos Alvarado, se mostró este miércoles esperanzado en que el Congreso avance con la aprobación del crédito del FMI y con la reforma al empleo público, los dos primeros pasos del ajuste fiscal.

“Tengo la esperanza de que la comisión de Hacendarios termine de dictaminar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que será lo que entrará al plenario legislativo durante el mes de mayo, junto con empleo público.

“Espero que en mayo se dé la aprobación del primer debate de empleo público y los dos debates del crédito del Fondo. También estará el presupuesto extraordinario en materia de vivienda, que también ha sido presentado”, manifestó.

Alvarado solicitó a los legisladores utilizar las herramientas tecnológicas disponibles para avanzar con las iniciativas pendientes.

“Mi ruego es que, aún en la dificultad que hay, pero como se demostró el día de ayer con las herramientas virtuales y tecnológicas, hay que avanzar. Hay que avanzar porque estamos en un momento crítico.

“Necesitamos que salga la agenda del Fondo (...). En fin, hay una serie de proyectos que son urgentes. Yo pido que la Asamblea pueda fluir ojalá virtualmente para no poner en riesgo la salud de nadie”, instó el gobernante.