Presidenta de CCSS contempla aumento de impuestos para financiar el seguro social

La jerarca afirmó que, dentro de las reformas que el Gobierno analizaría junto a la CCSS, está “la posibilidad de que algunos impuestos se amplíen, por ejemplo, en valor agregado (IVA); o se creen, por ejemplo, a productos no saludables, para trasladar recursos frescos a la CCSS”. Para ello, se requeriría aprobación de los diputados.

En su criterio, es necesario diversificar los ingresos del seguro social, los cuales hoy dependen mayoritariamente de las cuotas que hacen patronos y trabajadores.

Señaló que el mercado de trabajo actual y los cambios en la pirámide poblacional “hacen que esa fuente de ingresos (por cotización) presente menos dinamismo”. Costa Rica está en un proceso en el que aumenta el porcentaje de personas en edad adulta y adulta mayor.

Las reservas del SEM suman ¢1,5 billones, según la Valuación Actuarial del Seguro de Salud dada a conocer en agosto. El desfase entre el dinero de las cotizaciones de trabajadores, patronos y el Estado, frente a los egresos irá en crecimiento y las provisiones del sistema se agotarán en el 2027. Para ese año se proyecta un déficit de ¢285.628 millones, según la Dirección Actuarial y Económica de la CCSS. Si la institución no aplica ninguna medida, el hueco financiero del SEM podría llegar hasta los ¢15,9 billones.

Además, de acuerdo con el Gobierno, la aprobación del aumento salarial retroactivo para 63.000 trabajadores provocará que ese escenario se adelante al año 2026 de no haber acciones correctivas. De hecho, según el presidente de la República, Rodrigo Chaves, la CCSS “está quebrada”. Lo dijo el 17 de setiembre al alega que “el servicio de salud tiene serios problemas financieros”.

Redefinir rol del Estado

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Además del aumento de impuestos, la presidenta de la CCSS citó que se debe redefinir el rol del Estado en el financiamiento de la CCSS a la luz del marco fiscal actual.

El Estado está obligado por ley a aportar parte de las cotizaciones, pero, además, debe cubrir servicios adicionales como la atención de personas en condición de pobreza. El problema es que, cada año, la CCSS pasa facturas al Gobierno, pero este no reconoce muchas, con lo cual se ha acumulado una deuda sin que las partes se pongan de acuerdo sobre el monto.

Según la Caja, esa deuda es de ¢2,7 billones; según el Ministerio de Hacienda, son ¢280.000 millones, es decir, ¢2,4 billones menos de lo estimado por la Seguridad Social.

Para Esquivel, es necesario que el Estado deje de generar deuda y crear condiciones razonables y proporcionales para poder brindar financiamiento a la atención de grupos poblacionales especiales.

También consideró prioritario aumentar la inversión en atención primaria en salud, que constituye una estrategia de salud pública de menor costo y de alto impacto. Esta medida se refiere a una mayor apertura de Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebáis).

Intensificar cobros y flexibilización

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Además, Esquivel hizo hincapié en la necesidad de mejorar los procesos de inspección y cobranza de la institución “de manera que se pueda atender de manera temprana la evasión y el cobro”.

También dijo que se debe trabajar en el aseguramiento de grupos específicos de la población que han permanecido al margen de la seguridad social por distintas razones. Mencionó por ejemplo a trabajadores independientes, trabajadoras domésticas, colaboradores de pequeñas y medianas empresas, trabajadores del agro y la población migrante.

De acuerdo con Esquivel, eso se lograría “por medio de la flexibilización de algunas de las condiciones de acceso que permiten a estos grupos incorporarse como contribuyentes”.

Asimismo, habló de incrementar la eficiencia del gasto institucional y de mejorar la articulación con otras instituciones cuyas áreas de atención impactan la salud. Tal es el caso de la regulación vial, pues los accidentes de tránsito implican un alto costo.

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Deuda histórica del Estado con la CCSS

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En medio de esas alertas, la Contraloría General de la República (CGR) advirtió, en octubre anterior, que el Presupuesto Nacional elaborado por el Gobierno aplicaba un recorte de ¢54.000 millones en las transferencias a la Caja.

Dicho recorte se aplicó en la partida para cubrir las cuotas que el Estado debe cubrir por el aseguramiento de los trabajadores.

La contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga, declaró que los recortes pueden agravar la deuda histórica del Estado con la Seguridad Social, la cual considera que crece como “una bola de nieve”, pero advirtió que el efecto de la medida no termina ahí.

“Nos preocupa los servicios y la sostenibilidad de la Caja Costarricense de Seguro Social” expresó la contralora en una entrevista previa con La Nación.

En la discusión del Presupuesto, antes de ser aprobado, los diputados reasignaron ¢26.200 millones a la CCSS mediante un rebajo a la partida para el pago de intereses de la deuda pública.

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