La Contraloría General de la República (CGR) advirtió de la incertidumbre que genera la enorme diferencia entre los datos que el Ministerio de Hacienda y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) manejan sobre la deuda acumulada por el Estado con esta última institución.
La diferencia entre los montos que registra la Caja y Hacienda es de ¢2,4 billones (millones de millones). No obstante, ambas instituciones defienden la precisión de sus respectivos datos, aunque no logran explicar la cuantiosa diferencia.
“Existe una diferencia entre lo registrado por la CCSS y el Ministerio de Hacienda de ¢2.477.936 millones por concepto de la deuda acumulada del Estado, que se mantiene sin determinar y registrar de conformidad con la normativa contable”, subrayó el ente contralor.
Según la CCSS, al 30 de abril del 2022, la deuda acumulada alcanzó la cifra de ¢2,7 billones, lo que representó un crecimiento de ¢1,9 billones desde el 2017, cuando el acumulado llegó a los ¢840.200 millones. El incremento constante que se presentó en ese periodo (2017-2022) fue de un 228,3%.
Dichas estimaciones distan mucho de las cifras del Ministerio de Hacienda, la cual indicó a la CGR que la deuda acumulada del Estado con la Caja, también a abril pasado, llegaba a los ¢280.000 millones, es decir, ¢2,4 billones menos de lo estimado por la Seguridad Social.
Los datos de la CCSS
En términos nominales, el aumento reportado por la Caja respecto al año 2017, fue de ¢1,9 billones, equivalente al 4,9% del producto interno bruto (PIB) del 2022.
Con base en los registros de la CCSS, de los ¢2,7 billones que el Estado le adeuda, ¢2,2 billones corresponden a fondos del Seguro Salud (SEM) y ¢508.000 millones al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Adicionalmente, existen otras obligaciones por ¢5,9 billones que no son contabilizadas por la CCSS ni el Ministerio de Hacienda, debido a que estas se encuentran en disputa en la vía judicial.
Si a esa cifra se le suma el monto judicializado que la Caja reporta, el Estado podría estar debiendo un total de ¢8,7 billones, lo que representaría aproximadamente el 75,6% del Presupuesto Nacional del año 2022.
“Un aspecto que genera incertidumbre ante la coyuntura actual de las finanzas públicas del Gobierno Central y capacidad real para hacer frente a dicha deuda, así como la incidencia sobre la CCSS”.
“Lo expuesto exige que la CCSS y el Ministerio de Hacienda actúen en forma diligente para aclarar la situación de la deuda del Estado con la CCSS; así como tener certeza del monto adeudado para efectuar las programaciones y presupuestación respectiva, que permitan fijar una ruta orientada a atender dichas obligaciones en un período determinado.
“Por último, como conclusión general, este órgano contralor considera que la situación de la deuda del Estado con la CCSS plantea el reto país de buscar, a nivel político e institucional, soluciones integrales, innovadoras y oportunas para gestionar un abordaje integral de la deuda de corto, mediano y largo plazo, que tome en consideración tanto los riesgos financieros que puede enfrentar la CCSS ante ese escenario, como las limitaciones actuales en materia de finanzas públicas que enfrenta el Poder Ejecutivo”, expresó la CGR.
Esfuerzos inefectivos para precisar datos
Según la Contraloría, las acciones emprendidas por la CCSS y el Ministerio de Hacienda no han sido efectivas para determinar y registrar el saldo real de la deuda.
Con este propósito, ambas instituciones crearon una comisión interinstitucional en el 2018, para determinar las obligaciones acumuladas por el Estado con la CCSS, que desde el 1.° de enero del 2015 hasta el 31 de diciembre del 2018, aparentemente eran de ¢845.300 millones.
Sin embargo, este proceso no ha sido efectivo para resolver las diferencias entre las partes, pues no se logran poner de acuerdo en aspectos como inconsistencias en el registro de la población extranjera y de la población de asegurados por el Estado.
Hasta la fecha, las comisiones interinstitucionales del Ministerio de Hacienda y de la CCSS han sido creadas por periodos determinados y no revisan todo el saldo pendiente.
Por ejemplo, los equipos conformados en 2018 aún están valorando la cifras del periodo 2015-2018 por lo que, según la CGR, no han considerado el saldo de ¢1,6 billones presentado hasta abril del 2022, lo cual provoca que se acumule más deuda, se generen intereses y, de esa forma, ocurra un continuo aumento de las cifras.
“Actualmente no se están considerando los adeudos generados a partir de enero del 2019, situación que no detiene el crecimiento de los saldos, a pesar de que se llegue a un acuerdo con los adeudos del periodo 2015-2018.
Asimismo, para el periodo 2018-2020 únicamente constan ocho sesiones de trabajo (minutas) por parte de la comisión interinstitucional; mientras que en lo correspondiente a los años 2021 y 2022, no existe evidencia de las sesiones de trabajo efectuadas. Dicha situación incrementa, a criterio de esta Contraloría General, la incertidumbre acerca de la oportuna coordinación entre ambas instituciones”, manifestó el órgano contralor.
Además, los acuerdos que se han suscrito entre Hacienda y la CCSS se han incumplido. Por ejemplo, para el 2020 ambas instituciones pactaron conciliar el monto total de la deuda del Estado con la CCSS en un plazo de dos meses, pero esto no se logró.
Para la Contraloría resulta necesario que la CCSS y el Ministerio de Hacienda efectúen esfuerzos dirigidos a fortalecer el funcionamiento de los mecanismos acordados. Además, se recomendó que se implementen alternativas que se mantengan en el tiempo y no solo funcionen por determinado periodo.
