Tres precandidatos presidenciales de Liberación Nacional (PLN) expusieron visiones distintas sobre la reforma al empleo público que está en su recta final de discusión en la Asamblea Legislativa, con el objetivo de frenar el crecimiento acelerado del gasto estatal en salarios.

Así lo dejaron ver durante el debate organizado por Noticias Repretel la noche de este miércoles.

La discusión empezó cuando se le consultó su criterio al aspirante José María Figueres.

El expresidente de la República mencionó, erróneamente, que este miércoles los magistrados de la Sala Constitucional concluyeron que el proyecto impulsado por el gobierno de Carlos Alvarado requerirá de 38 votos para ser aprobado en el Congreso.

Lo dicho por Figueres es incorrecto porque el pronunciamiento no fue de la Sala IV, sino de 17 magistrados de la Corte Plena. Los magistrados constitucionales se abstuvieron de participar en la sesión porque, al final, serán ellos los que resolverán si la reforma requiere aprobación por mayoría calificada (38 votos) o mayoría simple (29).

“Ahora necesitamos un amplio proceso de conversaciones, de diálogos para poder encontrar la justa media que nos lleve adelante. Esa justa media no puede permitir abusos con respecto a salarios, pero tampoco injusticias”, dijo Figueres.

Agregó que se debe cambiar la mentalidad entre los sectores público y privado, de manera que el primero entienda que debe facilitar las cosas al sector segundo y que el sector privado respete al público, donde trabaja “gente muy buena”.

El plan de empleo público está a las puertas de ser sometido a votación en primer debate después de un proceso de discusión legislativa que ha tomado más de dos años. Este proyecto forma parte del acuerdo de ajuste fiscal negociado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Al respecto, el precandidato y diputado actual, Carlos Ricardo Benavides, reaccionó así: “No puedo dejar pasar la actitud vacilante de don José María Figueres con respecto a la ley de empleo público. Esa ley se va a votar sí o sí, de una forma u otra, negativa o positiva en la Asamblea Legislativa”.

“Don José María tiene algunos diputados que escuchan sus consejos y no lo dejó claro. Me parece que quiso quedar bien con todo el mundo, con unos y con otros. Ese es un proyecto que se ha trabajado mucho, que respeta los derechos de los actuales funcionarios, pero que para el futuro evita los abusos, como gente que gana en una universidad, como la de Costa Rica, ¢9,9 millones por mes.

“Parte de las cosas por las que el país desconfía de algunos políticos es por esa bailadera y esa falta de definición clara y seria ante la gente”.

La reforma sustituiría el actual sistema de pluses salariales por un esquema de salario global, en el que no existan los incentivos.

Por su parte, el aspirante Claudio Alpízar se opuso al proyecto de reforma al empleo público: “Me opongo totalmente a la ley que se discute en estos momentos. Más bien, los señores diputados pierden el tiempo, a sabiendas de que en Sala Constitucional, por todas la violaciones que hay en esa ley, se caerá, y habremos perdido tiempo valioso para poder desarrollar una verdadera reforma administrativa”.

Sobre el IVM

Ante una consulta planteada por Noticias Repretel, la mayor parte de los precandidatos liberacionistas coincidieron en oponerse a las reformas planteadas por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para garantizar la sostenibilidad de las pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) al menos hasta el 2053, en vez del 2037, año previsto en que se acabe la reserva del sistema.

La propuesta en consulta establece eliminar la pensión anticipada para que todos los trabajadores se pensionen hasta cumplir los 65 años, con 300 cuotas cotizadas. Actualmente, las mujeres se pueden retirar a los 60 años, con 450 cuotas; y los hombres a los 62 años, con 462 cuotas.

La CCSS, además, promueve modificar la fórmula de cálculo de la pensión para que se tomen como base los mejores 300 salarios reportados, o sea, 25 años, en vez de un promedio a valor real de 20 años de cotización.

Roberto Thompson emitió un no rotundo a aumentar la edad de retiro o aumentar las cotizaciones. Indicó que será necesario empezar con otras medidas como reactivar la economía y formalizar la economía. Él hizo mucho énfasis en tomar medidas para formalizar a los trabajadores independientes que hoy trabajan en la informalidad.

“Estoy totalmente en contra, y así lo expreso directamente, de cualquier modificación que implique aumentar la edad de retiro o aumentar el monto de la cotización”, dijo Thompson.

Por su parte, Rolando Araya afirmó: “Pienso que hay que hacer ajustes, pero no me parece que se deba aumentar lo que la gente debe pagar teniendo otras maneras de hacerle llegar recursos al fondo de pensiones, ni me parece tampoco que se reduzca el monto de la pensión”.

Alegó que el país tiene “enormes riquezas minerales”, que van de $300.000 a $500.000 millones y propuso emitir títulos por $20.000 millones de dólares “de esa riqueza” para inyectar a programas sociales, uno de estos, las pensiones.

Sobre el IVM, Figueres indicó: “Decisiones como estas no se pueden tomar a la ligera; la Caja ha formulado una posible propuesta y ha abierto un espacio para que sean los técnicos los que analicen las diferentes posibilidad de solucionar el reto que tenemos”.

Afirmó que le preocupan 30.000 adultos mayores quienes no reciben ni una pensión del régimen no contributivo y ningún subsidio por parte del Estado para vivir dignamente.

En tanto, Benavides dijo sobre la medida específica de empatar la edad de retiro para hombres y mujeres: “Me parece absolutamente injusto en contra de las mujeres”.

Por su parte, Claudio Alpízar se opuso: “Usted merece tener un envejecimiento saludable. Costa Rica, ante Naciones Unidas, aprobó un envejecimiento saludable. Y estos señores, que son hoy diputados, podrían legislar en beneficio propio si estuvieran beneficiando al fondo del IVM y ayudar a que el IVM se sostenga”.