Los diputados de las fracciones de Liberación Nacional (PLN), Restauración Nacional (PRN) y Unidad Social Cristiana (PUSC) se unieron, este lunes, para votar una moción que mantendrá exentas de pagar el impuesto al valor agregado las compras que las empresas en zona franca hagan para producir bienes que comercialicen en territorio nacional.
La moción se aprobó con el apoyo de 36 legisladores, mientras que 16, principalmente del partido de gobierno, el PAC, estuvieron en contra con el argumento de que mantendrá un elo sobre la obtención de insumos de las empresas en ese régimen, sobre todo porque adujeron que cobija la competencia desleal entre zonas francas y productores nacionales pequeños.
Para aprobar la moción que protege la exención para las zonas francas, los diputados primero avalaron la moción de reiteración 46, que les permitió abrir el plenario en comisión general y, allí, se calentó la polémica entre quienes se opusieron a la decisión y sus promotores.
Técnicamente, lo que hicieron los congresistas fue eliminar tres palabras del inciso 2 del artículo del plan fiscal donde se establecen los bienes y servicios exentos del pago del impuesto al valor agregado (IVA).
En ese inciso, se establece que las compras de bienes y la prestación de servicios que paguen las empresas en zona franca no tienen que pagar IVA cuando se contraten para la exportación.
La moción aprobada por Liberación, Restauración y la Unidad elimina la frase “a la exportación”, por lo que amplía la exención tributaria para todos los insumos y servicios que paguen las empresas en zona franca, sea para exportar o para vender en territorio costarricense.
“Las empresas de Zona Franca sí van a pagar IVA en todas las ventas de los productos que manofacturan y venden en Costa Rica; no van a pagar IVA, como no lo pagan hoy en virtud de la ley vigente, en las compras locales de insumos porque tienen una exoneración para la insumos, sean estos importados o no; la no exoneración en los insumos locales pondría a la empresa local que vende insumos a las empresas en zona anca en franca desventaja”, dijo Pedro Muñoz, del PUSC.
El alegato de Liberación, pronunciado por el jefe de fracción, Carlos Ricardo Benavides, es que la redacción original está mala y culpó al Ministerio de Hacienda por eso, pero adujo que no se trata de introducir un nuevo privilegio, sino mantener la situación actual.
“No existe intención en el PLN, en Restauración y la Unidad para otorgar una nueva prerrogativa a las zonas francas”, alegó. Añadió que, por cada dólar exonerado a las zonas francas, estas le dejan al país $6.
“Hemos llegado a un acuerdo multipartidista, para hacer un ajuste al texto que hoy estamos votando. Hemos empeñado nuestra palabra para votar esta moción y salvar la seguridad jurídica del régimen de zonas francas y no tener una estampida o pérdida de entusiasmo para las inversiones”, arguyó Benavides.
Pero el viceministro de Hacienda Nogui Acosta argumentó que la idea de la norma tal como estaba en el texto de la reforma fiscal es “hacer más transparente el proceso de generación de rentas en las empresas que están en ese régimen” y que venden en el mercado local.
“Era muy importante generar trazabilidad en la cadena sobre quiénes proveen insumos para las empresas de zona franca, que se incorporan en los bienes y servicios prestados en el mercado local. Era importante que quedara esa referencia a insumos usados en la producción de servicios”, dijo el jerarca hacendario.
Lo que pasa, explicó por vía telefónica, es que van a seguir exentas de las compras locales y ya no se va a tener la línea completa de producción de sus bienes ni los servicios contratados. Acosta insistió en que habrían preferido en Hacienda que se mantuviera el texto como estaba en el texto sustitutivo.
“Están quitando un mecanismo de control y generando un velo en las compras”, dijo el viceministro.
José María Villalta, del Frente Amplio, que la moción “introduce una exoneración inmoral e indecente para las empresas en zona franca” y calificó ese privilegio como “inaceptable”.
“Con qué cara le dicen ustedes a la ciudadanía que quieren combatir los privilegios, pero a la vez quieren darles este tipo de beneficios para todos los insumos, bienes y servicios que compren las zonas francas, aunque sea para vender en el mercado local”, dijo Villalta.
Erwen Masís, jefe de fracción del PUSC, y Jonathan Prendas, legislador restauracionista, atacaron a Villalta y defendieron que las empresas en régimen de zona franca dan empleo y generan ingresos al país, a pesar de gozar de exenciones tributarias en varios niveles.
Aunque una mayoría socialcristiana votó a favor de mantener la exención, la congresista Shirley Díaz atacó fuertemente a sus compañeros de bancada.
“No entiendo en qué cabeza cabe aprobar esta exención. Siento mucha pena. Me siento sumamente dolida de que esta moción vaya a ser votada. Pónganse la mano en el pecho y dense cuenta”, dijo Díaz y alegó que no se les puede dan un privilegio así a empresas que generan mucho dinero y se les cobre a los pequeños y medianos productores.
“No lleva razón Villalta, le está mintiendo a la gente. Esta moción habla del encadenamiento productivo del cual se nutren las zonas francas. Es para atraer más inversión y que sigan contratando a más costarricenses, que ocupan trabajo”, dijo Jonathan Prendas.
Junto con el frenteamplista, Welmer Ramos y Luis Ramón Carranza también lamentaron que se le mantenga el privilegio a las empresas de este tipo.
“Ahora las empresas en zona franca tienen una ventaja especial, incluso para vender en el mercado nacional. Con esta moción, estamos dando base a que erosionen la recaudación. El IVA se debe pagar cuando se vende en el mercado. Con esto, esas empresas van a tener más capital de trabajo, por encima de otros productores nacionales que no pueden entrar en ese régimen”, dijo Ramos.
Añadió que la moción no debía votarse, para mantener un clima de competencia leal.
