EscucharLa iniciativa de ley que impulsa el Gobierno para reestructurar el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) provocaría que se concentre el poder en un solo órgano, según advirtió la Contraloría General de la República (CGR) en un criterio enviado a la Asamblea Legislativa.
En esa misma línea, el órgano contralor señaló que el ministerio apenas cuenta con cuatro plazas en la Auditoría Interna, lo que sería insuficiente para que el equipo pueda fiscalizar todas las nuevas competencias del ministerio y evitar posibles desviaciones.
“Resulta importante que el legislador considere, a partir de las reformas introducidas por el proyecto de ley a las diferentes leyes, que al momento de trasladar la administración de los fideicomisos al Minae, al eliminar los cuerpos colegiados de la administración de ciertas áreas protegidas y la cuenca del río Reventazón, y de fortalecer el rol jerárquico del Minae en cuanto a las funciones del Sinac, Setena y Conagebio, se estaría dando una mayor concentración de funciones y de poder en un solo órgano.
“Lo que necesariamente requiere fortalecer tanto el sistema de Control Interno como la Auditoría Interna del Minae, con el fin de robustecer, con mecanismos apropiados, la correcta gestión y evitar posibles desviaciones, de manera que estas nuevas funciones sean consideradas al momento de que la Auditoría Interna realice la planificación de su universo auditable”, señala el informe.
En julio pasado, antiguas autoridades de Ambiente y Energía enviaron un análisis a los diputados, advirtiéndoles no solamente de que este plan concentra el poder en un solo órgano, sino que también politiza las decisiones en materia ambiental.
El documento suscrito por el exministro de Ambiente y la ex viceministra, Edgar Gutiérrez y Patricia Madrigal (del periodo 2014-2018), así como por la exdiputada Paola Vega, expresidenta de la Comisión de Ambiente del Congreso (2018-2022), dice que “las decisiones ambientales se estarían politizando y centralizando, despojándolas de su carácter técnico y científico”.
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Dicha iniciativa, anunciada en conferencia de prensa del 29 de junio, busca concentrar en el Minae órganos que actualmente gozan de algunos grados de independencia en sus decisiones.
El Gobierno defiende la necesidad de concentrar más competencias en el Minae, el cual es presidido por un jerarca nombrado directamente por el gobernante de turno y que en la actualidad es el ministro Franz Tattenbach.
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, alegó que “a lo largo de los años se crearon feudos dentro del Minae que se convirtieron en fines en sí mismos, afectaron la competitividad, afectaron al sector privado, que terminan aumentando el desempleo, posponiendo la inversión y creando incertidumbre”.
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Pese a los señalamientos, la Contraloría dijo a los diputados que, con un buen sistema de control interno y con normas más claras, sería conveniente simplificar la complejidad de los órganos adscritos al Minae, con el propósito de agilizar la gestión de la materia ambiental.
No obstante, a la vez, señaló que la propuesta del Poder Ejecutivo no es necesariamente “una reingeniería” del Minae, “sino que se limita a la reforma de varias leyes sectoriales, que buscan suprimir la personalidad jurídica de determinados órganos desconcentrados, reformar su grado de desconcentración a mínima y eliminar los órganos colegiados que fungen como Juntas Directivas para trasladar sus competencias al MINAE, sin proponer cambios que impliquen un abordaje general y sistémico del sector”.
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El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), órgano técnico encargado del manejo de la biodiversidad y la materia forestal en Costa Rica, vería reducido su rango de autonomía en las decisiones, pues pasaría a ser un órgano de desconcentración mínima.
Las modificaciones del proyecto
La propuesta del Ejecutivo es que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) pase de ser un órgano de desconcentración máxima a uno de desconcentración mínima. Este órgano ese el responsable de analizar las evaluaciones de impacto ambiental de diversos proyectos y resolverlas.
Tal modificación implica eliminar la Junta Directiva como órgano decisor de Setena. A cambio, el proyecto propone nombrar a un secretario general que rendiría cuentas al ministro, respaldado por un comité asesor no vinculante; es decir, dicho órgano tendría voz, pero no voto en las decisiones.
En la actualidad, la Junta Directiva de Setena está liderada por el ministro de Ambiente. También, la conforman otros seis representantes de universidades estatales, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), así como de los ministerios de Salud, Agricultura y Ganadería, y Obras Públicas y Transportes.
Sobre esta modificación, el órgano contralor señala que “resulta atinente en el tanto produzca una mayor eficiencia, eficacia y economía de los procesos de evaluación ambiental”.
“Al respecto, la Contraloría General en informes de auditoría efectuados con anterioridad, ha determinado hallazgos que verificaron algunas situaciones de ineficiencia e ineficacia, con respecto al ejercicio de la competencia encomendada legalmente a la Setena, las cuales requieren de un abordaje normativo más simple, concreto y claro, que le otorgue mayor dirección, coordinación y responsabilidad en sus actividades”, agrega el criterio.
Otro de los cambios propuestos es colocar al Ministerio de Ambiente como superior jerárquico de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (Conagebio) y del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac). A su vez, Conagebio pasaría a tener una desconcentración mínima.
Además, la Comisión eliminaría las representaciones del Consejo Nacional de Rectores (Conare), de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente y de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep).
Entretanto, Sinac, órgano técnico encargado del manejo de la biodiversidad y la materia forestal en Costa Rica, también vería reducido su rango de autonomía en las decisiones, pues pasaría a ser un órgano de desconcentración mínima.
De acuerdo con la iniciativa, se nombraría un director general que rendiría cuentas al ministro, al tiempo que se nombrarían directores en las distintas áreas de conservación, restringiéndose la participación ciudadana en la administración de territorios en las distintas regiones.
Actualmente, la estructura organizativa de Sinac está compuesta por la Secretaría Ejecutiva, las diversas áreas de conservación, los consejos regionales de áreas de conservación y los consejos locales de estos territorios.
Al respecto, la Contraloría dijo a los diputados que “es conveniente que la reforma consigne en forma clara el grado de subordinación y jerarquías entre los diversos órganos, a saber; el director general, directores de Áreas de Conservación y ministro de Ambiente y Energía, a fin de que la figura propuesta facilite la gestión eficiente, la toma de decisiones, y sean claros los diferentes niveles interorgánicos y la relación de supervisión y subordinación entre los diferentes órganos”.
