Corría el mes de febrero del 2020. Aún era ministro de Hacienda Rodrigo Chaves y la desoladora pandemia del covid-19 no había tocado territorio nacional, cuando el jerarca hacendario presentó un urgente proyecto de ley para atenuar el tamaño de la deuda pública.

Se le denominó el plan Pagar, el cual consistía en utilizar los superávits de 12 instituciones públicas para amortizar la deuda en ¢227.000 millones.

Así lo expuso el entonces ministro el 10 de febrero en el Congreso, cuando anunció una “propuesta urgente para reducir la deuda pública” cuyo crecimiento calificó de insostenible.

El Gobierno le dio absoluta prioridad al proyecto durante las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa. Era una forma de reducir en al menos un 0,62% del producto interno bruto (PIB) la deuda pública que, en el 2019, cerró en un 58,5% del PIB.

Ocho meses después, la deuda pública ronda el 70% del PIB, el plan Pagar se redujo a un 0,25% del PIB, ni siquiera ha sido aprobado y, si se convierte en ley, sus recursos ya no se utilizarían para atenuar la deuda pública, sino para tapar un nuevo hueco en las finanzas públicas.

El Gobierno tendría que recurrir al dinero de este proyecto (expediente 21.794) para cubrir el faltante de más de ¢50.000 millones que los diputados abrieron en las finanzas públicas del 2020, con la venia del propio Poder Ejecutivo, al aprobar un proyecto de ley para reducir el impuesto sobre la propiedad de vehículos que se cobra en el marchamo.

Diputados cavando huecos fiscales

Hasta antes de que se aprobara el proyecto para reducir el pago del marchamo, el Gobierno podía tener cierta seguridad de que, sea como fuere, iba a poder utilizar los recursos del plan Pagar para pagar deuda pública, como lo establece originalmente el proyecto.

No obstante, forzado por una negociación con Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana e independientes, Hacienda dijo que tendría que recurrir a este plan para cubrir el hoyo recién cavado.

Así lo reconoció el actual ministro de Hacienda, Elian Villegas, quien consideró manejable el faltante, bajo el argumento de que, a la vez, se aliviará el pago del marchamo a los propietarios de vehículos de hasta ¢15 millones.

“Estamos confiados y esperamos que la Asamblea apruebe el proyecto Pagar, que son transferencias de las instituciones al Gobierno Central. Es un monto superior a los ¢50.000 millones, que es lo que dejaríamos de percibir”, comentó.

Villegas dijo que “hay que salir del impasse y echar adelante iniciativas que le ayudan a la gente”, pese al “sacrificio fiscal” que le toca hacer a Hacienda.

Adujo el ministro que, gracias al proyecto Pagar, el hueco abierto por los legisladores es “manejable”.

Pese a la calma del jerarca hacendario, esta iniciativa todavía no hace fila entre los proyectos por aprobar en primer debate en el plenario y no hay una promesa expresa de los legisladores por aprobarlo.

“No hay un compromiso de los diputados ni está una cosa condicionada a la otra. Confiamos en la buena voluntad de los diputados. Ya sabemos que los diputados están interesados en aprobarlo y lo han llevado al punto en que está hoy. Ojalá se apruebe el jueves, o la próxima semana”, comentó.

Uno de los promotores del proyecto del marchamo, el socialcristiano Pablo Abarca, dijo que en Pagar está la reposición de los recursos que se pierden con la reforma al marchamo.

“Sobran ¢35.000 millones. El Gobierno tiene que resolverlo, no la Asamblea Legislativa. Veníamos tramitando eso y me parece que hay más cosas por hacer en reducción de gastos y reacomodos para buscar eficiencia. Había que ayudarle a la gente. Es un equilibrio entre las finanzas del Estado y las finanzas de la gente”, apuntó.

Aunque Abarca reconoce que el proyecto “está en la lista y ahí viene”, dijo que él se garantizó “no estar comprometido en nada con respecto a ese proyecto”.

Ya se había reducido

Con el peso de una pandemia agigantándose encima del país y achicando el margen de acción y de ingresos de las instituciones que aportarían sus superávits, el proyecto Pagar poco a poco fue adelgazando.

Primero fue el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) el que lanzó el grito al cielo y reclamó que no aportaría todo lo que el Poder Ejecutivo le pedía; luego, exigió que lo dejaran fuera de la lista de 12 instituciones, porque el sector más deprimido por los efectos económicos del coronavirus fue el turismo.

Conforme otros sectores fueron sintiendo el peso de la crisis, fueron saliendo, gracias a la mano de los legisladores, que escucharon más el clamor de jerarcas que la imperiosa necesidad con la que el Gobierno había solicitado el traslado de esos recursos, incluso antes de la crisis.

Para junio, la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) anunció que se negaba a aportar, ni los ¢5.669 millones de su superávit ni los ¢40.000 millones del Fondo Nacional de Telecomunicaciones.

La Junta de Protección Social (JPS) ofreció ceder solo ¢15.000 millones y no los ¢34.000 millones que le pidió originalmente el Ejecutivo.

La versión actual del proyecto redujo la lista, de 12 instituciones a la mitad, que ya no aportarían los ¢227.000 millones, sino solamente ¢85.554 millones.