Un proyecto de ley de la Contraloría General de la República (CGR) que buscar ahorrarle al país alrededor de ¢380.000 millones anuales regresó a la agenda de la Asamblea Legislativa, después de ser convocado por la Presidencia
Se trata del proyecto de ley sobre el manejo eficiente de la liquidez del Estado, que agruparía en el Banco Central de Costa Rica (BCCR) las cuentas de casi todas las instituciones.
Este es uno de los siete proyectos convocados por el Gobierno al periodo de sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa, que finalizan en julio.
¿Cómo se lograría el ahorro? Actualmente, las entidades públicas guardan su dinero en numerosas cuentas de bancos comerciales. De acuerdo con el órgano contralor esta dispersión provoca que las instituciones reciban transferencias del Gobierno Central, acumulen millonarios superávits y luego le presten los fondos al propio Gobierno mediante la compra de bonos para ganar intereses.
En ese ciclo, el Gobierno se ve presionado a pagar intereses por dineros que el propio Estado transfiere a las instituciones.
El expediente 22.661 atacaría ese ciclo estableciendo las reglas para un mejor manejo de la liquidez de las instituciones públicas. Al centralizar las cuentas de las entidades en el Banco Central, el Gobierno conocería con claridad cuánto dinero tiene cada entidad a su disposición y se le podría dar trazabilidad al uso de los recursos.
De aprobarse la iniciativa, se reduciría el endeudamiento público, los costos operativos y el pago de comisiones bancarias.
El ahorro sería equivalente al 1% del producto interno bruto (PIB) por año, estima la Contraloría. Un 0,5% (¢189.000 millones) se economizarían a través de la reducción del pago de intereses, un 0,4% por la reducción (¢151.400 millones) en costos operativos y un 0,1% (¢37.850 millones) en comisiones bancarias.
Un 1% del PIB equivale a casi el 7% de los ingresos corrientes del Gobierno Central del 2022, los cuales provienen principalmente de impuestos.
El proyecto de ley fue sugerido por la Contraloría y lo acogieron anteriores diputados de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Restauración Nacional (PRN), Integración Nacional (PIN), Republicano Social Cristiano (PRSC) y Nueva República (PNR).
Otros planes convocados a la agenda legislativa
El Ejecutivo también convocó el martes anterior los proyectos para limitar los cobros retroactivos de hasta 10 años a los trabajadores independientes por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como el plan de subsidios que permitiría al Gobierno repartir ¢2.800 millones entre 490 productores, quienes se verían afectados por la reducción en los aranceles del arroz importado.
Las otras iniciativas convocadas son:
- Expediente 21.564 - Proyecto de ley contra la facilitación de la delincuencia desde los centros de detención. Esta iniciativa introduce un nuevo artículo al Código Penal para imponer sanciones administrativas y multas a las personas que introduzcan o faciliten el ingreso de aparatos electrónicos a las cárceles del país. Fue presentado por la exdiputada independiente Ivonne Acuña.
- Expediente 23.090 - Proyecto de ley para crear la jurisdicción especializada en delincuencia organizada. Este plan fue presentado por la administración de Carlos Alvarado, como parte de los compromisos de los jerarcas de los supremos poderes.
- Expediente 23.000 - Proyecto de ley reguladora de servicios ecosistémicos. La iniciativa presentada por anteriores diputados de varios partidos amplía el concepto de servicios ambientales a servicios ecosistémicos, para incorporar otros ecosistemas y actividades en las políticas de conservación. Estos sistemas serán sujetos de los beneficios del programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA).
- Proyecto 23.163 - Reforma de la entrada en vigencia de la Ley 9747, Código Procesal de Familia. La iniciativa pretende aplazar la entrada en vigencia del Código Procesal de Familia debido a que no se tienen los recursos para ejecutar la ley. Es impulsado por la diputada del PLN, Paulina Ramírez.
