Piza y Álvarez se enfrentan por pago de pensiones para personas con parálisis cerebral

La exdefensora de los Habitantes y diputada liberacionista Sandra Piszk, atizó esta mañana la controversia que protagonizan los candidatos presidenciales Rodolfo Piza, del PUSC, y Antonio Álvarez Desanti, del PLN, en torno a las pensiones de personas con parálisis cerebral que se pagaban en la época en que Piza comandaba la CCSS.

En el debate de Canal 7, el martes pasado, Álvarez acusó a Piza de incumplir con el pago de pensiones a esta población, cuando fue presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) entre 1998 y el 2002.

Por el contrario, Piza negó categóricamente las acusaciones, llamó "mentiroso" a su contendor y por medio de su perfil de Facebook, el socialcristiano argumentó que el problema mencionado le fue heredado por administraciones pasadas y que más bien lo habría solventado.

"Logré resolverlo, incrementando además el número de pensiones. Cuando concluí mi gestión, en mayo del 2002, había 2.460 (pensionados), números que se alcanzaron gracias a los aumentos anuales que hice. Fueron 343 pensiones más (16,2%), a pesar de la grave herencia que me dejaron", detalló el socialcristiano.

Sin embargo, esta mañana, en el Balcón Verde, Piszk defendió a Álvarez Desanti argumentando que se apegó a dos informes de la Defensoría de los Habitantes para justificar las acusaciones a Piza.

"Las palabras de Álvarez eran las que decían los informes emitidos. Está totalmente respaldada", dijo Piszk, indicando que se refiere a documentos públicos emitidos entre 1998-2001.

"Efectivamente en la presidencia de Piza las pensiones se reactivaron. Por intervención de la Defensoría se logró que la junta directiva de la Caja las restituyera. Pero el tema es que a pesar de que se restituyeron, el tema tiene que ver con el rechazo a muchas solicitudes a las personas afectadas, pues les fueron denegadas sin una justificación clara", argumentó Piszk.

Además, la exdefensora agregó que la junta directiva de aquel entonces cambió la metodología que tenía para aprobar las pensiones, lo que habría dificultado el acceso.

"Al cambiar la metodología, se obligó a la gente a que tuviera que tener determinado ingreso. Anteriormente, tenían derecho a obtener el beneficio quienes tuvieran un ingreso igual o menor al 50% de la pensión mínima por vejez, que en en ese momento eran ¢31.202", expresó la verdiblanca.

"Luego los requisitos cambiaron y lo pasaron al monto de la canasta básica alimentaria, que en ese momento era de ¢10.789. Ese monto al día de hoy equivaldría a ¢36.000. O sea, que una persona para recibir la pensión, tenía que tener ingresos por debajo de ese monto. Es decir, tenían que ser extremadamente pobres", justificó.

Álvarez contraataca en redes sociales.

Sobre el mismo tema, en su perfil de Facebook, Álvarez Desanti volvió a arremeter contra Piza y reiteró que en la administración de la CCSS a cargo del socialcristiano, se tomaron decisiones que afectaron a las personas con parálisis cerebral.

El post colgado ayer en la red social se titula: 'La gran mentira' de Rodolfo Piza y en el mismo el verdiblanco muestra artículos de prensa para probar su tesis.

"Esas decisiones afectaron de una manera inhumana a esas personas", expresó el candidato verdiblanco.

Respuesta socialcristiana.

Esta tarde, el comando de Rodolfo Piza convocó a una conferencia de prensa para responder a los cuestionamientos lanzados por Piszk y Álvarez Desanti.

El diputado del PUSC Rafael Ortiz, en nombre de Piza, enfatizó en que las pensiones para personas con parálisis cerebral fueron suspendidas en el gobierno liberacionista de José María Figueres (94-98).

"En marzo del 1998, antes del cambio de gobierno que es el 8 de mayo, se suspenden estas pensiones. Fue en gobierno liberacionista. Luego de eso es que don Rodolfo Piza asume la presidencia de la Caja y se dispone a resolver el problema", comentó Ortiz.

Por su parte, Guillermo Carazo, jefe de campaña del PUSC, criticó con vehemencia el anuncio de Piszk y cuestionó sus intenciones.

"Doña Sandra hoy actúa como diputada de Liberación Nacional, no como exdefensora de los Habitantes. Me parece extraño que reniegue de su posición de diputada y niegue que esto tiene que ver con el tema electoral", dijo Carazo.

"Todos los datos que nosotros tenemos son extraídos directamente de la CCSS, donde se evidencia que las pensiones no solo se reactivan sino que aumentan la cantidad de personas beneficiadas, aumentando el ingreso que recibían. Por lo que lamento que (Álvarez) Desanti haya sido malinformado por doña Sandra", agregó.

Por otro lado, sobre el cuestionamiento que hizo Piszk en torno a un supuesto cambio de requisitos para obtener la pensión, los socialcristianos argumentaron que era necesario reglamentar el procedimiento.

"Una de las razones por las que supuestamente se eliminó el beneficio fue porque no estaban claras las reglas del juego. Don Rodolfo y la CCSS lo que hacen es establecer un dictamen que determine la condición de las personas, además en el que se evidencia que la persona era de bajos recursos. Porque tampoco se trata de que se otorguen pensiones sin requisito alguno", finalizó Carazo.

Lista de morosos.

Durante la mañana, Piszk aseguró que, al asumir su cargo en 1998, la Defensoría de los Habitantes luchó para que la CCSS comandada por Piza hiciera pública la lista de morosos.

"La Junta Directiva (de la Caja) señaló en ese entonces que no era información pública y que no se puede dar a conocer a la gente. Por dos años pasamos en esa pelea hasta que en 1999 la CCSS le manda a la Defensoría la lista de morosos, pero con la advertencia que no se podía hacer pública", añadió.

La exfuncionaria, quien se negó a dar cifras concretas y hacer alusiones personales a Piza, narró que al final colocaron las listas en los corredores de la Defensoría de los Habitantes, para que fuera de consulta libre de la prensa.

En este caso, Rafael Ortiz dijo que Piza actuó apegado a ley, en línea con un pronunciamiento de la dirección jurídica de la CCSS que finalmente resolvió la Procuraduría General de la República.

"Antes de que don Rodolfo llegara existía una opinión de la misma dirección jurídica de la CCSS que impedía la publicación de los datos. Él mismo solicitó un criterio de la Procuraduría para que el tema se solventara, pues su criterio está por encima de la dirección jurídica . Por eso es que, en su gestión, esos datos finalmente se hicieron públicos", aseguró Ortiz.