“Yo no era el único”, afirmó Vargas, quien denunció a finales del 2022 haber recibido pagos de funcionarias públicas, como la ministra de Salud, Joselyn Chacón, y una servidora de Casa Presidencial, para atacar periodistas y opositores políticos.
“Hoy se estuvo tocando ese tema, y por el contenido que generan además de otras pruebas, es obvio que reciben órdenes ‘de arriba’”, escribió Vargas en su perfil.
Vargas afirmó que es objeto de ataques porque tiene conocimiento de esta situación.
“Aplaudo la posición del Colegio de Periodistas de exigir cuentas al Poder Ejecutivo sobre la utilización de troles”, señaló.
El Colegio de Periodistas (Colper) exigió al Poder Ejecutivo aclarar las afirmaciones de Vargas, especialmente las referidas a pagos hechos por funcionarios del Gobierno para atacar a periodistas y desinformar.
“Las dudas son nefastas para el sistema político y democrático. Cuando se duda, se pierde la fe y la credibilidad”, expuso el Colper en un comunicado. Dicho colegio cambió recientemente de junta directiva, cuya presidencia asumió la periodista Yanancy Noguera.
Para respaldar sus denuncias, el hombre detrás del perfil Piero Calandrelli mostró dos transferencias bancarias que la ministra de Salud le hizo, mediante un funcionario público de nombre Richard Gutiérrez Cuesta, asesor de la jerarca.
Ella admitió haber hecho los pagos, pero alega que lo hizo con su dinero y que eran para una campaña de salud.
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Asimismo, Vargas dijo que Mayuli Ortega, funcionaria de enlace territorial de Presidencia, le pagó para atacar al partido que llevó al presidente Rodrigo Chaves al poder, Progreso Social Democrático (PPSD), a fin de beneficiar a una nueva agrupación política “rodriguista”.
El Colper reclamó al Poder Ejecutivo que, en caso de comprobarse que personas del Gobierno son parte de una red de desinformación, “se deben tomar decisiones firmes e inmediatas”.
“La desinformación es una epidemia. Para atacar se requiere una acción coordinada del Estado, organizaciones y personas. Con ella se busca generar caos. Tan sancionable es quien promueve la desinformación para su beneficio político como quien la ejecuta tras una identidad inventada; las acciones deben ir por ambas vías. No es algo inocente, es malicioso, como un virus y como tal debe ser atacado de inmediato”, protestó el colegio.
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